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Bin Salmán, Casado y Rivera: tres claros ejemplos de maquiavélico cinismo político

Mientras el príncipe heredero de Arabia Saudí pone las excusas más peregrinas para ocultar que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi ha sido un crimen de Estado perpetrado por sus servicios secretos, Casado y Rivera dejan a un lado el sentido de Estado para hacer demagogia y sacar rédito electoral a cuenta de la crisis abierta por la venta de armas a Riad, cuyos contratos se firmaron precisamente durante los años de gobierno del PP

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Turquía tiene meridianamente claro que el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi ha sido un crimen de Estado macabro y brutal. Todas las pruebas apuntan a que los servicios secretos saudíes están detrás de la muerte del reportero, que supuestamente fue secuestrado, torturado y mutilado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Sin embargo, en sus primeras declaraciones sobre el caso, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, ha asegurado que se trata de “un crimen odioso que no tiene justificación”. Las explicaciones peregrinas de Bin Salmán llegan tarde, son contradictorias y se antojan insuficientes. Tarde porque el Gobierno de Riad ha tardado más de veinte días en pronunciarse sobre un caso gravísimo que está provocando una auténtica crisis diplomática internacional. Contradictorias porque si en un principio las autoridades saudíes negaron que el periodista estuviese muerto, confiando en que el cadáver descuartizado nunca aparecería, han tenido que terminar por reconocerlo finalmente. E insuficientes porque las declaraciones del príncipe heredero no han pasado del mero plano institucional, sin aportar el menor dato sobre la extraña desaparición y muerte del columnista de The Washington Post.

Por si fuera poco, el representante de la Casa Real árabe ha tratado de buscar la complicidad del presidente turco, Tayyip Erdogan, al asegurar que alguien pretende dividir a ambos países aprovechando un incidente que ha calificado de “doloroso”. Erdogan, sabedor de la gravedad del caso y de lo que se juega, se ha situado en todo momento en el lado contrario al príncipe saudí, e incluso ha insinuado que el crimen ha sido planificado por Riad en un acto de terrorismo de Estado que obligará a “rendir cuentas” a quien lo ha organizado. Sin duda, las explicaciones de Bin Salmán suenan a excusa inaceptable para salir del paso, a sarcasmo cuando no a cinismo político, y deberían provocar la reacción inmediata de los Gobiernos occidentales en orden a adoptar sanciones económicas y políticas inmediatas contra el régimen árabe. La UE no puede esperar a que los agentes saudíes que supuestamente han participado en este crimen terminen apareciendo muertos, uno tras otro, como suele suceder en estos casos cuando se trata de que no quede ningún testigo vivo.

Lo que se sabe hasta ahora sobre el macabro asesinato prueba que un equipo formado por al menos tres agentes de los servicios de inteligencia saudíes volaron a Estambul en un avión de línea regular. El comando se hospeda en el hotel Wyndham Grand y de ahí se dirigen supuestamente al consulado para perpetrar el homicidio. Otros dos equipos compuestos por 12 espías en total siguen exactamente los mismos pasos que sus compañeros horas después. El grupo desactiva las cámaras de seguridad del consulado y da el día libre al personal diplomático para poder “trabajar a placer”. Solo les queda esperar la llegada del periodista, que ha solicitado cierta documentación oficial para poder contraer matrimonio con su pareja. Khashoggi llega a la sede, su prometida lo espera fuera. Cinco horas después, y nerviosa porque el columnista no sale del edificio, decide dar cuenta de la desaparición a la Policía turca, que días después confirma el asesinato. Para entonces los supuestos sicarios ya han abandonado el país a toda prisa en varias tandas.

Pocos crímenes de Estado han dejado tras de sí un reguero de pruebas tan clarificadoras, y no solo porque las evidencias de que Jamal Khashoggi fue torturado y descuartizado son más que categóricas, sino porque el columnista había emprendido desde hacía tiempo una serie de artículos denunciando la corrupción y la falta de libertades que se vive en el país por la dura represión de Bin Salmán. Las amenazas de muerte que recibió por ejercer su profesión obligaron al reportero a huir de Arabia Saudí hace un año y ya no pudo regresar jamás. Estamos sin duda ante un caso de persecución política de un periodista que escribía con libertad, sin miedo, y que se había convertido en un enemigo del régimen al que había que eliminar a toda costa para salvaguardar a la Casa Real saudí.

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Y mientras las circunstancias del asesinato se van aclarando, en España ha estallado una nueva guerra entre el Gobierno y la oposición del PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez hizo ayer un ejercicio de malabarismo político al asegurar desde la tribuna del Parlamento que Madrid seguirá manteniendo los contratos para la venta de armas con Arabia Saudí. Finalmente, en la decisión del Ejecutivo socialista se ha impuesto la realpolitik, el pragmatismo y la necesidad de salvar los 6.000 puestos de trabajo que dependen de las fábricas de armas españolas y de esos negocios con Riad. Sánchez se ha tenido que tragar un sapo y afirmar que en estos momentos delicados opta por defender los “intereses de España”, pese a que ha condenado un crimen tan execrable. La posición de nuestro Gobierno contrasta con la de países como Alemania −mucho más respetuosa con los derechos humanos−, que ya ha anunciado que dejará de suministrar armamento al régimen cruel y sanguinario de Riad.

Una decisión difícil la que ha tenido que tomar Sánchez, quien una vez más no ha podido contar con el apoyo ni de PP ni de Ciudadanos, dos formaciones políticas que cada vez que se presenta un asunto de Estado prefieren darse a la demagogia barata y al electoralismo cortoplacista para erosionar al Gobierno. Pablo Casado, precisamente el líder del partido responsable de que España haya firmado esos contratos de venta de armas con Arabia Saudí, preguntaba al presidente del Gobierno si tras condenar el crimen de Jamal Khashoggi iba a condenar también la represión de los disidentes en Venezuela. Finalmente, decidió tensar la cuerda hasta límites delictivos llamando “golpista” a Sánchez por haberse apoyado en los independentistas catalanes que “quieren romper España”, un golpe bajo por inmerecido y desleal. En la misma línea de mezquindad se mostró Albert Rivera, que aprovechó para arremeter contra Sánchez por no condenar el régimen castrista en Cuba. Todo en el mismo saco, todo revuelto y agitado de la forma más grosera para avivar la ceremonia de la confusión, ese lugar donde la derecha se siente a gusto. Una vez más, ambos han dado dos claras muestras de la mediocre zafiedad con la que puede manejarse un líder que aspira a gobernar España algún día. De una forma o de otra, cada vez que se les pide responsabilidad, moderación y sentido de Estado por el bien de ese país al que tanto dicen amar terminan oliendo la sangre, como los peores carroñeros, y practicando el navajeo político más rastrero y vil.

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