La ley de integridad de libertad sexual ha sido uno de los objetivos principales que se han estado trabajando desde el ministerio de Igualdad que dirige la ministra Irene Montero (Unidas Podemos).
En la propuesta legislativa se incluyen modificaciones del Código Penal para reformar lo relativo al consentimiento sexual, uno de los puntos que está generando debate. Precisamente desde Unidas Podemos consideran que lo que tiene que ver con el consentimiento puede abordarse de manera separada, de la misma manera que se plantea hacer con la modificación del delito de sedición. Sin embargo desde el ministerio de Justicia se apuesta por una reforma integral del Código Penal, algo que llevaría más tiempo y que hace que los tiempos no encajen para la aprobación de la ley de Montero.
Esta propuesta legislativa se encontraba dentro de los acuerdos para la coalición de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, y ha sido precisamente una de las apuestas más firmes de Irene Montero. Su intención era poderla presentar antes del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. Sin embargo, desde el ministerio de Justicia se ha presentado un bloqueo que no hará posible, seguramente, cumplir con los plazos que la ministra de Igualdad tenía previsto.
Según informa Público, el bloqueo vendría por parte de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, que estaría bloqueando la tramitación en los términos que estaban acordados.
Según apuntan desde el ministerio de Igualdad la propuesta ya está completada, y «lo único que falta es que empiece a tramitarse». Afirman que «se está esperando hace semanas y el ministro se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento sin concretar».
Daban por hecho desde Unidas Podemos que los acuerdos se mantendrían y que el calendario pondría sobre la mesa esta ley para ser aprobada posiblemente en la sesión del Consejo de Ministros del 3 de marzo.
Las motivaciones aparentes se encuentran en el hecho de considerar que las mayorías parlamentarias no serían las mismas si las propuestas se plantean por separado que de forma «organizada». Consideran, según fuentes del ministerio de Justicia, que la modificación del Código Penal de manera íntegra sería más factible, en lugar de modificar partes separadas atendiendo a las distintas leyes que se aprueben. Además, se considera que haciendo la reforma integral se evitarían dificultades añadidas en el momento en que llegue la modificación del delito de sedición o rebelión.
