Se producen fuertes movimientos en el sector bancario español. “Estamos en un momento disruptivo. Y los momentos disruptivos requieren tomar decisiones”, afirma José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, mientras anuncia la inminente fusión de esta entidad financiera, rescatada con dinero público tras la crisis del año 2008, con Caixabank. Pocas semanas después, salta una nueva noticia de impacto en la prensa económica: Unicaja y Liberbank inician también negociaciones para fusionarse y constituir el quinto mayor banco en España.
No son sucesos menores. La fusión de Caixabank y Bankia (en realidad, absorción de Bankia por Caixabank) generará un gigante financiero con más de 664.000 millones de euros en activos. Alcanzará una cuota de mercado en España, cercana al 25 % en términos de volumen de crédito (un 28 % en lo que se refiere a los préstamos hipotecarios) y se constituirá en la mayor entidad por volumen de depósitos del mercado nacional (entorno a un 23 %, muy por encima de BBVA o Santander, que tienen gran parte de su negocio en el extranjero). El banco resultante partirá de una base de clientes de cerca de 20 millones de ciudadanos y empresas y tendrá presencia en unos 2200 municipios del país. En 290 de estos municipios será el único banco presente. La fusión implicará el cierre de muchas de sus más de 6.300 sucursales y el despido de cerca de 8.000 (en las interpretaciones más restrictivas) de sus 51.500 empleados.
La cuota de mercado de la entidad que resulte de la posible fusión de Unicaja y Liberbank, aunque más modesta que las de los grandes bancos, superará el 20% en Castilla y León y Extremadura, y el 14 % en Andalucía. Ambas entidades gestionan, en conjunto, más de 1.000 oficinas, que dan trabajo a más de 10.000 empleados. Se presume que la reestructuración necesaria para aflorar la rebaja de costes que busca la fusión implicará cerrar hasta el 20 % de esta red de sucursales.
Este proceso de concentración del mercado bancario español en cada vez menos entidades es un subproducto evidente de la dinámica de crisis irresuelta iniciada en el año 2008, todavía no superada en términos reales, y profundizada por la irrupción de la pandemia de Covid 19.
Desde el año 2008, de una u otra manera, los contribuyentes europeos no ha dejado de subvencionar y mantener el negocio bancario. Con la excusa de la existencia de “entidades demasiado grandes para caer”, los rescates con dinero público han venido acompañados de una política monetaria consistente en la llamada “flexibilización cuantitativa”, que ha permitido al Banco Central Europeo gastar billones de euros en activos financieros de todo tipo, con la excusa de que ese dinero, por la intermediación de los bancos, llegaría a la economía real, lo que no ha sucedido en ningún momento, en esta extraña política de “keynesianismo al revés”.
Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que este constante flujo de dinero ha impactado sobre los tipos de interés, rebajándolos, lo que implica una fuerte caída en la rentabilidad del negocio propiamente bancario (conceder préstamos a la economía real). Así que ahora tenemos bancos prácticamente zombis, que no ganan dinero prestando dinero para financiar la actividad económica, y que usan las ingentes cantidades que les vienen, de una u otra manera, de los contribuyentes, para hacer negocios especulativos en los mercados y para intentar absorber los activos tóxicos acumulados en sus balances por décadas de casino financiero.
Todo esto ha llevado al Banco Central Europeo ha volver a poner sobre la mesa, con más fuerza que nunca, la posibilidad de las fusiones en el mercado bancario, ya sean nacionales o comunitarias. “Aunque mucho de esto ya era necesario en el pasado, ahora es completamente inevitable”, ha declarado Luis De Guindos, vicepresidente del BCE. El Banco Central de la UE ha implementado, en los últimos meses, diversas modificaciones normativas para favorecer las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, aunque estas últimas son mucho más difíciles, ya que la disparidad de marcos jurídicos en el interior de la Unión Europea aún es muy grande en el sector bancario.
La idea es que la fusión de entidades permita sinergias que faciliten la rebaja de costes (eliminando, por ejemplo, sucursales duplicadas) y que ayuden al proceso de digitalización del sector bancario (que, a su vez, permitirá rebajar aún más los costes). Se trata de intentar que la banca pueda capear el temporal de la vertiginosa sucesión de crisis que se han desplegado desde el año 2008, facilitando la emergencia de “campeones europeos” de grandes dimensiones que, en un exceso de optimismo sin mucho fundamento, se pretende que puedan ser competitivos globalmente frente a grandes gigantes como las entidades financieras participadas por el Estado chino.
Por supuesto, las reestructuraciones asociadas a estos procesos de fusión no son tan fáciles como parecen, y las rebajas de costes esperadas pueden tardar en aflorar o, finalmente, no hacerlo nunca. La banca española, específicamente, está aún muy dañada por la herencia de los años de orgía especulativa que llevaron a la crisis del ladrillo y los rescates públicos. La digestión de Bankia por Caixabank será, muy probablemente, mucho más lenta y problemática de lo que nos cuentan la mayor parte de los analistas económicos afines al neoliberalismo.
Pero, además, estas fusiones van a mostrar un fuerte impacto social que todos y todas deberíamos tener en cuenta a la hora de valorarlas políticamente.
En primer lugar, por la pérdida de empleos que van a provocar. En el caso de la fusión entre Caixabank y Bankia, hablamos de un mínimo de 8.000 trabajadores que van a ser expulsados del mercado laboral. Algunas fuentes cifran en 20.000 despidos, el posible precio real. En el caso de Liberbank y Unicaja, de cerca de 2.000. Todo ello en una situación de emergencia social brutal, provocada por la pandemia de Covid 19. Unos 10.000 parados más, como mínimo, representan más prestaciones de desempleo a pagar, menos demanda agregada (los parados consumen menos) y miles de dramáticas situaciones familiares y personales. Además, el cierre de muchas sucursales provocará la exclusión financiera de los habitantes de localidades pequeñas y dificultades de acceso al servicio a la población que no pueda o quiera ir adaptándose a la banca on-line, como muchas personas mayores o inmigrantes.
En segundo lugar: la absorción de Bankia por Caixabank significa el abandono de toda posibilidad recuperar el dinero que los contribuyentes pusieron para rescatar Bankia, así como de las propuestas de construir, entorno a Bankia y las promociones inmobiliarias en manos de la Sareb, una fuerte banca pública y un parque público de vivienda para el alquiler social.
En estos momentos Bankia tiene más de un 60% de capital público (en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria o FROB), tras ser rescatada por el Estado en la pasada crisis. Tras la fusión, la participación pública en el banco resultante se diluirá a un exiguo 16 %. Los y las contribuyentes han gastado en reflotar Bankia más de 24.000 millones de euros desde 2012. Sólo se han recuperado unos 3.000, y ya va a ser difícil recuperar mucho más a partir de ahora.
Que el Estado tuviera más del 60 % del capital de Bankia hubiera permitido, hipotéticamente, que un gobierno realmente progresista pudiera plantearse convertir a la entidad en la estructura fundamental de una nueva banca pública. Dicha banca pública sería un elemento estratégico imprescindible para financiar actividades de la economía real que permitiesen avanzar en un cambio de modelo productivo para nuestro país, generando una estructura económica menos dependiente del trabajo flexible y mal pagado y de los flujos internacionales de turistas o de capitales especulativos. Dicha banca pública podría, también, financiar proyectos sociales y de economía solidaria para garantizar servicios comunes a la ciudadanía, liberando energías laborales y capitales para dedicarlas a la economía productiva y la investigación científica. Además, el FROB podría, también, haber usado los inmuebles en manos de la Sareb para mantener una potente bolsa de vivienda en alquiler social, que permitiría que parte de las cantidades que ahora van a los balances de los fondos buitre internacionales, fueran a engrosar la demanda agregada y, por tanto, los balances de las pequeñas y medias empresas nacionales.
Nada de todo esto será posible tras la absorción de Bankia por Caixabank.
En tercer lugar: seguimos jugando a los bancos “demasiado grandes para caer”. Es decir, que vamos a seguir sometidos al chantaje de tener que rescatarles cuando su negocio falle. Ser capitalista así, es muy fácil. No hay riesgo y sí mucho dinero que ganar. Dinero del contribuyente, es decir, en un marco fiscal que está basado en los rendimientos del trabajo y las retenciones en las nóminas, dinero de los trabajadores. Cobran los rescates y manejan los flujos de dinero público provenientes de la flexibilización cuantitativa del BCE y de los préstamos ICO del Estado. Pero la banca nunca pierde. No hace falta que presten ese dinero para actividades productivas, lo pueden dedicar al gran casino global que se afinca en los paraísos fiscales y en los mercados de derivados. Si lo pierden, ahí estaremos para rescatarles.
Tras Bankia-Caixabank y Unicaja-Liberbank, una posible tercera fusión en el mercado bancario español puede tener como protagonista al Banco Sabadell en los próximos meses. Más bancos “demasiado grandes para caer” se apuntan en el horizonte.
¿Y qué pasará ahora que, como acaba de suceder, los que caemos, sin ninguna red de seguridad, somos todos los demás?
