Banco Popular: Posible giro judicial que podría derivar en estafa

Tal y como publicamos ayer en Diario16, Banco Santander ha lanzado un órdago al juez José Luis Calama Teixeira al no entregar documentación reclamada por la Audiencia Nacional relacionada con los informes y expedientes internos realizados en el mes de mayo de 2017 sobre la valoración que hicieron del Popular.

La razón, o excusa, dada por el Santander para no remitir esa documentación al juez Calama es sorprendente: no se creó ningún tipo de expediente interno ni, según el banco presidido por Ana Patricia Botín, existe en los archivos informáticos un espacio donde se centralizara toda la información recogida para la creación del Proyecto Neptuno.

Sin embargo, pueden existir otras razones por las cuales el Santander no quiera entregar esa documentación, motivos que darían un giro importante a la instrucción del Caso Popular.

En primer lugar, se daría la casuística de que en esos documentos que mantiene ocultos, porque nadie se cree que no se realizara ningún tipo de informe en una operación de compra de otra entidad, podría revelarse el hecho de que se pudiera haber cometido un presunto delito de estafa, puesto que, según los testimonios y las informaciones recogidos por Diario16 a través de varias fuentes muy cercanas a todo el proceso previo a la resolución, Santander mantuvo reuniones con altos directivos del Popular hasta fechas próximas a la aprobación del Proyecto Neptuno el 22 de mayo de 2017, en las que el banco cántabro llegó a ofrecer hasta 3.000 millones para comprar la sexta entidad financiera de España.

¿Por qué se retiró de esa negociación? Según la declaración de Rodrigo Echenique, hubo un momento en que no les salía rentable porque se veían obligados a hacer una OPA. En este punto el juez señaló que se contradecía con Ana Patricia Botín, a lo que el actual presidente de la Fundación Santander respondió que ella está muy ocupada con sus cosas de presidenta, pero que él no lideró el Proyecto Neptuno, es decir, que se desmarcó completamente de la señora Botín, que había dicho que había sido el equipo de Echenique el que lo había hecho.

¿En qué momento decidieron que pasaban de ofrecer 3.000 millones a un máximo de 200? ¿Hubo información privilegiada? Hay que recordar las fechas para entender ese cambio de opinión y que el mismo día en que Santander aprobó Neptuno, la JUR contrató a Deloitte para hacer la valoración independiente, la presidenta de la JUR dio una entrevista en Bloomberg TV en la que se refirió concretamente al Popular y se aprobó el borrador de la EBA sobre valoraciones de entidades bancarias en procesos de resolución sobre el que se apoyaron tanto la de la JUR como la de Deloitte que determinaron la resolución de la entidad, borrador que, por cierto, no entró en vigor hasta marzo de 2019.

En esa documentación se encuentra la causa real que se manejó de manera interna para un cambio de postura y, en consecuencia, es una de las posibles razones por las que no lo quieren entregar porque, demostrar documentalmente que recibieron información privilegiada, viniera de donde viniera, daría una extensión hacia un presunto delito cometido directamente por el Santander.

Por otro lado, se encuentra la documentación que el Santander obligó a la JUR y al FROB no hacer pública en referencia a la subasta y a la oferta presentada porque esos documentos «contienen intereses comerciales, ya que la oferta responde a una decisión estratégica y comercial de la entidad que se detalla en el acuerdo de compra; y el contenido sensible de los documentos se ha reconocido expresamente durante el proceso, ya que la oferta y el acuerdo de compra se han tratado como documentos confidenciales». No es la primera vez que el banco presidido por Ana Patricia Botín está envuelto en irregularidades en un proceso competitivo de subasta y, lo que es peor, que se lo permitieron. Hay que recordar, por ejemplo, cómo la plica presentada por el Santander para comprar Banesto iba sin la correspondiente firma de Emilio Botín, lo que hubiera anulado también la oferta, como sucede en el caso Popular. Sin embargo, el entonces gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, no hizo nada y tiempo después fue nombrado consejero del Santander.

¿Qué ocurrió realmente en la noche de la resolución del Popular? Según diferentes informaciones recibidas de fuentes cercanas al procedimiento, el Santander pudo haber tenido en su poder dos sobres en espera de si el BBVA hacía una oferta. Cuando tuvo conocimiento de que el banco vasco no iba a presentarse, nuevo presunto caso de información privilegiada, fue entonces cuando presuntamente presentaron el sobre que contenía una oferta de un euro.

A todo lo anterior hay que sumar lo que ocurrió en una notaría del Paseo de la Habana de Madrid donde, según distintas fuentes, los abogados del Santander, miembros del despacho de cabecera del banco, provocaron que hubiera que levantar tres actas. La primera era un contrato de compraventa al uso, algo que el Santander no podía permitir porque había que blindar la operación. Por eso impusieron un documento supuestamente preparado por Uría y Menéndez en el que se recogía de forma específica que la venta era consecuencia de un proceso de resolución para, de este modo, evitar responsabilidades judiciales posteriores y que aquéllas recayeran en la JUR y el FROB.

Ese documento sólo se firmó una vez que el Popular había sido intervenido, es decir, cuando la JUR y el FROB ya habían ejecutado la reducción a cero del valor de las acciones y los bonos. Esta fue la forma por la que se justificó el euro que se pagó en metálico.

Esas tres actas son cruciales y no se hacen públicas porque iría en contra de la privacidad de las personas que estuvieron en esa notaría cuando, en realidad, lo verdaderamente importante es el contenido de esos documentos.

Sin embargo, la realidad que ocultan todas estas maniobras no es otra que impedir que la Justicia llegue al verdadero núcleo de la operación y la más que posible imputación de presuntos delitos mucho más graves que sí que afectarían al Santander, entre ellos, la estafa.

El actual Gobierno ha mantenido una postura en el Caso Popular que no se corresponde con la ideología de izquierdas que debería priorizar la defensa del pueblo de los abusos de los poderes públicos y privados. Sin embargo, la inacción a la hora de retirar a la Abogacía del Estado de la defensa de la JUR ante el TJUE o la acción directa al aprobar la fusión por absorción del Popular por el Santander no es más que la consecuencia de la aplicación de las ideas olvidando la ideología.

La decisión del Santander de no entregar esos documentos no es más que un nuevo atentado contra los poderes democráticos y, lo peor, es que se le sigue permitiendo. Esperemos que a esos poderes no les tiemble el pulso y que no haya miedo a enviar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a Boadilla para coger una documentación clave para resolver el mayor caso de presunto enriquecimiento ilícito, apropiación indebida y estafa de la historia de España.

¿No era un proyecto de la presidenta del Santander comprar un banco de las características comerciales del Popular con el liderazgo indiscutible en el sector de las pymes donde el Santander no tenía apenas presencia? ¿No era competencia de la presidenta estar estudiando hacerse con un banco con más de 9.000 empleados, miles de sucursales, activos por 113.137 millones euros, un patrimonio neto de más de 11.000 millones, con un banco rentable en Estados Unidos (que el Santander malvendió), con apetito de mercad para haber acometido una ampliación de capital de 4.000 millones en medio de la crisis de liquidez que provocó Emilio Saracho, mentor y maestro de Ana Patricia Botín?

¿En qué pudieran estar más interesadas las ocupaciones de la presidenta del Santander? En tapar todas las «miserias financieras» de su banco, incluida la posible fusión con el HSBC. ¿Se opuso Andrea Orcel, procedente de UBS, a dichos proyectos y por eso lo despidió? El banquero italiano, que ya había sacado al banco suizo de una situación límite tras el agujero financiero de más de 2.000 millones que generó un bróker en Londres a través de operaciones no autorizadas y del escándalo de los Papeles de Panamá donde se conoció que el banco suizo había ayudado a crear, hasta el año 2010, de más de 1.000 sociedades pantalla, llegó con un proyecto claro de lo que necesitaba Santander. ¿Se opuso al gran proyecto de fusionar todas las filiales, primero en Europa y luego América, para crear una estructura previa a la posible fusión con HSBC? ¿Por eso se le despidió?

¿Qué razones tan importantes ocupaban a la señora Botín, ya íntima amiga de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y, un poco más tarde, Pablo Iglesias Turrión?

Cuántas amistades peligrosas ha ido recibiendo el actual gobierno, más que el cantante de la Trama Gürtel y asesor del ayuntamiento del pueblo del término donde se encuentra la Ciudad Financiera del Santander. Qué pena. ¡Ver para creer!

Thomas Jefferson dijo que «ningún gobierno puede sostenerse sin el principio del temor, así como del deber. Los hombres buenos obedecerán a este último, pero los malos solamente al primero». En el Caso Popular, llegó el momento de la acción porque ya ha habido muchos afectados que se han quedado en el camino y no se puede esperar más.