El cambio de Gobierno en Andalucía semeja al potencial de una sacudida sísmica que, como en derribo escalonado de fichas de dominó, podría afectar de lleno a una de las sociedades deportivas donde más patente es la presencia de personal y apellidos relacionados con el PSOE-A y su cadena de cargos y subvenciones: el Real Betis Balompié S.A.D.
En el actual reparto de poder, influencias y cargos entre familias socialistas andaluzas que ‘pastan’ en diversos prados, el Betis y su presupuesto récord de 126,2 millones de euros han devenido en una cuota de pastel o Ínsula Barataria, socialista andaluza y verdiblanca, que puede resultar un suculento manjar, salvavidas o clavo ardiendo para cargos ejecutivos y altos empleados que deban abandonar sus puestos en la Junta de Andalucía. El problema inicial es que los puestos y los sueldos del Betis ya están bastante repartidos, a través de una cadena-red de años, nombres y familias que Diario16 intentará desentrañar a continuación y en próximas entregas.
En las cuentas 2017-18, aprobadas en la Junta de Accionistas del pasado 20 de noviembre por mayoría casi búlgara, el Betis presentó una deuda total bruta —o «pasivo», sinónimo, según la RAE, de «valor monetario total de deudas y compromisos que gravan a una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad»— establecida por la propia entidad en 109,1 millones de euros, a través de varias partidas: por ejemplo, el Betis debe 24,1 millones en créditos bancarios, 14 de ellos al 6,5%, a una sola entidad cuyo nombre no se facilita -negativa amparada por ley-, en una operación crediticia que finaliza en 2023. Públicamente, y en esa Junta, el abogado Manuel Castaño, natural de Bollullos Par del Condado y poseedor de casi el 8% de las acciones y socio bético desde 1976, acusó al actual Consejo de Administración de haber generado una deuda real de «más de 118 millones de euros». Sin duda, Castaño sumaba aquí sendos créditos fiscales que agrupan un total de 10 millones y que el Betis contabiliza en el «activo no corriente/Impuestos Diferidos», dándose por supuesto que los créditos se compensarán con beneficios en el ejercicio actual 2018-19 y en los venideros. Otro capítulo de la deuda 2017-18 del Real Betis Balompié son 4,3 millones, «mayormente para agentes deportivos» o cuatro millones retenidos al expresidente Ruiz de Lopera tras un recurso de éste (al alimón con el Betis) a la Audiencia Provincial a cuenta de un 31,38% de acciones de Farusa/Lopera anuladas en 2017 por el Juzgado Mercantil 1 de Sevilla.
En la Junta del 20 de noviembre, Ángel Haro García, actual presidente del Consejo de Administración del Betis, y con escasa antigüedad en los listados del club, respondió airadamente a Castaño, calificando su intervención como ‘sonrojante’, acusándole -incorrectamente- de confundir «el pasivo con una deuda neta que supera por poco los 50 millones»: técnicamente, y sin más problema por parte de Haro, una cifra exacta de 50,2 millones.
Tanta tensión hubo en las palabras de Haro (quien lanzó otras acusaciones y agravios contra Castaño) que, antes de 48 horas, el propio Haro le telefoneó «para rebajar tensiones» y abriéndose, a medio plazo, a la presencia en el club de Castaño y sus acciones. Además, el presidente le ofreció poder montarse en el avión del equipo, junto con un diálogo sobre ciertas costas judiciales a abonar, solidariamente, por el propio Castaño tras el juicio del llamado Caso Saqueo (del Betis). A Castaño le podría tocar una liquidación de 200.000/300.000€ en relación a esas costas. Según parece, el accionista mantendrá el diálogo con Haro.
