Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Foto: Flickr.

Banco Santander, que presume de ser transparente, moderno, inclusivo, sostenible, responsable, coherente, o innovador, con Ana Patricia Botín ha vuelto al siglo XVIII y al dicho Tout pour le peuple, rien par le peuple (Todo para el pueblo, nada por el pueblo), que en España se conoce como Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y al despotismo ilustrado en el que el rey tenía todo el poder y no necesitaba justificar sus acciones que el pueblo no debía criticar o juzgar.

Ana Patricia Botín, como un nuevo Rey Sol, Luis XIV (autor de la frase El Estado soy yo), se ha convertido en una especie de moderna «reina absoluta» que sabe mejor que sus súbditos/accionistas lo que les conviene y que, por tanto, asume plenamente la administración del reino/banco que heredó de su padre por sucesión dinástica, sin la participación de sus súbditos/accionistas.

Ana Patricia Botín, pese al RD 463/2020, al RDL 8/2020 del Gobierno, al requerimiento de un accionista minoritario para que posponga la celebración de la junta, a la demanda del mismo accionista acusándola de manipulación de la junta de accionistas, como nueva «reina absoluta», ha decidido mantener la celebración de la junta pero sin la asistencia personal de los accionistas. Todo para el accionista, pero sin el accionista. Así se ha comunicado por el secretario general en la web del Santander el 23 de marzo manifestando que los únicos asistentes serán los componentes de la Mesa, es decir la presidenta y el secretario general, el consejero delegado y el notario que levantará acta de la misma.

De este modo, Ana Patricia Botín desoye los artículos 40 y 41 del RDL 8/2020 que autorizan a posponer la junta de accionistas a todas las sociedades cotizadas hasta el mes de octubre, posposición que otras entidades del IBEX35 como Endesa o Maturgy han acordado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El Santander invoca supuestos perjuicios en el caso de que se pospusiese la celebración de la junta, pero no indica cuáles, cuando las ventajas de la posposición son mucho mayores que la celebración sin los accionistas, ya que con el aplazamiento se preservarían todos los derechos de los accionistas que de otra manera se verían vulnerados.

El accionista minoritario que demandó a Ana Patricia Botín ha manifestado a la presidenta del Santander, a la ministra de Asuntos económicos, Nadia Calviño, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en sus comunicaciones solicitándoles la posposición de la junta de accionistas, que si se celebra la misma «los derechos políticos de los accionistas de asistencia, oposición a la conformación de la junta y a los datos de la lista de accionistas, intervención, formulación de propuestas y ejercicio del voto previstos, entre otros, en los artículos 514, 520 y 521bis LSC y en los artículos 7.1.c y 26 de estatutos sociales y 9, 15.4, 16, 17, 18, 19 y 20 del reglamento de la junta general del Banco Santander, se verían claramente violentados».

Con el acuerdo adoptado por Ana Patricia Botín se adultera el resultado de la junta ya que, con las limitaciones de la libertad de circulación, derivadas del estado de alarma, muchos de los accionistas no han podido ni podrán enviar sus votos por correo o entregarlos en las sucursales que en gran número están cerradas, lo que dificulta de forma manifiesta el ejercicio del derecho de voto y de representación de los accionistas lo que beneficia exclusivamente a la presidenta del Santander.

Parece que en el Santander se ha instaurado una especie de dictadura en la que su presidenta no quiere enfrentarse a las intervenciones de sus accionistas ni explicarles por qué ha sido demandada por manipular la junta de accionistas en su beneficio exclusivo mediante la supuesta captación fraudulenta de delegaciones de voto, aprovechándose presuntamente de forma abusiva de los medios materiales y personales del banco; por qué el banco hace uso de una tarjeta de delegación de voto cuya redacción es, cuanto menos, tendenciosa; por qué se sortean las prohibiciones de voto en los asuntos en los que existe conflicto de intereses mediante una alegal subdelegación al secretario general que también está incurso en conflicto de intereses; por qué se admiten delegaciones de voto en las que los accionistas no dan instrucciones “precisas” de voto como exige la ley; por qué en la junta de accionistas se utiliza un sistema de voto discriminatorio y antidemocrático en el que se diferencia si las propuestas son formuladas por los accionistas o por el consejo de administración; o por qué la acción ha perdido un 70% de su valor desde que ella se hizo con la presidencia en el año 2014.

Ana Patricia Botín, en una especie de dictadura, desprecia a los accionistas que pagan su sueldo y mantienen el banco acudiendo a las múltiples ampliaciones de capital, trata de celebrar una junta de accionistas sin accionistas obviando el artículo 2 del reglamento que establece que «la junta de accionistas es el máximo órgano de decisión» del Banco, y trata de que los accionistas no puedan fiscalizar su gestión pidiéndole explicaciones de la situación del banco y por qué se eliminará el dividendo cuando el banco se gastó más de 600 millones en publicidad para tratar de blanquear su riesgo reputacional.

En definitiva, las últimas decisiones adoptadas por el Santander demuestran una manifiesta irresponsabilidad frente a sus accionistas y a los ciudadanos en general.

El despotismo ilustrado no tuvo un final feliz y grandes filósofos como Rousseau o Montesquieu acuñaron el principio de la soberanía popular y la división de poderes con los que hicieron ver que la potestad procedía del pueblo/accionistas y no del rey, lo que acabaría con el derrocamiento de los dictadores absolutistas de la época y la instauración del sistema democrático.

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