La batalla judicial del Caso Orcel está levantando demasiadas alfombras sobre lo que ocurre en las tripas de las altas instancias del Banco Santander. Las últimas tras el archivo por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid de la querella presentada por el banquero italiano por estafa procesal basada en la presunta manipulación de documentos que, para el juez, no reúnen los requisitos necesarios para que dicha querella sea admitida a trámite.

El diario digital VozPópuli ha publicado los correos en los que se puede ver la eliminación o el añadido de contenido a los correos originales presentados por Andrea Orcel como prueba documental de su querella.

Sin embargo, el aspecto más grave lo encontramos en el hecho de que, según la querella, existieran serios indicios de que se hubieran manipulado actas de la Comisión de Nombramientos y de la de Retribuciones. La más importante se halla, según la defensa de Orcel, en el hecho de que el Santander remitió un certificado de la Comisión de Nombramientos fechado el día 10 de septiembre de 2018 en el que se indicaba que la presidenta había asistido a dicha reunión. Sin embargo, en el informe de Gobierno Corporativo se indica que Ana Patricia Botín no había asistido a ninguna reunión de dicha Comisión en el ejercicio 2018:

Sin embargo, esta es la última de una larga carrera judicial en la que Andrea Orcel se verá con el Santander en el juicio que se celebrará el día 15 de abril. Por si alguien tenía dudas sobre la endogamia del empresariado español representado por las compañías del IBEX 35 y resto de entidades cotizadas, las grabaciones de Andrea Orcel a Ana Patricia Botín lo han dejado meridianamente claro.

La frase de la presidenta del Santander «yo tengo empresas en España donde te puedo poner de CEO mañana o de presidente, que son empresas cotizadas inmobiliarias, o sea, […], o sea, tengo muchas opciones» resulta muy preocupante para los españoles, pero mucho más para los empresarios de compañías cotizadas que creen controlar sus entidades. Sin embargo, resulta que no son ellos los que las manejan sino que, al parecer, es Ana Patricia Botín la que las gobierna a su antojo poniendo y quitando consejeros delegados y presidentes a su libre albedrío sin tener en cuenta la opinión de sus accionistas.

Tan desafortunada frase, además de dejar en evidencia el nepotismo y la endogamia de las empresas cotizadas, deja en muy mal lugar a la propia presidenta del Santander puesto que demuestra con ella su arrogancia, muy lejos de la «angelical» imagen que pretende proyectar con las campañas de marketing de su departamento de comunicación para mitigar su riesgo reputacional.

Todo parece indicar que Ana Patricia Botín pretendía colocar a Orcel en Metrovacesa (49% en manos del Santander) o Merlin Properties (22%) de las que además, Rodrigo Echenique Gordillo ha sido presidente, al igual que lo ha sido de Vallehermoso y consejero de LAR.

En otra conversación posterior, Ana Patricia Botín ratificó el ofrecimiento a Orcel: «ser presidente de una compañía de real estate que yo lo manejo, que me permitiría pagarte algo, otra es estar en algún consejo». Estas palabras demostrarían que, además de la inmobiliaria cotizada, también se le ofreció a Orcel trabajo en un fondo de inversión al que el Santander daría negocio, en una empresa de servicios, o un puesto indirecto a través de una firma legal de asesoramiento.

El nombramiento y la marcha atrás de Ana Patricia Botín

Desde que se conoció el nombramiento de Andrea Orcel como Consejero Delegado del Santander se especuló mucho sobre las razones reales de su nombramiento.

En la sede de Boadilla del Monte, los directivos, según hemos podido saber en Diario16, especulaban que el nombramiento de un número uno a nivel mundial no conocedor de la banca comercial, pero sí experto en operaciones corporativas por complicadas que sean, se debía a la presión de los grandes accionistas institucionales hartos del estilo de gestión de los Botín que siguen gestionando la entidad como un «cortijo» privado.

Ana Patricia Botín habría aceptado el nombramiento de Andrea Orcel, conservando la presidencia, pero preocupada ante los diferentes frentes abiertos, especialmente por la evolución del proceso de abandono del Reino Unido de la Unión Europea,las consecuencias del Brexit.

El pasado 15 de enero de 2019, por sorpresa, el Santander anunció que renunciaba al nombramiento de Andrea Orcel, al no considerar ético abonar 50 millones de euros de los que Orcel era acreedor y que UBS no pagaría si fichaba por un competidor.

Los motivos para renunciar al fichaje de Orcel expuestos por el Santander fueron delirantes. No puede ser cierto que antes del anuncio público del fichaje del banquero italiano el Santander no hubiese analizado y negociado minuciosamente las condiciones económicas de la incorporación de Orcel, como ocurre en cualquier en cualquier incorporación de un alto ejecutivo a cualquier empresa, y que, además, lo hubiese hecho con autorización de UBS. Nadie incorpora a un primer ejecutivo sin concretar sus condiciones económicasno es posible anunciar un nombramiento de este nivel sin haberlo pactado con el Banco Central Europeo.

Dada la sensación de que el periodo de «gardening leave» exigido por UBS —un periodo en el cual Andrea Orcel no podía trabajar para un competidor— se alargaba en exceso, fuentes financieras hablaron de aparente falta de presión de la presidenta para que el periodo se aceleraseAna Patricia Botín, quizás consciente de los auténticos motivos de la llegada del nuevo Consejero Delegado, prefirió el escándalo transitorio de la renuncia a la segura toma de control del poder del Banco Santander por Orcel, un hombre que conoce mucho mejor los mercados que la Presidenta Botín, tiene más reconocida reputación y más credibilidad para los inversores, es decir, lo que verdaderamente necesitan el Santander y sus accionistas pero que, sin duda, era una muy mala noticia para el futuro de Ana Patricia Botín.

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