domingo, 26junio, 2022
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Banco Popular: los argumentos falsos presentados por la Abogacía del Estado para defender los intereses del Santander

De cara a la sentencia del TGUE del próximo 1 de junio,, la Abogacía del Estado, en su afán para defender la operación del Banco Popular, llegó a señalar en sus alegaciones a las demandas de los afectados que no existieron alternativas del sector privado cuando sí hubo ofertas para ampliar capital y para comprar activos no estratégicos

Esteban P. Cano
Escritor y Periodista de investigación
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análisis

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Tal y como hemos publicado y demostrado documentalmente en Diario16, la Junta Única de Resolución (JUR) infringió el Reglamento 806/2014 y la Directiva 2014/59 e incurrió en un error manifiesto de apreciación, ya que no se cumplían los requisitos para adoptar el dispositivo de resolución.

Banco Popular tenía un problema de liquidez, y no de solvencia, no estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo, como señala el Reglamento.

Además, no cabía acudir al dispositivo de resolución por un problema de liquidez, ya que existían soluciones alternativas más proporcionadas, como las ofertas de ampliación de capital de Deutsche Bank (2.000 millones garantizados + 2.000 a captar en el mercado y la de Barclays Bank (mismas condiciones).

Oferta Deutsche Bank Ampliación de Capital
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A esto hay que añadir las ofertas recibidas para la venta de activos no estratégicos que estaba recogido en el Plan de Capital aprobado el 10 de abril de 2017 por el Consejo de Administración. Värde ofreció 3.500 millones por WiZink y el banco chileno BCI, tenía una oferta firme para comprar TotalBank por 540 millones de dólares. Emilio Saracho reconoció en el Congreso de los Diputados que estaba dando largas para ver si «el chileno pagaba más».

Oferta Barclays ampliación de capital

Medidas de intervención temprana

La adopción de medidas de intervención tempranas hubiera permitido restablecer la confianza, la estabilidad y el valor de Banco Popular. En consecuencia, no se cumplió lo indicado en el Reglamento 806/2014 por que no se justificó que no fuera posible recurrir a medidas de intervención tempranas o a medidas del sector privado.

Por otro lado, la aportación urgente de los 9.500 millones de liquidez a Banco Popular habría permitido solucionar los problemas de la entidad.

Oferta compra WiZink – Värde

La aportación urgente de liquidez hubiera permitido la aplicación de otras medidas de naturaleza privada, como la venta de activos. Por otro lado, la JUR hubiera podido conceder un préstamo a Banco Popular a través del FRU, según queda recogido en el Reglamento 806/2014, para lograr así llegar hasta el cierre de los mercados el viernes 9 de junio de 2017.

La resolución no fue interés público

El interés público no exigía la adopción de una decisión tan drástica, al existir medidas más proporcionadas que hubieran puesto remedio a la crisis de liquidez y evitado la confiscación de los derechos de propiedad de los afectados lo que incumplió nuevamente el Reglamento 806/2014.

En otro orden, y no menos importante, la JUR nunca ha explicado por qué el instrumento de venta del negocio era la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de la resolución, salvo que, evidentemente, el objetivo final fuese entregarlo por un euro al Santander.

Carta oferta BCI por TotalBank

Sánchez y el Estado español: los mejores paladines del Santander

Tanto en la Antigüedad Clásica como en la Edad Media muchos reyes dirimían sus diferencias en lo que se llamaron «combates singulares», donde el mejor guerrero o paladín de cada bando se enfrentaban en una lucha a muerte representando a su reino.

Eso es lo que está ocurriendo en el Caso Popular. El Santander, como sabe que en los tribunales europeos no hay jueces sumisos a su influencia como ocurre en España, ha sacado a otro paladín: el Estado español, con su Abogacía al frente, de la que el responsable último es Pedro Sánchez. ¿Este apoyo del Estado es el precio a pagar por el apoyo de Ana Patricia Botín a las medidas del Gobierno?

Según un informe del Tribunal General de la UE (TGUE) al que ha tenido acceso Diario16, la Abogacía del Estado señala, en primer lugar, que fue el Consejo de Administración del Popular comunicó al BCE, mediante carta de 6 de junio de 2017, que el banco estaba en situación de inviabilidad. Esto es cierto, pero olvida que ese documento fue enviado después de una reunión en la que se produjeron coacciones y engaños, tal y como refleja el acta notarial de Ruiz Sacristán.

El Estado español señala que el BCE evaluó si concurría uno de los requisitos del Reglamento 806/2014 con independencia de las razones o las circunstancias que llevaron a que Banco Popular estuviera en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo.

Por otro lado, la Abogacía del Estado sostiene que la JUR no debía valorar otras medidas que califica de «meramente hipotéticas», sino únicamente aquellas que desde una perspectiva razonable y atendiendo al calendario y las circunstancias eran realmente posibles.

Para resaltar su argumentación, el Estado español enumera diferentes motivos por los que resultaba patente la ausencia de medidas alternativas del sector privado. Tal y como hemos señalado anteriormente, sí que había opciones del sector privado. Sin embargo, la Abogacía del Estado considera que no podía llevarse a cabo una ampliación de capital por la falta de tiempo y que esta no hubiera servido para poner remedio al problema de liquidez.

Por lo que se refiere a la provisión urgente de liquidez, la Abogacía del Estado afirma que este instrumento es competencia de los bancos centrales nacionales y que el Banco de España, tras una primera provisión urgente de liquidez a Banco Popular, no pudo otorgar otra en el plazo previsto.

Esto tampoco es cierto, puesto que, en una decisión sorprendente, el BCE modificó las fechas de caducidad de las líneas de liquidez para el 8 de junio de 2017, un cambio que ni siquiera un banco sin problemas de liquidez pudiera podido afrontar. Por otro lado, la Abogacía del Estado señala que una provisión urgente de liquidez adicional no hubiera permitido la adopción de otras medidas, como una ampliación de capital. Esto también es falso, puesto que había, al menos, dos ofertas firmes y la posibilidad de vender activos no productivos.

España tiene un problema muy serio si la Abogacía del Estado necesita utilizar argumentaciones de este tipo para salvar los intereses del Santander y no colocarse en la defensa de los intereses del pueblo.

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5 Comentarios

  1. Es la mayor ESTAFA cometida desde el poder para mantener los PRIVILEGIOS DE LA CLASE DOMINANTE.
    ES LA COVERTURA LEGAL DE UNA DICTADURA.
    YA SABEMOS QUE EL 1 DE JUNIO LA SENTENCIA YA ESTÁ ESCRITA HACE MUCHO TIEMPO. NO SE PORQUE ESPERAR AL 1 DE JUNIO ALGO QUE TODOS SABEN: NO HA HABIDO INVESTIGACIÓN, TODO HA SIDO UNA MERA BURLA.
    ROBARON EL DINERO AL PUEBLO PARA DARSELO A LOS RICOS Y ASÍ ESTAMOS EN ESTA ASQUEROSA ESPAÑA.

  2. en the objetive se expone mas ampliamente la defensa de angel Ron.
    no fue solo sacristan quien declaro ante notario que fue una encerrona la reunion del consejo,fueron 6 consejeros

    Caso Popular: los correos y actas que revelan irregularidades en la liquidación del banco
    https://theobjective.com/espana/2022-05-23/caso-popular-consejeros-liquidacion/

    «Al menos seis consejeros del Banco Popular manifestaron ante notario presuntas irregularidades en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración -de junio de 2017- en la que se acordó la declaración de inviabilidad de la entidad, que acabaría siendo adquirida meses después por el Banco Santander a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de más de 11.000 millones de euros. Así consta en los nuevos escritos que el expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha presentado ante la Audiencia Nacional, y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, para intentar demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho, quien le sucedió en el cargo a finales de 2016.

    La defensa de Ángel Ron solicitó el pasado jueves a la Sala de lo Penal que inste al juez instructor del caso Banco Popular, José Luis Calama, a investigar las actas de manifestaciones entregadas ante notario por los exconsejeros, así como una serie de correos electrónicos intercambiados entre responsables de la entidad presidida entonces por Saracho y asesores legales externos, pertenecientes al despacho Uría Menéndez. Según la versión de Ron, esos documentos acreditarían que al menos desde el 1 de junio de ese año, y presuntamente a espaldas de varios consejeros de la entidad, «ya se estaba preparando el posible escenario de una resolución (de la entidad), elaborando una ‘concreta propuesta de actuación’ y una ‘Nota’ sobre el concepto de inviabilidad» .»

    En un primer escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, la defensa de Ron aludía a un acta de manifestaciones que el fallecido exconsejero del Banco Popular Jaime Ruiz Sacristán entregó ante notario el 3 de agosto de 2017 y en el que «se exponen las presuntas irregularidades de la reunión convocada por el señor Saracho el 6 de junio de 2017, y celebrada el mismo día, por la que se les ‘requirió’ de forma ‘urgente’ para aprobar la declaración de inviabilidad de la entidad financiera».

    Irregularidades en la resolución del Popular
    En el acta entregada ante notario, Ruiz Sacristán manifestó que en la citada reunión del Consejo «únicamente se discutió acerca de los problemas de liquidez por los que estaba atravesando el Banco con motivo de la retirada masiva de depósitos en las semanas anteriores». «Dicha iliquidez (sic) estaba generando una situación potencial de riesgo de que el día 7 de junio de 2017 y siguientes el Banco no pudiera hacer frente a sus principales obligaciones y se explicó que era necesaria la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco Español para tratar de frenar la fuga masiva de depósitos», indicaba Sacristán en el acta denunciada ante notario.

    A la citada reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco Popular algunos de los consejeros acudieron presencialmente mientras que otros, entre ellos Ruiz Sacristán, asistieron por teléfono. Durante esa reunión estuvieron presentes dos letrados del despacho Uría Menéndez que dieron lectura a una carta que iba a ser enviada al BCE para declarar la inviabilidad o iliquidez del banco, según los escritos presentados por los abogados de Ángel Ron.

    ««El envío de la carta al BCE, según refirieron tanto el Presidente del Consejo de Administración del Banco como los abogados externos que intervinieron en dicha reunión, era una obligación legal de todos los Consejeros en términos meramente informativos, pero que ello no implicaba, en modo alguno, que se estuviese solicitando la resolución del Banco«, señala el acta notarial aportada por Ruiz Sacristán al juzgado en 2020 y que la defensa de Ángel Ron pide ahora investigar.»

    OJO A LO QUE VIENE AHORA

    «Seis consejeros del Popular denunciaron lo mismo
    Según Ron, otros cinco exconsejeros de la entidad (José María Arias, Reyes Calderón, José Ramón Estévez, Helena Revoredo y Vicente Tardío) depositaron ante la notaría Luis Pérez–Escolar Hernando un acta de manifestaciones en «idéntico sentido» a la aportada por Ruiz Sacristán. Es decir, alegaban que durante el Consejo celebrado el 6 de junio no se planteó a los consejeros el escenario de la resolución del banco, sino la declaración de inviabilidad mediante una carta al BCE para intentar solventar los problemas de liquidez de la entidad. Esto a pesar de que, siempre según la versión de la defensa de Ángel Ron, la resolución del banco «ya se llevaba preparando en los días previos y era una consecuencia con la que contaban el señor Saracho y su equipo gestor, lo que parece que no fue transmitido claramente a los consejeros, sino solo un problema coyuntural de liquidez».»

    NO FUE SOLO SACRISTAN ,OTROS CINCO CONSEJEROS DENUNCIARON LO MISMO QUE SACRISTAN ANTE NOTARIO ,INCLUIDA REYES CALDERON

    Los abogados de Ángel Ron pidieron en marzo al juez José Luis Calama que investigue las circunstancias expuestas en el acta de manifestaciones de Ruiz Sacristán y, en particular, la de que «ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el Presidente (…) explicaron, advirtieron o aclararon a los señores consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al BCE podían tener». Ese escrito del difunto exconsejero iba acompañado de diversos e-mails que presuntamente demostrarían irregularidades en la celebración del Consejo que sirvió para acordar la resolución del banco.

    Los ‘e-mails’ que Ron pide investigar

    En esos correos electrónicos entre Ruiz Sacristán y el entonces secretario del Consejo de Administración de la entidad, Joaquín Hervada, se exponen ponen de manifiesto diversas irregularidades, según la defensa de Ángel Ron. Entre otras cuestiones, correos electrónicos que ahora Ron pide investigar al juzgado revelan que no fue hasta el 28 de junio cuando a los consejeros se les remitió un acta parcial (no completa) de la reunión del Consejo de Administración del Banco celebrada el 6 de junio». Además, no se habría identificado a los letrados del despacho Uría Menéndez que estuvieron presentes en la reunión junto a Saracho y que leyeron -pero no dieron por escrito- un borrador de la carta «previamente confeccionado» que se enviaría al BCE indicando que la entidad estaba en una situación que se concretaba en la expresión inglesa «likely to fail».

    Extracto del escrito enviado por Ángel Ron a la Audiencia Nacional el pasado 8 de marzo
    En un escrito de 36 páginas enviado al juez Calama el pasado 8 de marzo, la defensa de Ángel Ron solicitaba toda una batería de diligencias que considera trascendentales, «pertinentes y útiles» para el ejercicio de su defensa y para demostrar que tras su cese, y durante la presidencia de Saracho, la resolución del banco pudo evitarse. Entre otras, solicitaba incorporar a la causa todos los e-mails y comunicaciones internas que acreditarían que la dirección del Banco Popular y sus asesores legales externos maniobraron en los días previos a la reunión extraordinaria del Consejo y fueron abonando el terreno para que se acabase aprobando la resolución de la entidad en lugar de buscar alternativas a los problemas de liquidez que sufría como consecuencia de la drástica caída del valor de sus acciones.

    El objetivo de esas diligencias solicitadas es comprobar si los consejeros del Popular fueron informados adecuadamente del significado y trascendencia de los acuerdos adoptados en el consejo celebrado el 6 de junio de 2017, especialmente sobre la declaración de inviabilidad del banco. Sin embargo, en un auto fechado el pasado 11 de mayo, el juez Calama rechazó las peticiones del que fuera presidente de la entidad asegurando que las mismas se excedían de los hechos en los que indaga en esta causa.

    RON RECURRE LA NEGATIVA DEL JUEZ A INVESTIGAR LOS CORREOS

    Ron recurre la negativa del juez a investigar los correos
    El juez instructor, que hizo suya la posición de la Fiscalía al respecto, señalaba en su auto que la finalidad de las diligencias propuestas por el abogado de Ron no son de utilidad ni necesarias por no formar parte del objeto de la investigación. Esto a pesar de que en otro auto del 8 de abril de 2021, el propio juez Calama dijo que no procedía al archivo de las actuaciones solicitado por Emilio Saracho al entender que aún debían practicarse nuevas diligencias para determinar si durante la «etapa Saracho» se podría haber incurrido en un delito de administración desleal o de manipulación del mercado. La defensa de Ron entiende que la resolución del banco es el núcleo de la cuestión.

    LOS EMAILS EN CUESTION QUIEN QUIERA VERLOS ESTAN EN LA
    PAGINA DE ESTE ARTICULO

    Ante la negativa del magistrado, el pasado jueves el expresidente del Banco Popular Ángel Ron presentó un recurso de apelación de once páginas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que inste al juez Calama a practicar una batería de diligencias destinadas a comprobar si la declaración de inviabilidad de la entidad «era evitable». Entre otras, pide que se solicite a la notaría Luis Pérez–Escolar Hernando las actas de manifestaciones en los que otros cinco consejeros, al margen de Ruiz Sacristán, denunciaron irregularidades en la celebración de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración del banco en la que se aprobó la resolución de la identidad sin haber sido informados apropiadamente de que eso era lo que se estaba solicitando al BCE.

    A juicio del Ministerio Púbico, al solicitar estas nuevas diligencias, la intención de Ron era únicamente la de introducir en la causa un nuevo hecho como objeto de investigación que, a su juicio, no procedía. «Si lo que cuestiona y pretende con las diligencias propuestas es investigar el acto de resolución y venta del banco, este hecho está excluido del objeto de investigación de estas diligencias», recordaba Fiscalía.

    Sin embargo, la representación de Ron incide en que «no puede dudarse de la trascendencia de las diligencias solicitadas, cuya denegación produce efectiva indefensión a esta parte, que no puede, por sus propios medios y sin auxilio del Juzgado, disponer de la información necesaria para acreditar hechos relevantes que pueden demostrar que la resolución del banco se debió a causas producidas a partir de la Presidencia» de Saracho.

    Así, y en contra de lo sostenido por magistrado y el Ministerio Público, su letrado aduce en su recurso de apelación que las diligencias propuestas «son pertinentes y útiles, al referirse a las circunstancias en las que los consejeros firmaron la declaración de inviabilidad, previa a la resolución de la entidad, cuyo esclarecimiento resulta relevante para determinar la imputación objetiva del daño sufrido por los accionistas».

    ESTE ARTICULO DEMUESTRA QUE SARACHO ACTUO DE EPALDAS AL CONSEJO PARA CONSEGUIR LA RESOLUCION DEL BANCO ,COMPINCHADO CON URIA MENENDEZ Y QUE CALAMA SE NIEGA A ADMITIRLO TENIENDO 6 MANIFESTACIONES DE CONSEJEROS ANTE NOTARIO QUE LO CONFIRMAN .

    CLARO MERIDIANO ,SIEMPRE SE HABLA SOLO DE SACRISTAN ,ES
    INEXPLICABLE LA DECISION DE CALAMA

    • se esconden
      los nombres de los representantes de uria menendez que estuvieron en la reunion ,porque?
      los consejeros que no declararon que fue una encerrona para resolver el banco ,
      sospechosos de complicidad con saracho?
      interesante del valle a traves de sacristan y calderon fueron al notario a denunciar lo ocurrido ,lo hizo calderon para disimular o porque era un peon de del valle ,es decir no participo en el plan de saracho sino en el plan de del valle del principio.
      y Calama que esta haciendo y porque?

  3. Una buena noticia al fin ,A la OMS le han parado los pies ,rechazadas todas las propuestas que querian convertir la OMS en una dictadura sanitaria.
    transpasando la soberania de todos los paises a la oms que se convertiria en una dictadura sanitaria de caracter privado a las ordenes de BILL GATES y la BIG PHARMA
    la plandemia paradojicamente ha sido una vacuna contra la esclavitud globalista en la que estabamos cayendo.
    los justos empiezan a ganar posiciones en el mundo frente a los corruptos que nos quieren robar (te robaremos lo que tienes y seras feliz) y disminuir la poblacion mundial.
    claro esto no sale en las noticias ,nos hemos salvado por los pelos ,12 propuestas presentadas por BIden rechazadas

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