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Banco Santander: Un accionista denuncia la nulidad de la Doctrina Botín

Según el denunciante, las presiones políticas y económicas a los magistrados, fiscales y abogados del Estado generarían la nulidad de la doctrina Botín, que debe llevar aparejada el juicio por las cesiones de crédito contra Rodrigo Echenique, Ignacio Uclés, Ricardo Alonso y los miembros del comité ejecutivo del Banco Santander entre los que se encontraba Ana Patricia Botín

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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El día del séptimo aniversario del repentino fallecimiento de Emilio Botín se ha presentado en la Audiencia Nacional una solicitud de nulidad de actuaciones que reclama la anulación del auto dictado por el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez que acordó el sobreseimiento libre de la causa de las cesiones de crédito que dio lugar a la Doctrina Botín.

Un escrito de más de 180 páginas presentado por Eduardo Martín-Duarte Rosa, abogado y accionista del Banco Santander, al que ha tenido acceso Diario16, denuncia la nulidad de la Doctrina Botín que, según el escrito, fue la consecuencia de presuntas presiones sobre magistrados, fiscales y abogados del Estado intervinientes en la causa que se produjeron por la actuación de los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar y del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, capitaneadas, según la denuncia, por los exvicepresidentes de Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y Rodrigo Rato.

Sólidos argumentos jurídicos

Los argumentos jurídicos presentados para demostrar la nulidad de la Doctrina Botín se derivan de los votos particulares de los magistrados del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza Martín, Miguel Colmenero y Menéndez de Luarca y Joaquín Delgado García en los que se desvirtúan por completo los débiles argumentos de la sentencia que se califican de «lógica superficial», «peculiar patrón hermenéutico», que dejan en evidencia cómo la incomprensible actuación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado actuaron en defensa del acusado Emilio Botín y que fue calificada como «incorrecta y nada rigurosa» y de «inexplicable caso más de esquizofrenia procesal».

La solicitud de nulidad presenta, además, un estudio de la jurisprudencia que desvirtúa la Doctrina Botín, con mención especial al «Caso Atutxa» que contradijo dicha doctrina a los cuatro meses de ser dictada, y al «Caso Noos», juicios en los que no se aplicó la Doctrina Botín, demostrando que la misma se creó exclusivamente para evitar que Emilio Botín fuese juzgado por las cesiones de crédito causa en la que se le acusaba de fraude fiscal y falsedad documental.

Presiones políticas para salvar a Emilio Botín

El escrito también hace mención a las presiones que los poderes políticos, tanto del PP como del PSOE, capitaneados por María Teresa Fernández de la Vega y Rodrigo Rato, llevaron a cabo sobre la Fiscalía y la Abogacía del Estado que, presionados por el Gobierno de turno y por el poder económico de Emilio Botín, les obligaron a solicitar reiteradamente el sobreseimiento libre, pese a que el Fiscal encargado, Jesús Santos Alonso, tras la declaración de todos los miembros de la comisión ejecutiva del Banco Santander, estaba decidido a solicitar la imputación de todos ellos además de los ya imputados Emilio Botín, Rodrigo Echenique, Ignacio Uclés y Ricardo Alonso.

La denuncia se refiere a las comunicaciones cursadas por la entonces secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, ordenando a la Abogacía del Estado que no persiguiese a los directivos del Santander pero que sí acusase a los clientes del banco. Aquella orden cursada por Fernández de la Vega se produjo estando ya en funciones tras haber ganado las elecciones de 1996 el Partido Popular.

También se menciona la grabación del excomisario Villarejo en la que se escuchó a Fernández de la Vega manifestarle al jefe del departamento de estudios del Santander, Ignacio Rupérez, que ya se había encargado de solucionar el asunto de las cesiones de crédito que tanto preocupaba a Emilio Botín y que «no habrá problemas» al respecto. Esta conversación se habría producido siendo Fernández de la Vega vicepresidenta del Gobierno de Rodríguez Zapatero, durante cuyo mandato se dictó el auto de la Audiencia Nacional de diciembre de 2006 que consagró la Doctrina Botín.

Por otro lado, la denuncia hace también un pormenorizado estudio de las publicaciones periodísticas de la época, que ya hacían referencia a las presiones a los jueces, fiscales y abogados del Estado; y menciona los libros El botín de Botín de José Manuel Novoa y Juicio al poder de Nuria Almirón en los que se diseccionan las presiones políticas para librar a Emilio Botín de la cárcel en el caso de las cesiones de crédito.

El escrito presentado ante la Audiencia Nacional evidencia las presiones políticas recordando las interpelaciones parlamentarias de los diputados de Iniciativa por Cataluña, Joan Saura y Joan Herrera, a los ministros Rodrigo Rato y Pedro Solbes afeándoles que hubiesen dado órdenes para que se retirase la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, demostrando así que la Doctrina Botín sería la consecuencia exclusiva de las presiones políticas y las económicas de Emilio Botín.

La Doctrina Botín es nula

La denuncia, en consecuencia, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones que crearon la Doctrina Botín y que, como consecuencia, se proceda a juzgar a los imputados Rodrigo Echenique, Ignacio Uclés y Ricardo Alonso, así como a los miembros de la comisión ejecutiva del banco, entre los que se encontraba por entonces la actual presidenta, Ana Patricia Botín, dado que tenían conocimiento de todos los hechos conforme a las conclusiones del fiscal Jesús Santos, quien fue destituido y sustituido de inmediato por Eduardo Fungairiño por interesar la imputación de toda la comisión ejecutiva.

Tras la destitución del fiscal Santos, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaron con reiteración, hasta en ocho ocasiones, el archivo de la causa al considerar que no existían indicios de delito, cuando los informes de los inspectores de Hacienda habían demostrado en sus informes periciales la intervención directa de la cúpula del Banco Santander en la puesta en marcha de las cesiones de crédito y en la estrategia de falseamiento y ocultación de datos a la Hacienda Pública ordenada, presuntamente, por Emilio Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Uclés, respectivamente presidente, consejero delegado y jefe de asesoría jurídica del Santander en aquella época.

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2 Comentarios

  1. La verdad es que no entiendo ni papa de estos términos jurídicos y veo mucho más claros los códices de la Pax o el llamado Fuero Juzgo. Pero es que es sólo leer alguno de esos nombres de los míticos jueces franquistas y me pasa lo que al del chiste del tricornio.

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