«Hay barrios de Kuala Lumpur mejores que las residencias de la Comunidad de Madrid»

Entrevista a Paulino Campos, fundador y portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Personas Mayores y para Personas con Discapacidad, la mayor organización de este sector en Europa

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Paulino Campos en la sede de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias das Residencias e da Dependencia. Foto: P. C. / REDE

El último despropósito del que han sido víctimas los mayores de una residencia de Leganés avergüenza al común de los mortales que todavía conserve un mínimo de empatía. Según revelaba hace unos días la Cadena SER, en junio se detectó un brote de gastroenteritis. Desde entonces, las duchas con garrafas de agua fría son diarias. Sobre este y otros aspectos, como el nuevo acuerdo alcanzado entre Gobierno y CC.AA para un nuevo modelo residencial, conversamos con Paulino Campos, presidente y fundador de REDE (Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias das Residencias e da Dependencia, la mayor federación en el Estado español). Es periodista, cuidador y activista «a la fuerza» desde 2016, dos años después de que su madre fuese diagnosticada con Demencia por Cuerpos de Lewy, un año después de su ingreso «irremediable» en una residencia privada, pero con plaza concertada pública, propiedad del emporio franco-británico DomusVi, la principal operadora de residencias en el Estado español, con sede social también en Vigo, su ciudad.

¿Hacia dónde tenemos que dirigir el foco ante casos como el de esta residencia?

Yo pondría el foco en dos actores principales. La Administración Pública, porque en el caso concreto de Los Frailes estamos hablando de una residencia pública, pero dada su gestión a una empresa privada, Grupo Centenari. Y, por otro lado, los Servicios de Inspección que, el día 18, visitaron las instalaciones, analizaron el centro y no detectaron problemas, cuando realmente estamos asistiendo a hechos terribles, graves, paradigma de lo que venimos observando en una gran cantidad de residencias en España. No en una, en dos o en tres, o en el 3%, como decía la patronal en un debate, hace unos días, en primetime, en Las Claves de TVE. ¡De eso nada! Concierne a un porcentaje elevadísimo de residencias. Por eso, no es una cuestión puntual, es una situación que afecta a valores humanos, a derechos de personas muy vulnerables, afecta a la dignidad, a toda la sociedad, salvo que hayamos entendido que las personas mayores son despojos, no nos interesan, que aceptamos la simbología edadista que ya nos transmitió, por ejemplo, la película «La balada de Narayama» (1983). Es decir, que los mayores sobran. ¿Cómo se puede concebir que desde hace un mes estemos dando de beber agua negra, ferrosa, en mal estado, insalubre a personas desvalidas, dependientes o con discapacidad notoria? Y además con el resultado atroz de un brote de gastroenteritis de 43 personas mayores afectadas. Muy bien. Cerramos el agua corriente. Pero, ¿en qué cabeza cabe tener que lavar con garrafas de agua fría a personas que ya habían sufrido un brote de gastroenteritis?

Garrafas de agua fría empleadas para duchar a los residentes. Foto: P. C. / REDE

Estas personas mayores tendrían que ser realojadas, temporalmente, en algún establecimiento. Eso es lo que sucedería en una sociedad normal, no en barrios deleznables de Kuala Lumpur, como a veces parecen algunas residencias de la Comunidad de Madrid

La residencia se debió cerrar en su día para ser revisada de arriba a abajo y que se subsanaran todos aquellos elementos que no permitían su funcionamiento saludable diario. Y una vez restituidas, totalmente, la seguridad y la higiene, entonces se procedería a su apertura. Mientras tanto, estas personas mayores tendrían que ser realojadas, temporalmente, en algún establecimiento. Eso es lo que sucedería en una sociedad normal, no en barrios deleznables de Kuala Lumpur, como a veces parecen algunas residencias de la Comunidad de Madrid. Además no existe el número de trabajadores y trabajadoras necesario. Este ya es un problema redundante e histórico. O por lo menos, en las últimas semanas, faltan enfermeras en esta residencia, justo cuando más necesarias son. Este es un problema capital en el sistema residencial español. Como la no investigación, como el análisis deficiente que suelen hacer los Servicios de Inspección, como en este caso, que tan sólo hace 4 días han determinado que aquí no pasa nada.

¿Esto no es el colmo de la desidia?

Es deleznable lo que estamos dejando hacer con las personas mayores no tiene sentido. Fíjate, yo que llevo desde 2014 observando, porque pensaba que las residencias eran un lugar afable, ¿no? Pero cuando entró mi mamá en una residencia, en el mayor grupo operador de residencias que hay en España que es Domus Vi, yo no daba crédito. Como periodista dedicado durante mucho tiempo a la investigación, y que he visto cosas sórdidas, nunca me he encontrado con esto. Mi madre estuvo tirada en el suelo durante tres horas y nadie la echó de menos, hasta que llegó una amiga. En seis meses se cayó siete veces, hasta que se fracturó la cadera. Y todo por esa falta de personal, por ese maltrato institucionalizado. Porque, efectivamente, nos acostumbramos en este tipo de establecimientos a que sucedan unas cosas que, en lo cotidiano, para ti y para mi serían inaceptables. Pero ahí no. Es como una burbuja donde todo es posible y se admite.

Hemos dicho que no estamos a favor del texto final que han aprobado Gobierno y CC.AA

¿Por qué no aceptan el texto final del acuerdo alcanzado entre Gobierno y CC.AA?

Los grandes responsables, aquellos que crearon, potenciaron, extendieron y defienden a capa y espada este sistema inmundo que vulnera los derechos humanos de las personas mayores, los derechos laborales de las trabajadoras y supone un claro ejemplo de tortura hacia el ser humano, no pueden seguir así. Por eso los familiares y usuarios de residencias, tanto personas mayores como personas con discapacidad, menores de 60 años, que también viven estos hechos terribles, a través de la Plataforma Estatal, que está integrada en la mesa de diálogo civil que ha estudiado junto al Gobierno, desde septiembre, las medidas de futuro para alcanzar un nuevo modelo de residencias y de los demás servicios de dependencia como los famosos Centros de Día, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, hemos dicho que no estamos a favor del texto final que han aprobado Gobierno y CC.AA, el mes pasado, por sólo un voto. Porque es un documento que incorpora unas medidas laminadas, mutiladas en estos meses de reuniones.

El Gobierno central nos ha confesado que ha sido presionado por empresas, lobbys y CC.AA. y que para llegar a un acuerdo final se ha tenido que rebajar la calidad, el alcance de las medidas adoptadas

Poco tiene que ver con el documento original con el que comenzamos en septiembre. Estamos muy decepcionados porque era un momento histórico. Además somos organizaciones progresistas. No creíamos en la bondad de este Gobierno, creíamos porque, efectivamente, detectó todos los problemas, lo que pasa es que en alguno de ellos, que son principales, se equivocó. Después de la hecatombe sufrida tras esta deplorable gestión de las empresas y las Comunidades Autónomas de la pandemia con 35.000 muertos, seguimos torturándoles. Por eso me llamas tú. Ahora era el momento histórico para revertir el modelo. Parecía que ya estaba situado. Pero el Gobierno central nos ha confesado a las familias que ha sido presionado por empresas, lobbys y Comunidades Autónomas y que para llegar a un acuerdo final se ha tenido que rebajar la calidad, el alcance de las medidas adoptadas.

¿Cuál es la alternativa al actual sistema residencial?

Hay siete puntos por los que nosotros calificamos de decepcionante este documento. Por un lado está, aunque hay avances importantes en el mismo. Por ejemplo, sí se habla de las cuestión de los derechos humanos, de salvaguardarles, de la dignidad. Pero claro, si no tenemos personal cómo vamos a hacerlo bien. El primer punto son los ratios raquíticos. No salimos del problema grave de la falta de cuidados y de atención. Dos,no hay ningún cambio en la Inspección, ya ves tú lo que ha sucedido en esta residencia. Seguirá haciendo lo que hacía, que es nada.

No tenemos enfermeras en las residencias, porque las empresas que pagan unos sueldos míseros no encuentran efermeras. Pero es que, como sigan pagando esos sueldos míseros,no van a encontrarlas nunca

Tres, excesivo número de plazas por residencia, 120, cuando comenzamos con 50 en el documento de septiembre, como número límite de plazas a partir de este nuevo modelo. Bueno, pues hemos acabado en sucesivos borradores. Hemos pasado de 50 a 90 y hemos concluido de 90 a 120. Volvemos otra vez prácticamente a las macroresidencias. Y hay insuficientes habitaciones individuales. La pandemia nos ha enseñado que las habitaciones individuales son esenciales para, al menos, delimitar el contagio. Pero tampoco hemos podido alcanzar por presiones de las propias empresas un número suficiente de habitaciones individuales. Cuatro, falta de coordinación. Un problema esencial con la sanidad pública. Se mantiene el caos. Es decir, no tenemos enfermeras en las residencias, porque las empresas que pagan unos sueldos míseros no encuentran enfermeras. Pero es que, como sigan pagando esos sueldos míseros, no van a encontrarlas nunca. Evidentemente, tendrán que subir la escala salarial. Tendrán que buscar cierta calidad. Tendrán que asegurar a estas trabajadoras cualificadas unas garantías de trabajo, pero no esta chapuza en la que se ha convertido. Por ley es obligatorio que en todos los turnos haya una enfermera cuando se pase un número determinado de plazas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una situación de cambio radical en esta situación si los números no nos llegan?.

Muchas veces al no existir el personal adecuado se tiende a sobremedicalizar a las personas mayores para que estén tranquilas

Por otro lado, digo esa coordinación con la sanidad pública porque, cuando suceden hechos graves como un brote de gastroenteritis o un brote de Covid-19 amplio, necesitamos un hilo directo, una herramienta con los Centros de Atención Primaria. Tú ya sabes cómo está la situación en Madrid, no te lo voy a explicar yo, entonces imagínate qué fe tenemos nosotros en que se produzca esa coordinación. Porque, además, donde haya residencias, esos Centros de Atención Primaria se tendrán que alimentar de más profesionales para que puedan asistir a ese número de personas vulnerables. Cinco, órganos deficientes de representación de las familias. Es que todavía ni los familiares ni los usuarios estamos representados en un consejo, en un comité donde podamos participar. No, no queremos participar en el Consejo de Administración de la empresa. Pero esto es un servicio a personas mayores. Por tanto, hay que cuidar la transparencia, la democracia, llegar a algún tipo de acuerdo. Seis, las sujeciones físicas y químicas. El Gobierno aquí entendió perfectamente que no se puede seguir torturando de esta manera, con sujeciones físicas, ya no digo las químicas o farmacológicas, porque muchas veces al no existir el personal adecuado se tiende a sobremedicalizar a las personas mayores para que estén tranquilas. Esto es deleznable. Esto después no puedes asegurarlo, porque no tienes las pruebas fehacientes, pero eso lo compruebas diariamente. Tú vas a una residencia y ya verás cómo deambulan las personas. Su cuerpo está derivado hacia un lado o hacia otro, porque no pueden con el alma.

Un gobierno progresista tendría que hacer más énfasis, porque prácticamente el 90% de las residencias en el Estado español están gestionadas por empresas privadas. Por lo tanto, las operadoras privadas tienen la sartén por el mango

Entonces, el Gobierno, que ha detectado este problema porque es una cuestión ya de derechos humanos y torturas, ha concedido 3 años de moratoria para que se aprobase este acuerdo, antes de su supresión total. Y se preguntará cualquier ciudadano, ¿por qué esperar 3 años? Si ya sabemos perfectamente que eso no puede suceder, ¿por qué seguimos torturando?. Y siete. Por último, los Servicios Sociales públicos. Es imprescindible de cara a la construcción de residencias públicas y, ahí, es donde un gobierno progresista tendría que hacer más énfasis, porque date cuenta de que prácticamente el 90% de las residencias en el Estado español están gestionadas por empresas privadas. Por lo tanto, las operadoras privadas tienen la sartén por el mango.

Aspecto de uno de los aseos. Foto: P. C. / REDE

¿Qué posición esperan del Gobierno frente a estas empresas y CC.AA?

El Gobierno sólo puede coordinar, porque todas las competencias están transferidas. Nosotros nos tememos que las diferentes normativas autonómicas que deben incorporar estos cambios, aunque sean insuficientes, que se han acordado entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno, va a incrementar las medidas de este acuerdo que son insuficientes, pero al menos son mínimas. Todas pueden perfectamente incrementar el valor de esas medidas, pero sé que no lo van a hacer. Pero no sólo eso, sino que las Comunidades más inmovilistas, más inclinadas hacia el negocio oscuro con sus amigas las empresas operadoras -connivencia entre la Administración Pública y esas operadoras-, como por ejemplo en Madrid, Galicia o Murcia, que ya ha anunciado que no va a aceptar este acuerdo.

El Gobierno central va a ir al contencioso,y si no llega con el contencioso, estas CC.AA insumisas se van a quedar sin la financiación de los Servicios Sociales

Es decir, es un acuerdo que por la Ley de Servicios Públicos de 2015, es obligatorio cumplirlo. Y tres CC.AA se atreven a decir que se van a convertir en insumisas. Ante esto, ¿qué haces? No podemos poner este tipo de situaciones coyunturales por encima del bienestar de las personas mayores.

Cada vez que nos reunimos las 20 organizaciones que estamos en la Plataforma, que somos muy animosas además y hemos convocado una manifestación en Madrid para el 17 de septiembre para decir que otro modelo sí es posible, reflexionamos, y dentro del pesimismo generalizado, porque ahora nos vamos a ir a dar la batalla a las CC.AA y seguramente ni a los familiares se nos va a convocar para esas nuevas normativas. Aunque estas tres CC.AA digan que son insumisas, date cuenta de que el Gobierno ya ha dicho: Muy bien, si ustedes van a llevarlo a la práctica y es verdad lo que están diciendo, porque ya la Comunidad de Madrid lo anuncio en las primeras horas de conocerse que ese acuerdo se aprobó por 10 a 9, porque ellos votaron en contra, pero Ayuso ya dijo que ella no iba aceptar ese acuerdo, porque suponía un mayor gasto. Fíjate tú. Supongo que lo que Ayuso quiere es estas manchas en los baños, duchar a ls personas mayores con garrafas de agua fría y que no existan enfermeras. En esto vamos a apoyar al Gobierno, vamos a ser beligerantes con estas Comunidades Autónomas insumisas.

Si no lo hacen por la vía de la lógica, el Gobierno central va a ir al contencioso, y si no llega con el contencioso, estas CC.AA se van a quedar sin la financiación de los Servicios Sociales.

¿Nadie pagará por todos los despropósitos?

Hoy mismo hemos enviado una carta al Fiscal General del Estado y vamos a enviar otra a la presidenta del Congreso de los Diputados. Generosamente, el periodista y abogado Manuel Rico y el catedrático Fernando Flores del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia nos han cedido las firmas que han alcanzado en Change.org, después de que, en febrero, abriesen esa petición de apoyo, que en estos momentos son 135.000 firmas, más otras 40.000 que también nos aporta Amnistía Internacional. ¿Para qué? Por un lado para que la Fiscalía inicie en serio investigaciones profundas sobre lo sucedido, sobre todo en la primera ola, y para la investigación política, parlamentaria. No sólo para buscar responsables, incluso para no buscarlos. Los responsables que sean penales o por la vía civil, por eso hablamos con la Fiscalía. Pero, por lo menos, para que este país analice lo que ha pasado, que no se ha hecho todavía. Para que lo analicen comisiones de investigación y determinar que, en el futuro, no vamos a hacer lo que hemos hecho mal.

Creemos que podemos tener una respuesta sensata de la Fiscalía y esperamos que también del Congreso de los diputados

Pero para saber lo que hemos hecho mal primero tendremos que analizar e investigar, ¿no?. Creemos que podemos tener una respuesta sensata de la Fiscalía y esperamos que también del Congreso de los Diputados para que se abran las puertas a esa investigación, en vista de que hay una mayoría progresista, aunque también tenemos muchas dudas, porque hasta este momento tampoco se nos ha facilitado mucho. Y luego, de las CC.AA, tres habían dicho que sí al inicio de una investigación como la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León. Pero. ¿Qué paso? Que cuando se estaban iniciando estas comisiones de investigación se convocaron nuevas elecciones y lo primero que determinaron las nuevas mayorías fue eliminar, cerrar en falso las comisiones de investigación. Y no te digo nada sobre Castilla y León y el resultado salido de estas elecciones. Olvídate tú ya de ninguna comisión de investigación. Por lo tanto, cero comisiones de investigación después de 35.000 muertos. Quien me diga a mi que España no está enferma…es para decir: apaga y vámonos. Vamos a Kuala Lumpur, en sus barrios viven mejor que aquí.

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