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Berlín: “El caso de Puigdemont debe resolverse en base al derecho español»

Su detención no interferirá en las relaciones bilaterales que el Ejecutivo de Angela Merkel mantiene con España

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Gobierno de Angela Merkel ha defendido que el caso debe resolverse «en base al derecho español». El ejecutivo alemán ha afirmado que la detención de Carles Puigdemont por parte de la Policía germana este domingo no interferirá en las relaciones bilaterales que mantiene con España.

Con un rotundo NO ha respondido el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, durante una comparecencia rutinaria ante la prensa en la capital alemana a un periodista que le ha preguntado: “Si considera que el arresto de Carles Puigdemont podría afectar a la tradicional buena relación entre Berlín y Madrid”.

«España es un Estado democrático. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español«, ha ratificado Seibert, y ha recordordado que el Gobierno alemán respalda la postura adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El portavoz de Angela Merkel ha insistido una vez más en que el desafío catalán constituye un asunto de política interna que debe ser abordada en el marco de la Justicia española.

Desde el Ministerio del Interior alemán han evitado disertar por qué otros países por los que atravesó Puigdemont desde su salida de Finlandia, como Dinamarca, no procedieron a su detención en cumplimiento de la orden de arresto dictada el viernes por la Justicia española.

Puigdemont declara hoy ante el juez, que ha prolongado su arresto hasta la media noche para dar tiempo a sus abogados a estudiar el procedimiento. El tribunal encargado del caso dispondrá de un plazo de 60 días para decidir si cumple la solicitud de extradición y, en caso de concederla, diez días más para ejecutarla.

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