El ex conseller de Solidaridad y ex portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha reconocido finalmente que durante su mandato se desviaron a bolsillos privados fondos, ayudas y subvenciones que en un principio iban a ser destinadas a países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo. Tras conformarse con el pacto ofrecido por el fiscal, Blasco verá reducida su pena de 16 años de cárcel a tres años y seis meses. Una ventaja sustancial. También se han conformado con las penas varios de sus cargos de confianza que estaban procesados y los principales empresarios que tomaron parte en las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a oenegés, así como en el proyecto de construcción de un hospital en Haití que jamás llegó a edificarse.

De esta manera, el pacto entre el fiscal y los acusados se ha consumado finalmente y los procesados asumen devolver parte del dinero sustraído a cambio de una rebaja importante en las penas. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de Oenegés han mostrado su “disconformidad” con este acuerdo por la responsabilidad penal que contempla y porque “no se satisfacen los graves perjuicios causados” a las arcas valencianas, por lo que han solicitado que continúe el juicio y la práctica de la prueba.

El grupo de hasta siete acusados que ha firmado un acuerdo de conformidad con el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco −algunos de los pactos se han cerrado antes del inicio de la sesión de este jueves, que por esta razón ha comenzado con cerca de dos horas de retraso−, incluye a Blasco, a su jefe de Área, Marc Llinares, y a su socio y amigo el empresario Augusto Tauroni, según informaron fuentes de Europa Press.

Tanto en el caso de Blasco como en el resto de procesados de este grupo, todos ellos han corroborado ante el tribunal que aceptan los hechos relatados por Anticorrupción en su escrito de acusación y que, por tanto, reconocen los delitos que se les imputan. Posteriormente, en el momento en el que han sido llamados a declarar, la mayoría de los reos se ha limitado a acogerse a su derecho a no hacerlo.

El abogado del ex conseller del PP ha defendido que no se trata de una conformidad “de mínimos”, ha subrayado que se reservan el derecho a la última palabra y ha anunciado que va a solicitar la imposición de las costas del proceso a la Generalitat Valenciana y a las oenegés, que decidieron continuar adelante con la vista, como acusaciones privadas, pese a que ya se había firmado un acuerdo con Anticorrupción.

El fiscal ha explicado que aprecia circunstancias atenuantes en estos casos, como la de confesión tardía o reparación total o parcial del daño a consecuencia de la aportación de cantidades en metálico o dación en pago de bienes inmuebles que cada uno de ellos ha realizado.

Según confirmaron fuentes conocedoras de la negociación en su momento, el preacuerdo entre Fiscalía Anticorrupción y los principales acusados contempla penas cercanas a los tres años y medio de prisión cuando en un principio se solicitaban entre 16 y más de 20 años. Tanto la Abogacía de la Generalitat como la Coordinadora entienden que no existe una suficiente reparación económica como para aceptar un acuerdo con el exconseller Blasco.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba inicialmente hasta 16 años de cárcel para uno de los hombres fuertes del PP valenciano y como responsabilidad civil la cantidad de 4,6 millones de euros a favor de la Generalitat. Para Augusto César Tauroni pedía hasta 21 años y medio de cárcel. También solicitaba una multa de 3,1 millones y el decomiso de sus dos apartamentos en Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EE.UU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.

Seis acusados más han alcanzado acuerdos totales con todas las acusaciones (Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD); otros cuatro han presentado conformidades con Fiscalía y Abogacía de la Generalitat y uno más únicamente con Abogacía.

En esta jornada estaba previsto que comparecieran Blasco y Augusto César Tauroni, pero se han acogido a su derecho a no declarar. En el caso del industrial Tauroni, sí se ha pronunciado su letrado para destacar que el acuerdo alcanzado “no supone un suelo”, sino que está “abierto a circunstancias que pudieran suponer una reducción de la pena”.

Asimismo, las principales defensas han coincidido en reservarse el derecho a la última palabra y han insistido ante la Sala en la “innecesariedad de la práctica de la prueba”, ante lo que Generalitat y oenegés afectadas han reiterado su “disconformidad” y han pedido que prosiga el juicio “hasta lograr una sentencia justa”.

El fiscal Carrasco ha considerado innecesaria la declaración de los acusados que han llegado a algún tipo de acuerdo con Anticorrupción.

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