El parón económico provocado por la pandemia del Covid19 provocó que muchos pequeños empresarios y autónomos solicitaran las líneas ICO lanzadas por el Gobierno para paliar las consecuencias del freno de actividad por el estado de alarma. En Diario16 hemos publicado diferentes denuncias por parte de distintas asociaciones de la pequeña empresa y de autónomos sobre determinadas irregularidades cometidas por los bancos durante la tramitación, entre las que se encontraba la venta cruzada de productos de las entidades. Los propios trabajadores del Santander denunciaron a este medio la estrategia que el banco había implementado.

Un pequeño empresario, cliente del banco presidido por Ana Patricia Botín, ha denunciado a Diario16 que está sufriendo amenazas y represalias por el hecho de haber presentado una reclamación respecto a la petición que hizo de una de las líneas ICO que iniciaba con las siguientes palabras: «Soy totalmente consciente que las entidades bancarias privadas son empresas y tienen el derecho de asistir financieramente a quienes consideren. De eso no tengo dudas, pero en éste caso, en una situación de emergencia de tal magnitud, donde el Gobierno avala en un 80% el dinero que prestan los bancos, no veo justo que se hagan ciertas cosas como las que algunas entidades están permitiendo».

El pequeño empresario tiene una pyme con 8 empleados, 7 de los cuales tuvieron que pasar a ERTE. El día 26 de marzo recibió un correo comercial desde la oficina del Santander donde tenía sus cuentas, hecho que fue confirmado por la gestora de la sucursal. Esta empleada le pidió al empresario que le explicara cuáles eran sus necesidades de financiación porque ella veía muy factible que se le concedieran una cantidad que oscilaba entre los 30.000 y 40.000 euros. Se da la circunstancia de que dos meses antes el Santander había denegado un préstamo a la empresa para la compra de maquinaria. Sin embargo, según confirma el empresario en su reclamación, la gestora en ese momento veía factible que se le concediera esa cantidad para la compra de esas máquinas.

La respuesta que dio a esta propuesta fue de lo más lógica, puesto que la situación había cambiado y que aún no había tenido tiempo de dimensionar las consecuencias negativas del parón económico para la empresa ya que, dos meses antes la financiación estaba orientada a la compra de manquinaria, pero a finales de marzo la necesidad era la liquidez que le permitiera cubrir una parte de las pérdidas.

El 14 de abril el empresario volvió a llamar a su gestora para saber si había novedades. La respuesta fue negativa y que no había entrado en ninguno de los dos primeros tramos de las líneas ICO del Gobierno porque, aunque los números de la empresa eran correctos, le faltaban 3 meses de antigüedad.

El empresario, según consta en su escrito de reclamación, comentó a su gestora que cómo podía ser que a otro empresario conocido suyo y cliente de la misma oficina le financiaron con 120.000 euros mientras que él no había recibido nada. La gestora respondió que esa empresa había facturado 500.000 euros en 2019 y que el banco le concedía un 25% de esa facturación bruta.

El empresario se indignó con esta respuesta y comenzó a analizar el Real Decreto, las condiciones del ICO y del Banco de España. Ahí empezaron sus problemas porque indicó a su gestora del Santander que la cantidad dependía de la necesidad de la empresa y que esa necesidad tenía un tope: el doble de la masa salarial, incluidos los pagos a la Seguridad Social y el 25% de la facturación. Hay que tener en cuenta que estos créditos ICO no están destinados a capitalizar sino a cubrir las necesidades de liquidez para pagar alquileres, nóminas, proveedores, impuestos, vencimientos, etc.

Por otro lado, la gestora del Santander cometió el error de comparar la empresa del conocido del empresario con la suya, puesto que los niveles de facturación y de pago de impuestos eran los mismos. Sin embargo, la empresa que sí recibió financiación no tiene empleados y la del empresario que reclamó al Santander tenía 8. En la reclamación se indica lo siguiente: «Mi empresa seguramente me dará pérdidas en este año porque tengo empleados. Mi «conocido» no tendrá pérdidas porque no tiene empleados, trabaja solo y sólo compra y vende vehículos de ocasión. O sea, que podrá usar los 120.000 euros, que tan fácilmente le otorgaron, en comprar más coches y capitalizar, y comenzara a pagarlo dentro de 12 meses. Entiende por qué estoy indignado. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre mi empresa y la empresa de mi «conocido»?: que mi «conocido», es amigo de alguien del banco. Eso me indigna, que mientras algunos salimos a aplaudir, otros se refriegan las manos».

Ahí no acabaron los problemas para este empresario. El día 18 de mayo de 2020 el Santander le remitió un burofax en el que se decía lo siguiente: «Por la presente, les notificamos que, con un plazo de 2 meses a contar desde la recepción de este documento, procederemos a desistir de la relación contractual que mantenemos con la sociedad […] con CIF […] en base a las cuentas corrientes número […], amparándonos en que se trata de contratos formalizados por tiempo indefinido, no pudiendo quedar nadie vinculado indefinidamente y por resultar excesivamente gravoso para nuestra Entidad. Una vez canceladas, el saldo resultante se pondrá a su disposición en nuestra Oficina sin devengar intereses, recordándoles que están obligados a devolvernos el cuaderno de cheques y pagarés que obren en su poder, para proceder a su inutilización. Además, les comunicamos que, una vez canceladas las cuentas, no atenderemos ninguna orden relativa a las mismas y quedarán revocadas todas las domiciliaciones». También se le ordenaba que entregara el TPV y las tarjetas.

El empresario afirma a Diario16 que esta medida es una represalia por su reclamación y por haber puesto negro sobre blanco las presuntas irregularidades que se pueden estar cometiendo en el Santander y algunas otras entidades en la tramitación y concesión de los créditos ICO del Gobierno.

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2 Comentarios

  1. Peor que la mafia. Y ahora publican en un periódico de economía que van a contratar 3000 personas para su «digitalización», cuando el pasado año despidieron a 3.700…

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