Tal y como hemos venido publicando en Diario16, son muchos los escándalos que protagoniza el Santander en todas las latitudes del mundo donde tiene presencia o influencia, teniendo en cuenta que el sector financiero está absolutamente globalizado y ciertas operaciones, sobre todo las de banca de inversión, no necesitan de la presencia física de una entidad en un país o territorio concreto.
Muchos de esos escándalos terminan en los tribunales, aunque haya países en los que el Santander parece tener impunidad en los tribunales o un trato preferencial por una parte de la Justicia (por suerte y salud democrática no es algo generalizado). Son esos escándalos los que pueden poner en peligro la sostenibilidad económica de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, puesto que podrían superar los 30.000 millones de euros, un 460% de los beneficios obtenidos en 2019. Todo ello sin contar las elevadas minutas de los despachos de abogados contratados por la entidad ni los pequeños litigios entre clientes individuales y el banco.
El sector financiero mira con preocupación la deriva en los tribunales de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Un alto ejecutivo de uno de los bancos más importantes de Europa afirmó a Diario16 que «siempre se ha dicho que la mejor noticia de un banco es no dar noticias. Este banco da demasiadas».
¿De dónde sale esa cifra de 30.000 millones de euros? Analicemos los litigios que tiene abiertos el Santander y veamos las cifras. En Brasil, el mercado que más beneficios aporta a la entidad presidida por Ana Patricia Botín con un 28% del total en el ejercicio 2019, el Santander tiene abiertos litigios en los ámbitos laboral, fiscal y otros procesos judiciales que pueden alcanzar la cifra de 5.381 millones de euros, según publicó Vozpópuli. Ya en 2020, el banco tuvo que pagar 1.600 millones de reales (341 millones de euros) para evitar un litigio por la compra del Banco Olé.
Por otro lado, tenemos el Caso Popular, por el que el Santander está demandado, entre otras cosas, por la comisión de un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Si tomamos como referencia de a lo que se expone el banco el valor patrimonial indicado por los peritos del Banco de España en su informe, la cifra sería de, como mínimo, 11.077 millones de euros. No hay que olvidarse de que el Santander está pendiente de la imputación penal, puesto que, a pesar de que la Audiencia Nacional la retiró con la aplicación de la Doctrina Botín II, la realidad es que la entidad puede ser nuevamente imputada en base a las pruebas presentadas y a los testimonios recogidos en el Juzgado Central de Instrucción nº 4.
Otro frente que tiene abierto el Santander es la demanda interpuesta por Andrea Orcel, el banquero italiano al que no contrató el banco y que reclama en los tribunales una cantidad superior a los 100 millones de euros en concepto de compensación por lo que dejó de cobrar en UBS y lo que dejó de percibir por su salario como consejero delegado de la entidad cántabra.
En Reino Unido el Santander tiene abierto el caso de los seguros PPI, por el que 2.7 millones de clientes se han visto afectados, hecho por el que la entidad presidida por Ana Patricia Botín ha tenido que provisionar 1.800 millones de libras para indemnizarlos. El Santander ha sido acusado por los supervisores británicos por haber llevado a cabo actuaciones tratando de reducir la cantidad a pagar a sus clientes afectados, intentando impedir o dificultar sus reclamaciones, eliminando a las compañías profesionales de gestión de reclamaciones de sus comunicaciones con los clientes ante la mayor dificultad para éstos de responder dentro de los límites de tiempo establecidos por el banco. Las acusaciones se refieren a no haber enviado recordatorios a los afectados y al envío de información inexacta a los clientes. Ante la actuación del Santander con sus afectados el regulador británico, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), ha obligado al Santander a nombrar un auditor independiente para que supervise el proceso de reclamación.
En otro orden, tenemos el presunto fraude de Valores Santander que se fraguó en 2007 con el objetivo por parte de la entidad de obtener financiación para hacerse con la totalidad de las acciones de la entidad holandesa ABN AMRO mediante una OPA conjunta con el banco Royal Bank of Scotland y Fortis. El importe total de la emisión de este producto ascendía a 7.000 millones de euros, tratándose de obligaciones convertibles en acciones de la entidad. Este producto complejo que se vendió bajo la apariencia de renta fija, incorporaba la obligatoriedad de convertir al final del período estipulado por el Santander (5 años), los valores en acciones. Los Valores Santander eran un producto lo suficientemente complejo como para no ser comercializado entre el tramo minorista, pero a la entidad poco le importó. Ahora, los ahorradores que se vieron obligados a canjear los Valores Santander por acciones de la entidad y mantienen sus valores en cartera, deberían asumir una importante pérdida de su inversión en el caso de deshacerse de sus acciones.
Otro de los grandes escándalos que conlleva litigios multimillonarios para el Santander nos lo encontramos en el Caso de los Dividendos Cum Ex, en el que el banco presidido por Ana Patricia Botín está involucrado. El fraude de los dividendos cum-ex, que ascendería a 55.200 millones de euros se extiende principalmente a Alemania, donde la fiscalía de Colonia está llevando a cabo investigaciones que incluyen al Santander. El mecanismo del fraude operaría a través de la compra «a corto» de acciones de empresas cotizadas en periodos próximos al reparto de dividendos. Los presuntos defraudadores concertados entre si ejecutarían, en un breve periodo de tiempo, multitud de transacciones de compra y venta de un gran volumen de las mismas acciones de manera que aparentaría varios titulares de las acciones al mismo tiempo, que obtendrían certificados fiscales con los que reclamarían varias veces la misma devolución de impuestos que sólo habían sido pagados una vez. Según la investigación, Santander ejecutó a través de su filial en Reino Unido (Abbey National Treasury Services) infinidad de operaciones por las que cobraba importantes comisiones y se embolsaba parte de las ganancias del presunto fraude, según indican las declaraciones de testigos ante la fiscal de Colonia, que también han manifestado que el Santander en Londres era el mayor vendedor a corto y que la misma transacción de compra de acciones se aprovechaba para realizar varias solicitudes de devolución de impuestos.
Evidentemente, el Santander no es el responsable de la totalidad, pero si la sentencia de un tribunal de Colonia que se espera en las próximas semanas es condenatoria, el banco presidido por Ana Patricia Botín tendrá que hacer frente a indemnizaciones multimillonarias.
El próximo día 3 de marzo se hará pública la sentencia del IRPH en la que el Santander es uno de los bancos con más hipotecas referenciadas a este índice que la Comisión Europea, varios magistrados del Supremo y el Abogado General del TJUE han calificado ya como de abusivo. Según se comunicó a la CNMV, el Santander tiene una exposición de 4.300 millones a hipotecas IRPH. La entidad presidida por Ana Patricia Botín ha reconocido que una sentencia favorable a los 3,5 millones de afectados supondría realizar una provisión material.
Además, está el Caso Inversión Hogar, donde las acreedoras reclaman 270 millones de euros al Santander por daños y perjuicios causados por apoderarse de los bienes de Inversión Hogar sin contraprestación y piden la declaración de Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea.
El último gran frente abierto al Santander ha sido el de Abengoa, en el que los antiguos accionistas liderados por Felipe Benjumea están reclamando al banco presidido por Ana Patricia Botín y al HSBC una cantidad de 1.000 millones de euros por los daños que sufrieron por la caída en preconcurso de la empresa de ingeniería andaluza. La clave de la cuestión está en la firma de una carta provisional de aseguramiento de una ampliación de capital en la que ambos bancos se comprometían a cubrir 456 millones de los 650 de la ampliación. Hay que recordar que Felipe Benjumea fue cesado como presidente de Abengoa por una exigencia del Santander.
Se podría decir que yo soy como un grano de arena del desierto o una gota de agua de mar Cantabrico que baña mi tierra; el caso es que soy un ex-empleado del santander que los denunció ante Inspeccion de Trabajo en Marzo de 2018 ante el presunto acoso sufrido por el acoso de una «casi» persona, y que posteriormente el Banco encubrió, mintiéndome y negando la evidencia y otras muchas cosas más….todo ello acabando por desgastarme psíquicamente y empujandome a acabar mi relación profesional con ellos tras 14 años de pasar por muchas partes de España. No podía enfermar yo también, mi familia no puede permitirselo. La decisión más difícil y desesperada de mi vida…pero ahora ya tengo una pequeña alegría: la Inspeccion de trabajo me da la razón. Han menoscabado mi dignidad, me han ocasionado un importante quebranto económico que siguen sin abonarme, pero ahora espero que con la denuncia que les voy a poner, recuperaré mi dinero y les reclamaré más por todos los daños que me han causado. Espero que si algún compañero lee esto, haga como yo, que denuncie, ya que se amparan en nuestro miedo y desesperación. Yo espero ser uno más, un granito más al que le deberan de pagar dinero por todo su mal.