Banco Popular: ni trama ni ilegalidades en la financiación de acciones

A pesar de las claras evidencias de que la única causa de la resolución del Banco Popular fue la crisis de liquidez provocada por la gestión de Emilio Saracho, aún hay quienes pretenden buscar causas que exculpen al expresidente que llevó al banco a la resolución.

El pasado jueves testificaron varios exclientes del Popular ante el juez Calama Teixeira y afirmaron haber recibido financiación para adquirir acciones de la ampliación de capital de 2016. Hay un punto importante sobre estos testigos: casi todos son querellantes o exquerellantes y, tal y como publicamos en Diario16, el Santander les ha ofrecido algún tipo de acuerdo para que retiren sus acciones judiciales.

Todos, salvo uno, son empresarios que afirmaron en la Audiencia Nacional que en las operaciones de concesión de esos créditos intervino el director de su oficina sin conocimiento superior.

Hay que recordar que tanto Francisco Gómez, exconsejero delegado del Popular, como los directores territoriales afirmaron ante el juez Calama que no hubo instrucciones, ni expresas ni veladas, para financiar la compra de acciones de la ampliación de capital. Hay que añadir que el exsecretario general del Popular, Francisco Aparicio Valls, confirmó la existencia de una circular interna dada a las oficinas para no financiar acciones. Además, esa prohibición estaba en el Manual de Riesgos y era compatible, exclusivamente en el caso de los empleados, con que, por ejemplo, se concediesen anticipos sobre los salarios para los empleados y empleadas que quisieron suscribir acciones.

Además, en el informe de los peritos del Banco de España y en las cuentas del Santander del ejercicio 2017, se confirma que si hubo ese tipo de financiación fue muy poco significativo.

Teniendo en cuenta que el Popular tenía asegurada la colocación de las acciones por los bancos de inversión, es decir, que suscribirían lo que los accionistas no hubieran suscrito, hubiera tenido muy poco sentido financiero que el banco animase a la red comercial para la financiación de sus propias acciones, actividad que, por cierto, es lícita para los bancos, pero que obliga a los mismos a deducir el importe financiado en su declaración de capital regulatorio. Esto no afecta al patrimonio neto, pero la ratio de capital se ve modificada a la baja.

Fuentes internas del Popular consultadas por Diario16 reconocen que cabe la posibilidad de que se haya financiado la inversión en acciones de la ampliación de capital y que los sistemas del banco no lo detectaran. Eso es posible considerando que el Popular tenía 1.700 oficinas abiertas cara al público y millones de clientes, a lo que se añade que, en la ampliación de 2012, los clientes que invirtieron habían ganado mucho dinero.

Las mismas fuentes señalan que pudiera haber existido presión de algunos clientes para que se les financiase la compra de acciones, por lo que es descartable que los directores de sucursal presionasen a los clientes para que suscribiesen acciones, tomando un crédito para ello. Hay que pensar que en ningún caso cabe la coacción, dado que el cliente voluntariamente toma el crédito (se va al Notario) y voluntariamente compra las acciones con cargo a dicho crédito. Además, salvo en un caso, los clientes que declararon son empresarios que conocen perfectamente los riesgos que toman.

Se trataría en ese caso, una vez más, de una actividad permitida a los bancos y, en el peor de los casos, una posible irregularidad administrativa si esa financiación, que tendría que ser ad hoc, no se hubiese descontado del cómputo del capital regulatorio, cuyo impacto no era significativo, porque para tener que ser descontada, el Banco de España exigía que la financiación naciese con la compra de las acciones, es decir, si un cliente utilizaba una cuenta de crédito que ya tenía abierta previamente y compra acciones con cargo a esa póliza, en ese caso no hay obligación de descontar nada. ¿Por qué? Porque por naturaleza una cuenta de crédito es de libre disposición para atender las necesidades de financiación circulante de una empresa que puede disponer de la misma para comprar acciones y puede, a continuación, pasados días o semanas, rebajar la cuenta ingresando el resultado de la venta de sus productos. Este es el funcionamiento normal de un banco comercial, nada tiene de ilegal, ni de irregular.

En resumen, la financiación de las propias acciones es una actividad legal, permitida a los bancos, que hay que deducir del capital regulatorio sólo en el caso de que dicha financiación nazca con la adquisición de las acciones. Tiene poco sentido que un banco financie sus acciones si su colocación la tiene asegurada por un tercero, como es el caso. La clientela, en ocasiones, puede tener interés en suscribir acciones a un precio de oferta, como el caso de la ampliación de 2016, y cabe también, sin existencia alguna de «trama de clientes rentables», que alguna oficina aislada tomase la decisión de incrementar la financiación del circulante de esas empresas para facilitar la suscripción de acciones. En caso de impago, el banco no tiene como garantía las acciones del propio Banco, que tendría que vender o amortizar, sino los bienes del cliente. Por tanto, ni trama, ni nada ilegal.