Banco Popular: los abogados del Santander, claves en la puesta en marcha de la resolución

El 3 de junio de 2017 fue un día clave para la resolución del Banco Popular, puesto que, en una reunión convocada por la JUR a través de un correo electrónico cifrado y dirigido al presidente del FROB, Jaime Ponce, se aprobó, entre otras cosas, el cronograma del proceso de resolución y de venta de la sexta entidad financiera de España en las mismas condiciones que se encontraban en el Proyecto Neptuno aprobado en el mes de mayo por el Consejo de Administración del Santander.

Teniendo en cuenta la documentación aparecida en estas últimas semanas, y la publicada por Diario16 en los primeros meses de 2018, respecto a la intervención omnipresente de los abogados del despacho de cabecera del Santander, surge una duda: ¿también estuvieron presentes los letrados de Uría y Menéndez en esa reunión? Según diferentes fuentes consultadas por Diario16, estuvo presente un abogado de ese bufete que era quien coordinaba entre instituciones y el Banco Popular de cara a la resolución.

Distintos afectados personados en diferentes causas judiciales, tanto en España como en Europa, han preguntado al Banco Central Europeo y a la JUR sobre este hecho que es clave para entender que el Santander estaba monitorizando y controlando todos los movimientos previos a la resolución y a la venta. Estos organismos europeos no han confirmado ni desmentido sobre la presencia de Uría y Menéndez en la reunión del 3 de junio. Diario16, por su parte, se ha puesto en contacto con el FROB para conocer si hubo representantes del despacho en un encuentro que fue clave, respondiendo que «se trata de cuestiones sujetas a procedimientos judiciales, y no realizamos comentarios sobre asuntos judicializados».

Esta negativa de las instituciones que estuvieron presentes en dicha reunión a desmentir o a confirmar el hecho es la que da verosimilitud a la información recibida.

Esto es fundamental, puesto que, según el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, en la reunión del Consejo del 6 de junio, se presentó una carta pre redactada en inglés para enviar al Banco Central Europeo y que, en realidad, fue el único documento que se envió al supervisor financiero de la Eurozona.

La omnipresencia de Uría y Menéndez en todo el proceso es clave. La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que declararon en la Audiencia Nacional coincidieron en que hubo cierta coacción por parte de Emilio Saracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución. La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a las consecuencias» ha resonado en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia. Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casos el mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción.

Sin embargo, la declaración que provocó un verdadero terremoto fue la del recientemente fallecido Jaime Ruiz Sacristán, quien afirmó que no estaba de acuerdo con la declaración de inviabilidad porque el banco era solvente, que el procedimiento de resolución era inaudito y que un abogado de Uría habló en el Consejo el día de la resolución, advirtiendo de las consecuencias de no declarar la inviabilidad. Estos hechos no aparecen en el acta parcial de la reunión del Consejo del 6 de junio, como otras muchas intervenciones de otros consejeros que fueron obviadas. De esta declaración podemos deducir una cierta coacción para votar a favor de la inviabilidad.

Todo lo que declaró el representante mexicano al juez Calama Teixeira quedó reflejado en un acta notarial fechada el día 2 de agosto de 2017, es decir, apenas dos meses después de la resolución y venta por un euro al Santander del Banco Popular.

A esto hay que añadir, además, las declaraciones en sede judicial de Emilio Balado, exdirector general de Comunicación de la sexta entidad financiera de España, quien, por ejemplo, afirmó que todas las comunicaciones del banco debían ser supervisadas por Uría y Menéndez, el despacho de cabecera del Santander, cuyos letrados, por ejemplo, estuvieron presente en la redacción de las actas de la venta del Popular en una notaría del Paseo de la Habana.

Esta obligación impuesta por Saracho de que las comunicaciones fueran siempre supervisadas por Uría y Menéndez es el hecho que introduce al Santander en la ecuación de la operación. ¿Qué pintaban estos abogados del bufete de cabecera del banco presidido por Ana Patricia Botín en un Consejo de Administración del Popular o en la reunión con el FROB y la JUR para iniciar el Proyecto Hipócrates? Se trata del mismo despacho que horas más tardes de haberse declarado inviable a la entidad estaba redactando las actas notariales de la venta por un euro.