Cuando un banco está implicado, de manera directa o indirecta, en un caso de evasión fiscal, su peor enemigo son los subordinados, sobre todo si éstos han sido condenados y la pena tendrá una importante reducción si colaboran con la Justicia. Eso es lo que ha ocurrido con el escándalo de los dividendos Cum-Ex por el que Banco Santander fue investigado.
El Santander fue uno de los bancos investigados en el mayor escándalo de evasión fiscal de Europa, que el diario francés Le Monde ha denominado «el robo del siglo» y que es conocido como el escándalo de los dividendos cum-ex. La cifra presuntamente defraudada superaría los 55.200 millones de euros. Diferentes testigos de entidades financieras involucradas han hecho referencia al papel activo del Santander que presuntamente se pudo haber beneficiado con la financiación y las transacciones que dieron lugar a cientos de casos de evasión fiscal.
La investigación en Alemania comenzó en abril de 2013 y, desde principios de septiembre, se está juzgando en el Tribunal Regional de Bonn el primer caso derivado de las investigaciones de la Fiscalía de Colonia. La primera sentencia fue dictada en plena crisis del Covid19 y, por esa razón, pasó desapercibida. Sin embargo, el caso de los dividendos cum-ex sigue siendo investigado y se prevén más juicios en los que podría ser acusado el Santander por su intervención en el presunto fraude, sobre todo después de las condenas impuestas a dos banqueros a quienes se les puede reducir la pena si colaboran con la Justicia.
Hay que recordar cómo la fiscal jefe de Colonia, Anne Brorhilker, tras cinco años de investigación solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que se registrase la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla. Sin embargo, el fiscal español Luis Rodríguez Sol se negó a ello y tan sólo remitió un requerimiento escrito al banco que fue despachado con una simple contestación de cuatro páginas y varios documentos adjuntos.
A diferencia del Santander otros bancos como el australiano Macquarie Bank, los franceses BNP Paribas y Societe Generale o el alemán Deutsche Bank si sufrieron el registro judicial.
Pese a la negativa al registro de la sede del Santander, la fiscal alemana no se amedrentó y comunicó a la entidad cántabra la apertura de una investigación penal por su presunta intervención en el fraude que afectaría a empleados y altos responsables del Santander, entre ellos a Stephen Woodhead, jefe del departamento de «short term equity trading» en Londres. La acusación de la fiscalía mantendría que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutarlas, el fraude debía ser conocido necesariamente por la alta dirección del banco.
De momento, Woodhead no consta entre los banqueros condenados, que fueron Martin S. y Nicholas Diable, quienes han logrado evitar la cárcel cooperando estrechamente con los fiscales alemanes y arrojando luz sobre un complejo esquema de evasión fiscal. El juez fue muy claro: «¿Todos queremos vivir en un mundo donde todos se estafan entre sí?». La propia fiscal, Anne Brorhilker, afirmó que una condena más dura habría «encubierto el hecho de que el mayor robo de impuestos en la historia alemana no fue realizado por dos personas sino por cientos de personas».
La colaboración con la Justicia de los dos banqueros condenados abre claramente la posibilidad de que las investigaciones sean aún más precisas y así se indica en un informe de la Fiscalía alemana: hay más de 600 personas presuntamente implicadas y más de 130 bancos están bajo sospecha, entre los que se encuentra el Santander.
Por su parte, el juez Roland Zickler indicó que «habrá más juicios».
El Santander se cree intocable frente a la justicia, solo le tiemblan los pies ante la justicia de Estados Unidos, allí siempre cede e intenta llegar a acuerdos antes del juicio. Que compra la justicia en España ya está claro pero ahora Europa le ayuda a robar un banco, la mafia Europea, la única sede que no registraron la del santander