Banco Popular: Los inspectores del BCE tendrán que volver a declarar en la Audiencia Nacional

A lo largo de la semana pasada, las declaraciones de dos inspectores del Banco Central Europeo han causado cierto revuelo tanto entre los afectados del Caso Banco Popular como entre determinadas defensas y acusaciones. En este caso, algunas han aplaudido lo señalado por los inspectores porque piensan que esto justifica el archivo de su causa. Otras, según han confirmado a Diario16 distintas fuentes, están planteando solicitar al magistrado José Luis Calama Teixeira que vuelva a llamar a declarar a estos dos inspectores porque consideran, tanto defensas como acusaciones, que lo indicado en las testificales en muchos casos fueron muy ambiguos y no se profundizó en los temas por los que fueron interrogados y porque, en algunos términos, lo señalado entraba en clara contradicción con la documentación que obra en poder del juez.

Sin embargo, además de la ambigüedad y de las contradicciones, lo que más ha llamado la atención de la declaración de los inspectores, según indican las fuentes consultadas, es que aquéllos parecen haber olvidado lo que, acreditado con documentos, en su día informaron los dos peritos del Banco de España.

Por otro lado, también sorprende que estos dos inspectores fueron los que inspeccionaron al Popular desde dentro del banco y entonces no hicieron ningún tipo de salvedad, ni recriminación, ni propusieran sanción alguna si las irregularidades que ahora dicen que detectaron eran tan graves. Esta es, precisamente, otra de las contradicciones más graves que encuentran tanto las defensas como las acusaciones puesto que, a su parecer, las declaraciones denotan una incoherencia absoluta entre lo afirmado y sus propios actos, además de con la documentación que obra en poder del juez, documentación que parece haber olvidado.

Lo que sí queda claro es que el Caso Popular se vuelve a poner «interesante» tras estas declaraciones de los inspectores del BCE. Las mismas fuentes interpretan que en los próximos días habrá más movimientos porque lo que realmente ocurrió con el Banco Popular está en los autos y sólo hace falta profundizar en la instrucción, investigación y contraste de los documentos que están incorporados a la causa.

Hay que recordar que Diario16 ha presentado miles de folios de documentación que, próximamente, publicaremos en su totalidad.

El propio BCE se saltó sus normas en el Caso Popular

Uno de los puntos en los que se centró la declaración de los inspectores del BCE fue en que el Popular, en lo referido a las provisiones, no siguió la reglamentación europea.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un hecho: fue el propio BCE quien se saltó sus propias normas en la resolución del entonces sexto banco de España para que cayera en manos del Santander a precio de saldo.

En los documentos aportados tanto por este medio de comunicación a la Audiencia Nacional como otros que están incorporados a la causa se encuentran los escritos remitidos por entre el Banco de España y el Banco Central Europeo. El primero remitió la solicitud de liquidez extraordinaria (ELA, por sus siglas en inglés) el día 5 de junio de 2017 por la mañana.

El día anterior se habían presentado colaterales por un importe de 15.402 millones de euros. El mismo 5 de junio de 2017 Banco Popular recibió 1.900 millones y se marcó como fecha de devolución (o maduración) el 14 de junio así como las condiciones.

La situación de liquidez a la que la gestión de Emilio Saracho había llevado al Popular provocó que se continuara solicitando una ampliación de la ELA, y ese mismo día 5 fue concedida una línea de liquidez de emergencia hasta 9.500 millones, situando en un segundo email del Banco de España al BCE el 21 de junio para su devolución. Este plazo dejaba abierta la posibilidad de una solución por parte privada que, tal y como hemos publicado junto a documentos en diferentes ocasiones en Diario16, era cierta y existía.

La respuesta enviada por el BCE se saltó sus propias normas: «El Consejo de Gobierno no provee ELA ni adopta decisiones sobre la provisión de ELA a entidades de crédito concretas. Su papel se limita a evaluar si la provisión de ELA en casos específicos interferiría en los objetivos y tareas de SEBC [Sistema Europeo de Bancos Centrales]. Como se expresa en la evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad, el BCE no presentó objeciones a la prestación de ELA a Banco Popular».

Es cierto que el BCE no presentó objeciones a la prestación de ELA. Sin embargo, el supervisor, cambió las condiciones del Banco de España, reduciendo la devolución de la ELA al día 8 de junio. Con esta decisión que excedió sus propias funciones, asfixiaba financieramente al Banco Popular dejando paso a la resolución, sin abrir las posibilidades de ampliación de capital que ya existían a través de las ofertas presentadas, entre otros, por Barclays y Deutsche Bank.

Hasta la resolución salieron un total de 21.176 millones de depósitos, siendo los días 5 y 6 de junio cuando se produce una fuga de un 46,63% por un importe de 9.875 millones.

Por tanto, ¿causa-efecto comienzo del procedimiento de resolución y salida masiva de depósitos? Eso es lo que indican las argumentaciones de algunas instituciones públicas que extraen sus depósitos en estos dos días, matizando dichas extracciones por el miedo a poder perder la totalidad del dinero en las cuentas al ser importes superiores a los 100.000 euros, cantidad garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos.

El BCE explicó y matizó las reglas de juego en la concesión de líneas de liquidez de emergencia y puso el acento sobre los Bancos Centrales Nacionales, tanto para la concesión como para la devolución.

La concesión de ELA queda supeditada a la solvencia de la misma entidad y el importe está condicionado por aquélla. En consecuencia, la concesión máxima de 9.500 millones reconoció implícitamente que Banco Popular disponía de una solvencia extraordinaria y que, por tanto, si se llegó a la inviabilidad fue por las maniobras para que no llegara la totalidad de liquidez de emergencia aprobada.

En esa disposición a la concesión de líneas de liquidez, y excediendo sus propias capacidades, el BCE especificó el día 8 de junio como fecha de devolución de la liquidez otorgada, marcando, por tanto, la existencia del Banco Popular hasta el día de antes, el día 7 de junio del 2017. Esta decisión fue tomada el día 5 de junio.

«¿La decisión del BCE es porque sabía de la existencia de un interesado en quedarse con el Banco Popular, o bien fue una improvisación sin saber los riesgos que asumía solicitando la devolución de la ELA concedida y otorgada? No creo que el BCE actúe desde la improvisación, y todo hace sugerir que fue una estrategia por la que no asume ningún riesgo y sabía las consecuencias de la decisión tomada», afirma una denuncia presentada ante la Fiscalía Europea, a la que Diario16 ha tenido acceso.

En otro orden, la misma precipitación de la JUR en finalizar la resolución provocó que, posteriormente, reconociera que podía mejorarse el procedimiento de resolución ante situaciones de problemas de liquidez, como, por ejemplo, la moratoria, aprobada legalmente para poder implantarse durante los dos días siguientes al comienzo de una resolución y la creación de un fondo mayor de recursos para atender las salidas de depósitos.

Las idas y venidas de la instrucción de Calama

Sin querer entrar a decirle al juez Calama cómo debe o no debe realizar su trabajo, la realidad es que entre las defensas y determinadas acusaciones se está instalando en desconcierto por las idas y venidas del magistrado hacia asuntos que, en teoría, no fueron la causa de la resolución y de la ruina de 1,2 millones de personas.

Los peritos del Banco de España fueron contundentes cuando afirmaron en su informe que la única causa de la resolución de Banco Popular fue la crisis de liquidez provocada a partir del segundo trimestre de 2017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho.

Entonces, si los expertos señalan cuál fue la causa, ¿por qué el juez Calama no se centra en investigar este asunto? ¿Por qué el magistrado no profundiza en las irregularidades cometidas por la JUR y el FROB? ¿Por qué no insta a que tanto el BCE como la Junta Única de Resolución den acceso a los documentos clave de la resolución que mantienen ocultos? ¿Por qué no investiga más profundamente en el hecho de que la subasta por la que el Santander se llevó al Popular por un euro estaba quebrada ya que no se cumplieron los plazos establecidos? ¿Por qué no investiga la razón por la cual la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, autorizó la fusión por absorción, lo que generó la pérdida de personalidad jurídica del Popular, cuando había miles de procedimientos judiciales en curso?

Todos estos asuntos son fundamentales para esclarecer lo que realmente ocurrió. Las presuntas responsabilidades penales de los imputados en esta causa deben ser investigadas, claro que sí, y si durante las dos etapas se cometieron irregularidades, hay que instruir, evidentemente. Sin embargo, ¿por qué, mientras abre una pieza separada relacionada con la financiación de acciones en la ampliación de capital, Calama no lo hace también en relación con la presunta utilización de información privilegiada por parte de las administraciones públicas o en referencia a los movimientos de Emilio Saracho tras la presentación de los resultados del primer trimestre de 2017?