Tal y como informábamos en el día de ayer, las Administraciones Públicas son algunas de las principales acreedoras de la promotora inmobiliaria Inversión Hogar, tanto del propio Estado central como de organismos provinciales e importantes ayuntamientos.
En el Caso Inversión Hogar los acreedores, tanto públicos como privados, están reclamando al Santander el pago de 270 millones de euros por las presuntas irregularidades cometidas por el banco cántabro durante la suspensión de pagos de la promotora en el año 1991. Sin embargo, tanto la Justicia como el propio Santander están actuando de un modo que está generando indignación entre los altos funcionarios de los ministerios afectados. Ya publicamos en el día de ayer que entre los organismos perjudicados se encuentra Hacienda, la Seguridad Social y el Consorcio de Compensación de Seguros.
Según fuentes conocedoras del caso en los ministerios correspondientes existe la sensación de que nadie quiere hacer nada, que nadie con capacidad de influencia y con poder de decisión es capaz de levantar un teléfono para que, tras más de 28 años, este asunto se solucione, sobre todo cuando las defensas de los acreedores (públicos y privados) han detectado un cúmulo de irregularidades cometidas por el Santander que se hace incomprensible que nadie en ninguna de las Administraciones Públicas reaccione y decida dar un golpe encima de la mesa porque lo que está en juego es el dinero de todos los ciudadanos.
Las mismas fuentes confirman que, tras casi tres décadas, el Estado no haya realizado ningún movimiento para recuperar una cantidad de dinero de varios millones de euros. Sobre todo, existe cierta indignación entre estos altos funcionarios con la no utilización de la Abogacía del Estado en este asunto, sobre todo después de comprobar cómo en los últimos años sí que se ha requerido sus servicios para defender los intereses de la banca. ¿El Estado está al servicio de la ciudadanía o del sector financiero? Según estos funcionarios, da la sensación de que la Administración Pública está haciendo dejación de funciones y continúa con la defensa de los intereses de los bancos, como ya hizo con las cláusulas suelo, el IRPH o el Caso Banco Popular.
Por otro lado, las mismas fuentes indican a Diario16 que también es sorprendente cómo algunas entidades bancarias también están calladas y no actúan contra el Santander, dado que CaixaBank, Unicaja, BBVA o Banco Sabadell también se encuentran entre los acreedores de Inversión Hogar. ¿La banca también aplica el precepto de «perro no come perro»?
