Cuando inicié la redacción de los textos de la serie “Lingüística para Nacionalistas” (todos publicados aquí, en Diario 16; otros lo serán en el futuro) pensé también en la pertinencia y la funcionalidad de una “Bibliografía para Nacionalistas”, que sirviera para iluminar, cual lenguas de fuego de Pentecostés, las mentes nacionalistas y no nacionalistas.
En diciembre de 2007, redacté una reseña sobre el último libro de Albert Boadella, también publicada aquí, Adiós Cataluña. Crónicas de amor y de guerra, como introito a esta “Bibliografía para Nacionalistas”. Hoy retomo el proyecto para presentar el libro de José Carlos Herreras (Catedrático de Filología Hispánica en la Universidad Paris Diderot–Paris 7), titulado Lenguas y Normalización en España.
En esta obra, como explicita el título de la misma, el profesor Herrerasanaliza el proceso de “normalización” lingüística, que se inició en España con la Transición y que todavía está en curso. La cuestión lingüística de la España de hoy es un problema de cotidiana actualidad y no deja a nadie indiferente: despierta fuertes emociones, se ha convertido en instrumento de poder y de lucha política y se presta fácilmente a la demagogia y a la confusión, asevera el profesor Herreras en la introducción, citando al Presidente del Senado, Ángel Rojo. Para abordar esta problemática, el profesor Herreras estructura su obra en tres partes.
En la primera parte (“I. Las lenguas autonómicas antes de la Constitución de 1978”), hace una incursión en el pasado para describir, en un primer momento, el punto de partida de la diversidad lingüística actual de la Península Ibérica. Él la sitúa en la colonización romana y en la llegada posterior de los bárbaros y, en 711, de los árabes. Este último hecho fraccionó la romanización y la homogeneización lingüística de Hispania y explica la distribución geográfica actual de las distintas lenguas peninsulares, fruto de la Reconquista, que avanza a partir de diferentes focos de resistencia del norte de la Península.
Luego, en un segundo momento de esta primera parte, el profesorHerreras describe diacrónicamente (desde la Reconquista hasta el Régimen Franquista) los avatares por los que han ido pasando las distintas lenguas peninsulares tanto “en la sociedad en general” como en “el sistema educativo”. Este panorama histórico le permite poner los puntos sobre las íes y desenmascarar la visión fabulada, partidista e interesada de la historiografía nacionalista periférica. Para muestra un botón: a pesar de lo que afirma ésta, el castellano ha gozado tradicionalmente de una supremacía casi absoluta sobre las otras lenguas peninsulares y esto no fue fruto ni del intervensionismos del Estado, ni de la utilización de normativas y métodos coercitivos. Además, los Decretos de Nueva Planta (s. XVIII), que representan el primer intento de restricción lingüística, fueron más simbólicos (o declaración de principios) que efectivos, porque el Estado no disponía, en ese momento, de los medios para exigir su cumplimiento. Otra cosa fueron las medidas discriminatorias tomadas durante los s. XIX y XX.
En la segunda parte (“II. Las lenguas autonómicas después de la Constitución de 1978”), que es la más extensa, el profesor Herreras describe los procesos de “normalización lingüística” en las distintas CC.AA. con dos lenguas oficiales. Estos procesos tienen su apoyatura legal en la Constitución de 1978 y en los diferentes Estatutos de Autonomía y se han ido desarrollando a ritmos diferentes, según las lenguas y las CC.AA. implicadas. Fundándose en minuciosos y diversificados datos estadísticos, entra de lleno en el estudio de la normalización (conocimiento y uso de las diferentes lenguas autonómicas, a lo largo de 25 años) en distintos espacios: vida social; administración e instituciones; medios de comunicación y sector cultural; y en el sistema educativo no universitario y universitario.
En la última parte (“III. Balance de 25 años de normalización lingüística”), el profesor Herreras propone una síntesis de los resultados obtenidos por la normalización, tanto en la “sociedad en general” como en el “sistema educativo”. Constata que se ha producido un incremento significativo de las competencias lingüísticas (hablar, entender, leer y escribir) en la lengua regional por parte de los ciudadanos de las diferentes CC.AA. con dos lenguas oficiales. Y estos progresos se producen en distintos sectores de la sociedad: Parlamentos regionales, Administraciones autonómicas, medios de comunicación social (TV, radios, edición de libros, prensa), así como en el sector cultural (teatro, cine, doblaje y subtitulado de películas). Por lo que respecta al “sistema educativo”, se ha pasado, según el profesor Herreras, de una “fase de extensión” (generalización de la enseñanza de las lenguas autonómicas a todos los alumnos, en aplicación de los “decretos de bilingüismo”) a una “fase de intensión” (enseñanza en lengua autonómica, en aplicación de las “leyes de normalización”); y, desde hace algunos años, hay intentos para poner en marcha una “fase de exportación” (difusión de las lenguas autonómicas tanto en las CC.AA. hispanohablantes de España como en Europa).
Ahora bien, los logros conseguidos no deben ser, precisa el profesor Herreras, los árboles que nos impidan ver los efectos negativos de las normalizaciones lingüísticas, en particular, en el sistema educativo. En efecto, puntualiza, son muchos los que “comienzan a manifestar cada vez más reticencias hacia una normalización desmesurada, cuyo objetivo no es el de favorecer un verdadero bilingüismo, sino la imposición de un monolingüismo reductor en todos los sentidos” (p. 374). Y esto es un fraude, un engaño, y una incoherencia.
Esta obra del profesor Herreras interesa a todos aquellos responsables o irresponsables que están ocupados y/o preocupados por la gestión lingüística de las sociedades multilingües (profesores, sindicatos, partidos políticos, administradores y cargos públicos, organismos europeos, etc.). Pero sobre todo, interesa a los que tienen que soportar los efectos colaterales de las políticas de la normalización lingüística (alumnos, padres, empleados, empresarios, escritores, artistas, creadores y un largo etcétera).
Salvo Islandia no existe en Europa un Estado monolingüe. Por tanto, los distintos Estados han dado respuestas diversas a esta situación; cierto es que una respuesta u otra viene a definir, en el fondo, la profundidad y la amplitud de las democracias en esos Estados. Bajo la concepción jurídico-política de ciudadano se puede atentar contra el ciudadano mismo y sus libertades, o por el contrario defender a los pobladores de ese Estado en su real-concreción, que no es simplemente jurídico-formal sino en su complejidad cultural y política. Si esta complejidad es avasallada bajo formulaciones jurídicas de una pretendida igualdad, que no es tal, porque no se concretiza en lo real, sea éste económico, social, o cultural; tal igualdad es de facto una falacia, una gran mentira ideológica para mantener la opresión, sea ésta política, cultural, o económica.
La libertad, en términos políticos, no es otra cosa que la capacidad de decidir sobre las variantes que afectan a la misma existencia del ser humano, tanto en el ámbito económico como social. Por tanto o todos decidimos y participamos directamente, no por delegación, en la riqueza del País, o la democracia no existe.
Moine. El argumento también es valido, y con más motivos, aplicado a la autonomía catalana y al gobierno de la Generalidad.
Mientras el estado español ha aceptado la diversidad lingüística de España normalizando el uso de las lenguas minoritarias (en los territorios donde hay comunidades relevantes de esas lenguas), permitiendo que la escolarización, la rotulación, y los medios de comunicación públicos pueda realizarse en las lenguas locales, autonomías como la catalana, con mayoría nacionalista en el poder han actuado en la dirección opuesta.
Cataluña es más plural lingüísticamente que España, porque mientras en España hay muchas zonas monolingües en Cataluña es difícil encontrar un pueblo donde no haya un porcentaje significativo de la comunidad de lengua propia española,
En lugar de seguir el ejemplo de la España democrática los nacionalistas han impuesto el neofranquismo lingüístico. Discriminando al 55% de los catalanes de lengua española, prohibiendo la escolarización en español y excluyendo el español de los medios de comunicación públicos, de la rotulación pública de la Generalidad.
El derecho a que los españoles catalanohablante puedan escolarizar a sus hijos en su lengua propia parece de una obviedad tal que no cabe discusión. Sin embargo el derecho de que los catalanes hispanohabalntes puedan escolarizar a sus hijos en su lengua propia ya no es obvio.
Produciéndose la paradoja de que el mismo argumento y las mismas razones son buenas y justas cuando se refieren a España, pero no sirven cuando se refieren a Cataluña.
«Si esta complejidad es avasallada bajo formulaciones jurídicas de una pretendida igualdad, que no es tal, porque no se concretiza en lo real, sea éste económico, social, o cultural; tal igualdad es de facto una falacia, una gran mentira ideológica para mantener la opresión, sea ésta política, cultural, o económica. » Totalmente de acuerdo Moine.
Sr. o Sra. Moine:
· Dice Ud. verdad cuando escribe que es difícil encontrar un Estado que sea monolingüe. En efecto, en todos los países se suelen utilizar una gran variedad de lenguas. Basta con una simple operación matemática para constatarlo: si en el mundo hay 193 países (ONU) y unas 7.000 lenguas diferentes, cada país tiene, de media, unas 36 lenguas. Y es también verdad que cada país gestiona este multilingüismo generalizado de una forma diferente.
· Ahora bien, pongo en duda la ecuación que establece Ud. entre la gestión del multilingüismo y la calidad democrática de un país cuando afirma que “una respuesta u otra (en la gestión del multilingüismo) viene a definir, en el fondo, la profundidad y la amplitud de las democracias en esos Estados”.
· Francia, por dar solo un ejemplo, es un país plurilingüe, donde se hablan el bretón, el occitano, el catalán, el flamenco, el alsaciano, el vasco, el corso y otras variedades dialectales. Ahora bien, no hay tanta manga ancha ni tanto miramiento con las “petites langues”, como sucede en España. El francés reina e impera en todo el territorio y en todas las situaciones de comunicación formales y no formales: educación, justicia, política, sanidad, medios de comunicación,… e incluso en la vida social. Y, sin embargo, nadie pone en duda que Francia es una democracia consolidada, donde se respetan y se defienden los derechos de los ciudadanos. ¿Se puede decir esto de España donde las lenguas regionales ha sido hiperprotegidas en los últimos 40 años? Relea, “ci-dessous”, el comentario del Sr. o de la Sra. Ortiz y tendrá Ud. la respuesta a mi pregunta.
Un cordial saludo y ¡venturoso 2021!
Manuel I. Cabezas
30 de diciembre de 2020
«a pesar de lo que afirma ésta, el castellano ha gozado tradicionalmente de una supremacía casi absoluta sobre las otras lenguas peninsulares y esto no fue fruto ni del intervensionismos del Estado, ni de la utilización de normativas y métodos coercitivos» ??? Pues es curioso que en la parte de la península donde el aparato de estado de matriz castellana no tenía poder (Portugal) esa extensión voluntaria del castellano entre la población no se produjera, y sigan hablando portugués. Trescientos años de normas represivas de otras lenguas, en la enseñanza, el gobierno, las artes (teatro, literatura), la administración, etc, y resulta que el castellano se ha extendido por su airosa fonética.
Sr. Víctor:
Para responder a sus “???”, le invito a que le hinque el diente al libro del profesor Herreras y saldrá Ud. de las dudas que ha expresado icónicamente con sus “???”.
Un cordial saludo y ¡Venturoso 2021!
Manuel I. Cabezas
30 de diciembre de 2020