Si hay alguien que mejor asimila la inhumanidad del capitalismo ese es el Banco Santander. Ayer, los sindicatos CCOO, UGT, STS y FITC firmaron el acuerdo del último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 3.572 trabajadores y trabajadoras, además de la reubicación de 1.500 en empresas del Grupo.

Los números son crueles y, sobre todo, si se verifican las cifras de despidos y se contrastan con los datos de beneficios. Desde el año 2012 hasta la actualidad, el Santander ha destruido más de 20.000 puestos de trabajo mientras, en el mismo periodo, la entidad presidida por Ana Patricia Botín obtuvo 47.350 millones de euros de beneficios.

Por tanto, ¿este ERE estaba justificado? La entidad presidida por Ana Patricia Botín comunicó a los representantes de los trabajadores que, en un principio, necesitaban «amortizar 5.090 puestos de trabajo». Es cruel que el futuro de las personas sea tratado en los mismos términos que una operación financiera. Amortizar, qué palabra tan fría para definir el futuro laboral de un ser humano.

Las razones aducidas por el Santander para este ERE son económicas, productivas y organizativas, y se fundamentan en que necesitan de manera imperiosa paliar la bajada de beneficios por una caída de los ingresos financieros recurrentes, por los resultados negativos antes de impuestos a septiembre del 2020, por el deterioro de la rentabilidad, por la caída de la actividad operativa y por un crecimiento exponencial de los canales digitales. Es decir, la entidad presidida por Ana Patricia Botín se está aprovechando de la pandemia para hacer una limpia de plantilla.

Resulta cruel que el Santander afirme que necesita cerrar nos parece que nos 1.000 oficinas y reducir 5.090 puestos de trabajo (4.000 despidos y 1.090 externalizaciones en empresas del Grupo) para garantizar la supervivencia del banco cuando la filial española España, según las cuentas publicadas por la entidad, obtuvo un beneficio ordinario de 497 millones de euros en los nueve primeros meses.

Este nuevo ERE no es más que una inaceptable transferencia del bolsillo de la plantilla y de la ciudadanía al bolsillo de los 896 grandes accionistas que acumulan entre ellos el 59,06% del Santander. Hay que recordar que el banco presidido por Ana Patricia Botín cuenta con más de 4 millones de accionistas.

Distribución de acciones Banco Santander a septiembre de 2020. Fuente: Banco Santander

Tampoco se puede olvidar que entre esos grandes se encuentran grandes fondos de inversión, fondos buitre, gestores de cartera, bancos custodios y, en menor medida, la familia Botín. Alguno de estos accionistas principales es uno de los que aparece en los Papeles FinCEN, la investigación de una de las mayores redes de blanqueo de capitales del mundo.

Al final, la plantilla del Santander vuelve a pagar la gestión errática de los actuales gestores, una política que pone el beneficio y el enriquecimiento de unos pocos por encima de las personas. Un beneficio que debiera de amoldarse, sin mayores traumas, a los tiempos que vivimos. No es razonable, ni aceptable, ni asumible el pedir siempre esfuerzos únicamente a la parte más débil.

Los despidos masivos: la marca Santander

Sin embargo, España no va a ser la única en la que se ejecutarán despidos masivos, sino que el plan denominado One Europe, con el que el Santander pretende ahorrarse más de 1.000 millones de euros en costes, prevé una dura reestructuración de personal en Reino Unido, Portugal y Polonia, precisamente los mercados donde el banco presidido por Ana Patricia Botín está obteniendo sus peores resultados.

Antes de la pandemia de Covid19, en enero de 2020, en una entrevista en el Financial Times, Nathan Bostock, consejero delegado de Santander UK, adelantó que no era descartable una nueva reducción de plantilla en Reino Unido. En 2019 la filial británica cerró un 20% de sus oficinas y, según Bostock, «hay que reducir plantilla. Se trata de simplificar». Y lo hacen del mejor y único modo que saben: mandando a trabajadores al paro.

Latinoamérica: mayores beneficios, mayores despidos

En Brasil, la filial que aporta un mayor beneficio al Grupo Santander, en los momentos más duros de la pandemia en el país carioca, fue anunciada una reestructuración que afectaba al 20% de la plantilla, es decir, 9.000 trabajadores. El Santander desmintió la noticia publicada por Folha do Sao Paulo, según publicó la Agencia Reuters el 10 de junio. Sin embargo, la organización sindical UNI Global Union emitió 6 días después un comunicado en el que confirmaba los despidos.

UNI Global Union aportaba, además, el testimonio de una trabajadora de Santander Brasil que muestra la crueldad de los procesos de reestructuración de plantilla de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. «El despido fue realizado por teléfono. Creo que en más de 20 años de trabajo en el banco me merecía un poquito de consideración por parte de ellos, especialmente por mi condición de salud. Yo soy parte del grupo de riesgo que ellos decían proteger. La verdad, no protegen a nadie porque a la hora de echar a un trabajador o trabajadora no lo dudan», afirmaba esta empleada.

El comunicado de UNI Global incluía las declaraciones de Rita Berlofa, presidenta mundial de Finanzas de la organización sindical: «La posición de Santander en Brasil es inaceptable. En un momento en que nos enfrentamos a una crisis política, financiera y de salud muy grave, en la que a los trabajadores les gustaría sentirse protegidos, lo que vemos es un desprecio por los responsables de las ganancias exorbitantes y las bonificaciones estratosféricas de los ejecutivos. Los despidos afectan a la sociedad en su conjunto y contribuyen al empeoramiento de la crisis. Además de no cumplir con un acuerdo de no despido durante la pandemia, también ha aprovechado la oportunidad para atacar los derechos de seguridad social, presionar por el logro de objetivos, y aún amenaza a quienes no cumplen con el despido. No vemos este tratamiento en los otros países donde el banco está presente. Queremos más diálogo social, respeto a los acuerdos, trabajadores y sociedad brasileña».

Digitalización, la coartada de Ana Patricia Botín

Aunque se coloca como coartada para estas reestructuraciones de personal tan crueles los procesos de digitalización, es posible que tengan una relación más directa con la situación real que pudiera tener el Santander.

Desde que Ana Patricia Botín es presidenta el banco ha perdido 71.447 millones de euros en capitalización bursátil si tomamos en referencia al valor de cierre de mercado en la sesión de ayer. Por otro lado, ha necesitado ampliar capital por un valor total de 18.897 millones incluyendo la aprobada en la última Junta de Accionistas.

A nadie se le puede escapar que el abuso de las ampliaciones de capital está muy mal visto por los mercados porque destroza la posición de los accionistas minoritarios al diluirse el valor de sus títulos. Además, son operaciones de un alto coste que, según la Autoridad Bancaria Europea, suele estar en el entorno del 10% del capital captado.

Que el Santander haya necesitado reforzar capital en los últimos 6 años por casi 19.000 millones de euros es una muestra de que la salud de la entidad no es tan buena como la quieren vender. Esto es algo que saben tanto el mercado como los analistas financieros. No en vano, ya anticiparon sus sospechas de que la ampliación de 2017, la teóricamente utilizada para «reflotar» al Popular, tenía como destino la mejora de las ratios de solvencia y liquidez. Diario16, a través del análisis de las cuentas del Santander del ejercicio 2017 y de documentos que obran en poder de la Justicia, ha demostrado cómo esos 7.000 millones fueron destinados a cubrir las pérdidas provocadas por el cambio de divisas.

Cuando alguien, una persona o una organización, está en una posición de liderazgo, pero realmente está asentado en la debilidad, suele utilizar la crueldad como fórmula de empoderamiento. Eso es, precisamente, lo que está haciendo el Santander con sus trabajadores y trabajadoras al convertirse en una verdadera máquina de ejecutar despidos.  

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