Bélgica no es ejemplo de nada

Bélgica, ese reducto de las libertades y los derechos humanos, ese Estado que da asilo al exiliado Carles Puigdemont, acaba de ser condenado por saltarse la ley en el caso de Natividad Jáuregui, alias Pepona, la presunta integrante del comando Vizcaya de ETA, responsable del atentado que costó la vida al teniente coronel Manuel Romeo en el año 1981. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha impuesto una indemnización al Estado belga, que deberá reparar moralmente a los hijos de la víctima de aquel crimen execrable.

La Corte europea considera que Bélgica no examinó con suficiente diligencia y rigurosidad la petición de entrega de Jáuregui emitida por las autoridades españolas, lo cual no significa que finalmente Bruselas tuviese la obligación de poner a la etarra en manos del Gobierno de Madrid. Para el TEDH, haber hallado una violación de la ley “no significa necesariamente que Bélgica estuviera obligada a entregar a Natividad Jáuregui Espina a las autoridades españolas”, según consta en la sentencia, solo que los magistrados belgas no observaron los procedimientos legales sobre derecho humanitario.

“Fue la falta de suficiente base factual para rechazar la orden lo que ha llevado al TEDH a considerar una violación del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida”, puntualiza la resolución. De esta manera, el Estado belga deberá indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los cinco hijos de Romeo, más 7.260 euros por las costas del proceso.

La historia de Jáuregui es parecida a la de cualquier etarra que tras cometer un crimen anduvo por medio mundo tratando de esconderse de la Policía. Huida desde 1979, cayó en manos de la Justicia en 2013, en la ciudad belga de Gante, tras haber vivido en México y Francia, según informa El País. España había dictado órdenes de detención y entrega contra ella por su supuesta participación en el comando Vizcaya, que mató a seis agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en 1981. Entre las víctimas estaba el teniente coronel Romeo, al que ETA asesinó a sangre fría de un tiro en la nuca cuando salía de una iglesia en Bilbao.

La Justicia belga atrapó a Jáuregui, pero extrañamente no concedió la entrega a Madrid al considerar que los derechos fundamentales de la supuesta etarra “podrían verse vulnerados”. Para fundamentar su decisión, los jueces se basaron en los informes y convenios internacionales, así como “el contexto de la historia política de España”. Es decir, al invocar los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura de 2011 los magistrados belgas en realidad estaban diciendo que no podían poner en manos de la Justicia española a la supuesta terrorista porque daban por supuesto que sería torturada. Ahora el Tribunal de Estrasburgo dice a los jueces belgas que, aunque evidentemente tenían la obligación de verificar que la etarra no sufriera malos tratos, no llevaron a cabo todos los trámites legales para comprobar que se cumplirían escrupulosamente las normas y leyes internacionales. Es decir, Bélgica no solo falló en su deber de “cooperar con la Justicia española”, sino que prejuzgó y creó una ficción legal para encajar sus argumentos jurídicos: que la terrorista sería torturada con total seguridad en nuestro país, algo que no era cierto porque no había datos reales que lo confirmaran.

En junio de 2016 Pepona fue de nuevo detenida a instancias de la Audiencia Nacional y de nuevo la Justicia belga, con los mismos argumentos, se volvió a oponer a su entrega al Estado español, de manera que fue puesta en libertad a las pocas horas de su detención. Un año después la familia empezó a mover papeles para tratar de reparar una flagrante injusticia, un crimen infame que por la interpretación sectaria llena de falsos prejuicios de unos jueces iba a quedar impune. Quizá el error humano no estuvo tanto en la aplicación de la ley, en este caso en la no aplicación del derecho internacional conforme a los protocolos de colaboración policial, sino en el hecho de que los magistrados que se opusieron a la entrega de la terrorista se dejaron llevar por sus estereotipos mentales sobre la sociedad española, por la imagen distorsionada de un país como España que para ellos no respetaba los derechos humanos y seguramente por un sentimiento romántico de simpatía hacia una banda terrorista que a lo largo de su negra historia no hizo sino acumular un largo historial de asesinatos y masacres: un millar de víctimas, cientos de familias rotas, heridos, amputados y traumatizados de por vida.

La sentencia del TEDH es importante, ya que es la primera vez que las víctimas del terrorismo etarra se ven obligadas a llegar hasta el final en la larga cadena de recursos, ganando el pleito. Ahora bien, todavía no se ha hecho justicia. Después de tantos años Jáuregui aún no ha sido entrega a la Audiencia Nacional, con el añadido de que la Justicia belga no tiene la obligación de hacerlo, ya que puede seguir ignorando la orden de entrega. De ahí que la familia del teniente coronel Romeo haya mostrado su “decepción” por una sentencia que no hace más que justicia a medias.

Y todo eso está ocurriendo en Bélgica, ese gran paradigma de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Un Estado que a menudo suele ponerse como gran ejemplo de respeto a los derechos civiles y que quizá, a fin de cuentas, no sea estandarte de nada.