Banco Santander, el mayor lobista de España

El rescate de 475 millones de euros que el Gobierno ha concedido a Air Europa ha generado, además de indignación, la preocupación por la situación real de la aerolínea la familia Hidalgo sobre si tendrá capacidad para devolver ese dinero. Si se suman el total de euros que ha recibido del Estado a través de los créditos ICO y de la SEPI, nos encontramos con que Air Europa ya debe a todos los españoles y españolas más de 600 millones de euros cuando, durante sus mejores años, llegó a obtener ganancias de 60 millones. Esto quiere decir que, con la situación actual del sector aeronáutico, no tendría capacidad para devolver el dinero público en los seis años pactados.

Aquí es donde entran los intermediarios, consultores y auditores que han hecho lobby para que el Gobierno concediera ese rescate. ¿Cómo es posible que PwC, encargada de auditar los datos de la aerolínea, haya emitido un informe favorable? Sobre todo, si tenemos en cuenta los datos arriba indicados, por los que se necesitaría obtener beneficios superiores a sus mejores ejercicios durante 10 años para conseguir devolver el total del rescate a las arcas del Estado, es decir, fuera del plazo acordado. ¿Hay algún movimiento o algún interés detrás?

Casualmente, PwC es la auditora de Banco Santander que, según se está demostrando en los últimos tiempos, se está convirtiendo en el mayor lobby de España, lo cual es muy peligroso, puesto que no sólo mira para los intereses de quien se beneficiará de cualquier movimiento de presión, sino que también actuará para salvaguardar los suyos propios. Y, en la actualidad, el banco presidido por Ana Patricia Botín tiene abiertos muchos frentes en los que podría estar jugándose su supervivencia o, al menos, su permanencia entre el selecto grupo de bancos sistémicos globales, con los privilegios que ello conlleva.

Además, hay que recordar que el Santander fue hasta el año 2018 uno de los máximos accionistas de Air Europa, poseyendo un 10% de la compañía. El banco cántabro vendió esas acciones a Javier Hidalgo, el hijo de Pepe Hidalgo.

También es casualidad que en estos días se haya sabido que el Santander haya participado en una operación relacionada con el interés de la multinacional japonesa Mitsubishi de hacer una importante inversión en España y comprar casi el 25% de la empresa familiar española Bergé Automoción.

La Guardia Civil interceptó una conversación entre dos investigados en el Caso Voljov, informe íntegro al que Diario16 ha tenido acceso, un empleado del banco presidido por Ana Patricia Botín, afirmaba que en el Consejo de Ministros había una cola para este tipo de operaciones que era enorme. «Y para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos. […] Y sobre todo ha habido que hacerlos niveles algo subalternos, eh. […] Aunque con el conocimiento de la ministra, pero en escalones subalternos de ese Ministerio, no».

En la misma transcripción, el mismo empleado del banco presidido por Ana Patricia Botín le decía a David Madí, exdirector de Comunicación de Convergencia y director de Aguas de Cataluña, que «hubo que coordinar además a trece bancos, coordinar. Hubo que ponerle de acuerdo, el gran coordinador fue el Banco Santander. […] Y si no es por el Banco Santander, no se hace, con el agravante de que había una fecha tope».

 El Gobierno tiene la obligación democrática de hacer públicos todos los informes, a pesar de que parece que no va a hacerlo porque poner esa información a disposición de los españoles afectaría a los intereses comerciales de Air Europa. ¿No será que se está protegiendo la operación de venta a IAG, la matriz de Iberia?

La empresa nacida de la fusión con British Airways, viendo la situación real en que se encuentra la aerolínea de los Hidalgo, está valorando frenar dicha operación que tenía un coste anunciado de 1.000 millones de euros. ¿Se puso esa cantidad como aval para que el Gobierno concediera el rescate? Si fuera así, estaríamos ante una grave irresponsabilidad a la hora de dar dinero público, porque se trata de una operación que no estaba cerrada y que, en cualquier momento, sobre todo por la situación actual, podría caerse.

La presencia del Gobierno en el Consejo de Air Europa, por otro lado, no puede circunscribirse sólo a funciones meramente inquisitivas del destino que se da al dinero público, sino que debe enfocarse para ver si los 475 millones son utilizados para sanear las cuentas con el objetivo de salvar la operación.

Hay que recordar que uno de los consejeros de IAG es Emilio Saracho, hombre que en el pasado fue uno de los maestros de Ana Patricia Botín. ¿Se podría recurrir al expresidente del Popular como enlace para que el Santander vuelva a intermediar para salvar la compra de Air Europa? Esto sería un error que el Gobierno no puede permitir, a pesar de que Saracho sea un experto en este tipo de operaciones.

En otro orden, el Ministerio de Hacienda, antes de conceder los siguientes rescates, debería estudiar, no sólo los informes que le puedan pasar las grandes empresas auditoras, sino que también la ética del comportamiento empresarial. Pongamos un ejemplo.

La empresa matriz de Air Europa, Globalia, participó en el pasado en un proyecto en República Dominicana: la creación de Air Dominicana, proyecto en el que el Estado hizo una inversión millonaria. En esa operación estuvo presuntamente implicado Pepe Hidalgo.

Féliz Jiménez, exministro de Turismo dominicano en la época de Leonel Fernández, convenció a un grupo de empresarios locales para invertir en ese proyecto. En julio de 2007 se constituyó Air Dominicana con capital mixto de casi 200 millones de dólares, de los que Hidalgo tenía un 17%, a través de la empresa JJH Capital &Asset Management. La empresa que se llevó la gestión operativa fue Futura International Airways, también española y que se encontraba en quiebra.

Los aviones que Hidalgo puso para el proyecto fueron un Boeing 737-400 que fue devuelto a Europa y un Boeing 737-300 que fue retirado por no cubrir los requisitos de Estados Unidos por la edad del aparato. Además estaba prevista la compra de un Embraer ERJ 145 que no se llevó a efecto.

¿Qué beneficio se llevó Hidalgo de esta operación fallida que le costó al Estado dominicano casi 70 millones de dólares? Hay que tener en cuenta que, según fuentes consultadas por Diario16, su aportación al capital de la empresa fue en base al valor de los aviones.

Por otro lado, el Gobierno español debería haberse informado de los grandes problemas que está generando Globalia con el proyecto de construcción de un resort de 396 apartamentos y 978 habitaciones en el Parque Nacional Cotubanamá, lo que violaba las leyes que indican que no se puede construir en esa área protegida.

Finalmente, el Gobierno español debería saber que aceptar la mediación o dejarse convencer por el lobby del Santander es muy peligroso para España porque el banco cántabro lo venderá como un favor que, tal vez, no habrá que devolver nunca pero que, con el tiempo, se traducirá en facturas que el Estado se verá obligado a pagar. Los inquilinos de la Moncloa jamás deben olvidar lo que ocurrió con el Banco Popular o con Banesto.