Foto: Banco Santander

A diferencia de España, donde Banco Santander cuenta con la protección de la Justicia y los diferentes organismos económicos, en Estados Unidos sí que condenan a la entidad presidida por Ana Patricia Botín por las irregularidades cometidas contra clientes o inversores.

Tal vez, junto con las condenas en otros países, sean la demostración de que la grabación que posee Andrea Orcel, en la que el banquero italiano asegura que un alto cargo del banco cántabro, posiblemente Jaime Pérez Renovales, afirmaba que ellos perdían en los tribunales españoles sólo cuando querían, muestra una realidad que afecta no sólo a los clientes o los accionistas del banco, sino a toda la sociedad española, puesto que es un desprestigio total para España que un banco disponga de la Administración de Justicia como mejor le conviene. Todavía no ha salido ningún alto cargo del CGPJ o de la Fiscalía para desmentir o contraargumentar lo que contiene esa grabación. El silencio siempre es cómplice o el que calla otorga.

Sin embargo, en Estados Unidos el Santander no tiene la capacidad de hacer lobby o de influenciar las decisiones de las agencias federales, estatales o de los tribunales de Justicia. Allí es uno más y, en consecuencia, se le trata de manera igualitaria al resto de la ciudadanía. No hay privilegios y ello se nota en el volumen de condenas, sanciones y multas impuestas o del número de acuerdos extrajudiciales a los que el Santander se ha visto obligado a alcanzar con sus víctimas. En Estados Unidos, casos como el de Banco Popular, Inversión Hogar, las cesiones de crédito o Valores Santander no se habrían dado porque el banco presidido por Ana Patricia Botín ya habría sido duramente condenado o ya le habrían retirado la licencia bancaria.

La factura total de multas, condenas, sanciones o de acuerdos extrajudiciales del Santander en Estados Unidos se acerca a los 700 millones de dólares desde 2004, es decir, una media anual de 43,16 millones.

La primera multa importante le fue impuesta en el año 2013 por el Departamento de Trabajo por una violación relacionada con los salarios y los horarios de los trabajadores de Sovereign Bank, la entidad que fue comprada por el Santander en el año 2008 y que supuso uno de los mayores fiascos para la entidad cántabra porque muchos clientes y grandes empresarios perdieron mucho dinero. En concreto, la multa fue de más de 16 millones de dólares.

A partir de ahí se sucedieron las sanciones, las condenas o los acuerdos extrajudiciales por violaciones contra los derechos de los consumidores, por violaciones bancarias o contra los derechos de los inversores. En este capítulo destacan las condenas en los estados de Massachussets, California, Connecticut, New Hampshire, Vermont o de la SEC, el regulador de los mercados estadounidense.

Sin embargo, la cantidad que más sorprende, tras la investigación en los registros y documentos oficiales realizada por Diario16, es la referida las irregularidades en la concesión de créditos para la compra de automóviles.

En concreto, el Fiscal General de Arizona Mark Brnovich, junto con 34 fiscales generales, anunció un acuerdo con Santander Consumer USA por el que el banco cántabro condonaba 550 millones de dólares de deuda para los consumidores afectados por las prácticas irregulares del Santander.

El base a una macro investigación multiestatal, en la que participaron 35 de los 50 Estados, los fiscales señalaron que el banco presidido por Ana Patricia Botín, a través de su uso de modelos de calificación crediticia utilizados para pronosticar el riesgo de incumplimiento, sabía que ciertos segmentos de consumidores probablemente no podrían pagar esos créditos. A pesar de esto, les concedió los préstamos con altos intereses. 

Santander expuso a estos clientes a niveles de riesgo innecesariamente altos a través de altas relaciones préstamo-valor, importantes comisiones de servicio y altas relaciones pago-ingresos. 

Los fiscales generales también señalaron que la agresiva búsqueda de participación de mercado de Santander lo llevó a subestimar el riesgo asociado con los préstamos al hacer la vista gorda ante el abuso de los comerciales y no monitorizar la falsificación de ingresos y gastos que se llegaron a hacer. Finalmente, los fiscales sostuvieron que Santander se involucró en prácticas de servicio en las que engañó activamente a los consumidores sobre los riesgos de pagos parciales y extensiones de préstamos.

Según el acuerdo, el Santander estaba obligado a condonar deuda a los consumidores y a tener en cuenta a partir de ese momento la capacidad del consumidor para pagar el préstamo.

Santander accedió a renunciar a los saldos deficitarios para ciertos consumidores que no habían podido pagar sus préstamos con aproximadamente 433 millones de dólares en condonación inmediata de préstamos que aún son propiedad de Santander, y exenciones adicionales por deficiencias de préstamos que Santander vendió a terceros.

Junto al Fiscal General de Arizona Brnovich en el acuerdo se encontraban también los fiscales generales de Illinois, California, Maryland, Nueva Jersey, Oregón y Washington, que componen el comité ejecutivo; así como los fiscales generales de Arkansas, Connecticut, el Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

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