Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha exigido un aumento global de la dotación presupuestaria de las políticas activas de empleo durante la clausura del curso que se ha desarrollado en Bruselas sobre “Derechos de las personas desempleadas: un reto sindical” organizado por la ETUI en colaboración con la secretaría Confederal de Formación de UGT y los sindicatos ACV Y CISL, donde ha presentado las propuestas del sindicato en materia de Políticas Activas de Empleo (PAE).

“Hay que ir a un modelo productivo de empleo que genere valor y riqueza”

Barrera ha destacado que “para UGT invertir en PAE es una prioridad absoluta, ya que éstas deben ser el motor sobre el que se asiente un cambio de planteamiento sobre nuestro modelo productivo y nuestro mercado laboral que hoy en día es más urgente y necesario que nunca”.

Además, ha señalado que “los Servicios Públicos de Empleo no tienen recursos suficientes para afrontar una tarea que es vital, la de realizar una evaluación de cada desempleado o desempleada para tener un diagnóstico real de por qué esas personas no pueden acceder al mercado laboral”. Barrera ha advertido de que “hay que ir a un modelo productivo de empleo que genere valor y riqueza ya que, de lo contrario, otra etapa de recesión económica tendría una repercusión mucho mayor porque el nivel de pobreza de la sociedad y las condiciones de los trabajadores son tan precarias que no soportarían otra crisis”.

“La de la precarización es la peor de las estrategias posibles” ha dicho. “Para salir de este círculo vicioso de inestabilidad, precarización, rotación y vuelta al desempleo, es fundamental un cambio de rumbo y transformar los elementos que componen la estrategia actual: derogar la regulación laboral (contratos, despido, rebajas unilaterales de salarios y condiciones de trabajo, negociación colectiva) y suprimir las subvenciones generalizadas a la contratación” ha afirmado.

Cambio de modelo productivo

Mari Carmen Barrera ha manifestado que es necesario “estimular el crecimiento económico y cambiar el modelo productivo hacia el valor añadido y la calidad y la productividad en el trabajo (lo contrario de lo que se está haciendo), derogar las normas laborales actuales que están precarizando el empleo y sustituir las subvenciones a la contratación por políticas de empleo y protección que ayuden a los desempleados a salir del paro de larga duración y les permitan regenerar sus competencias para ocupar mejores empleos”.

“Se trata de combinar lo productivo, para lograr más y mejor empleo, lo laboral, para mejorar la calidad del empleo (empleo decente y con derechos), y la igualdad (actuaciones en materia de políticas de empleo y protección) para terminar con la marginación del paro de larga duración e igualar las oportunidades de acceso a un empleo decente”.

Propuestas de UGT

En ese sentido, Barrera ha recalcado que “lo prioritario es aumentar a corto plazo los recursos de las PAE, reorientando los actuales mediante la supresión de la mayoría de las bonificaciones y reducciones a la contratación (que actualmente ascienden a 3.700 millones de euros) y de otros programas carentes de eficacia. En el plazo de dos años los recursos actuales (sin contar con esas bonificaciones) de las PAE deberán duplicarse”.

“También es necesario reformar el sistema de formación para el empleo, implantando un Sistema Nacional de Formación Dual, regulado por las mismas condiciones en todo el territorio nacional, reformar y ampliar la protección por desempleo, garantizando las prestaciones en caso de agotamiento cuando se produzcan situaciones de necesidad asegurando la elevación de la cobertura hasta por lo menos el 70% de los desempleados”.

“Además, es básico establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, en línea con la Iniciativa Legislativa Popular promovida y presentada ante el Congreso de los Diputados por UGT y CC.OO y potenciar las políticas de jubilación parcial y los contratos de relevo, así como promover un sistema de protección que permita a los desempleados de mayor edad pasar a la jubilación en condiciones dignas (establecer un puente para que los parados mayores de 52 años puedan jubilarse sin perder el 30 o 40% de la pensión)”, ha finalizado.

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