El empresario Augusto César Tauroni y el ex conseller del PP valenciano Rafael Blasco formaban una alianza empresarial perfecta que tenía por objetivo el desvío de subvenciones y ayudas que la Generalitat Valenciana aprobaba para llevar a cabo proyectos en países en vías de desarrollo, según los informes de la Fiscalía Anticorrupción a los que ha tenido acceso Diario16. El objetivo de Tauroni era obtener un beneficio neto de al menos un 50 por ciento por cada programa solidario en el Tercer Mundo subvencionado por el Consell. Es decir, la mitad del dinero que en principio tenía que ir a parar a países sumidos en la miseria acabaría en el entramado de empresas privadas supuestamente creado por el industrial con el presunto beneplácito del todopoderoso político del Partido Popular valenciano.
Ambos tendrán que explicar muchas cosas que ocurrieron en la Comunidad Valenciana hace más de una década. Y deberán hacerlo durante el juicio que arranca en unos días en la Audiencia Provincial de Valencia. Para lograr tales beneficios con el desvío de fondos, era necesario que la preparación y ejecución de los proyectos solidarios pasara por la fundación Entre Pueblos, una oenegé de Tauroni que más tarde pasó a llamarse Hemisferio y que se encargaría de canalizar las posibles ganancias en cuentas bancarias.
Blasco y Tauroni mantenían una “comunicación fluida” en interés del negocio común, según la Fiscalía. Así, a través de correos electrónicos el exconseller le remitió al empresario las preguntas parlamentarias que le formularon en octubre de 2010, cuando la oposición ya relacionaba al político popular con el industrial y husmeaba en el turbio asunto. Según el fiscal, Blasco pretendía buscar una estrategia común con su socio de cara a las incómodas preguntas que le iban a plantear sus rivales políticos.
Tauroni no solo prestaba la logística empresarial. También asesoraba al exconseller sobre el destino de los fondos públicos destinados a la cooperación internacional. Según la Fiscalía Anticorrupción, el político del PP conocía tanto la existencia de las sociedades que Tauroni controlaba en España como las que poseía en Estados Unidos, ya que el empresario elaboraba memorias anuales donde daba cuenta de todas las empresas de las que se servía en la trama. Y no solo eso, sino que también le indicaba cuáles iban a ser las líneas de negocio a seguir por sus sociedades mercantiles, el beneficio que pensaba obtener y cuáles eran las oenegés que controlaba.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Tauroni contaba con la colaboración de su hermano, A.T., y de A.N. y M.C., todos ellos empleados en la Fundación Entre Pueblos, que estaban al tanto del dinero que se desviaba, ya que participaban en el proceso de elaboración de los proyectos en aquellos países donde el grupo poseía compañías y otras empresas pantalla como receptoras de los fondos presuntamente desviados. La participación de estas personas pudo ser crucial –según el fiscal– ya que con su “trabajo intentaban evitar que saliera a la luz la aplicación ilícita que se estaba llevando a cabo sobre los fondos públicos”.
La oscura gestión de Entre Pueblos revela que su finalidad estaba muy lejos de ayudar a salir del hambre y la miseria a personas del Tercer Mundo. Según se desprende de los informes de Fiscalía, buena parte de los proveedores no ejecutaban los servicios contratados para los proyectos solidarios, percibiendo en cambio elevadas cantidades por los trabajos facturados, que además estaban presupuestados muy por encima del precio real de mercado. Pero había otras triquiñuelas para evitar que el dinero no llegara a sus países de destino: si los trabajos cuyos conceptos se facturaban terminaban por ejecutarse, estos eran realizados por terceros ajenos a la mercantil que facturaba y por una cantidad muy inferior a la fijada en las facturas. Dinero que se seguía perdiendo por el camino para desgracia de Haití, Nicaragua o Perú.
Una vez que las empresas que no realizaban el servicio facturado recibían las cantidades correspondientes –en el caso de que fueran sociedades mercantiles ajenas al dominio de Augusto Tauroni–, se le hacía llegar al empresario el dinero percibido a cambio de quedarse con una “pequeña comisión”. En otras ocasiones Tauroni elegía como proveedores empresas de su órbita, ya fueran compañías constituidas en Estados Unidos o en España. “En el caso de que fueran españolas aparecían como administradores testaferros de Tauroni”, continúa el informe del fiscal. Entre ellos se encontraba A.N., presidente de la Fundación Entre Pueblos, que aparecía como mancomunado en las cuentas bancarias de algunas oenegés beneficiarias de las subvenciones. A.N era además el administrador de Gestiones e Iniciativas Arcmed SL, otra de las firmas de las que era titular Augusto Tauroni, quien poseía la totalidad de las participaciones y que fue proveedora de alguno de los proyectos subvencionados.
