Banco Popular: Lazard sí mantuvo conversaciones con bancos extranjeros

Una de las documentaciones más reclamadas por los abogados, jueces y por los afectados de la resolución y venta del Banco Popular es la que se refiere al proceso seguido en la subasta que terminó con la sexta entidad financiera de España en mano del Santander por el precio simbólico de un euro. Pero, ¿realmente qué ocurrió? Esa información se encuentra en manos del FROB y de la JUR y, de momento, sólo se ha hecho pública en su versión censurada, en la que se ocultan datos cruciales que afectarían a los intereses comerciales del Santander.

No obstante, este punto es crucial para determinar la legalidad de la operación porque si se produjo algún tipo de irregularidad, quiere decir que todo el proceso es nulo y, por tanto, el Santander se estaría beneficiando de un banco que compró a través de un proceso presuntamente ilegal.

Uno de los puntos que más sorprende es que, en un mundo global, se cerró la puerta a que entraran en el proceso de venta entidades extranjeras como Barclays Bank, Deutsche Bank, BNP, HSBC o Bank of America, por citar algunos de los que hubieran podido tener un fuerte interés en entrar o retornar al mercado financiero español.

El proceso no tuvo ningún tipo de transparencia ya que sólo se permitió que participaran los bancos que intervinieron en el proceso privado de venta iniciado por Saracho y que estaba gestionando JP Morgan.

Fue Lazard, el banco de inversión presidido por Jaime Castellanos (amigo, confesor, familiar y mentor de Ana Patricia Botín) quien informó de que no había ningún interés por parte de la banca extranjera para entrar en ese proceso de venta y, a partir de ahí, se decidió no comunicar que el Popular iba a ser resuelto y que se abriría un procedimiento de subasta. Sin embargo, esto fue desmentido en un informe de Barclays en el que se afirmaba que el Popular era un banco atractivo para una ampliación de capital porque era capaz de generar beneficios, tal y como publicamos en Diario16.

Sin embargo, Lazard sí que estuvo negociando con entidades extranjeras, tal y como se puede comprobar en la versión censurada por la JUR de su presentación en la que se ocultan los datos de los bancos con los que se mantuvieron esas conversaciones. Como se puede comprobar, tocaron todas las áreas y todos los mercados:

El hecho de que no incluyera a bancos extranjeros no tiene más explicación que las prisas para la resolución y la venta al banco presidido por Ana Patricia Botín. Abrir el proceso de subasta a entidades extranjeras hubiera supuesto un alargamiento de los plazos y, con seguridad, que el Santander no se hubiese hecho con el Popular ya que, tanto esas entidades citadas como el BBVA, hubiesen ofertado más de los 200 millones que el banco cántabro tenía como máximo, según se indicaba el documento del Proyecto Neptuno. En este aspecto hay que tener en cuenta que, seguramente, hubiera habido interés por parte de los mismos bancos que, a través de sus divisiones de inversión, presentaron ofertas para una ampliación de capital.

En una de las muchas demandas presentadas ante los tribunales españoles y europeos, se afirma que, la no autorización de la entrada de otros bancos violó el principio de competir en igualdad de condiciones contra el Santander, banco que «llevaba meses examinando la contabilidad y los activos del Banco Popular […] que estaba en mejor disposición de realizar una oferta con conocimiento de causa» y que había puesto el punto de mira en la sexta entidad española desde hacía años, tal y como reconoció Rodrigo Echenique en el Congreso de los Diputados.

La decisión de excluir a la banca extranjera contravino legislación europea en lo referente al acceso de empresas, en este caso bancos, de la UE a cualquier concurso o licitación celebrado en territorio europeo. Al fin y al cabo, una subasta de una entidad financiera tras una resolución es un proceso similar a un concurso público y las normas son las mismas.

El FROB, por su parte, ha justificado que sólo se convocara a las entidades que participaron en el proceso privado por la urgencia de la resolución y de la venta. Sin embargo, hubo accionistas que comunicaron al Banco de España que tenían intención de acudir a una ampliación de capital, para la que Saracho disponía de ofertas de Deutsche Bank o Barclays y había ofertas de venta de activos no estratégicos que hubiesen paralizado la crisis de liquidez. ¿De dónde venía la urgencia cuando el día en que se cerró el proceso de resolución y el calendario de la misma aún no se habían producido las salidas masivas de depósitos de las instituciones y organismos públicos?

Según diferentes despachos de abogados consultados por Diario16, al escudarse el FROB en la urgencia de la resolución y en la necesidad de proteger el sistema financiero europeo, la interpretación legal de cómo se adoptó la decisión de no convocar a bancos extranjeros no contravendría la legislación europea contra la competencia, pero sí el principio de transparencia puesto que, según confirma uno de estos bufetes, «no se cumplió con el requisito de transparencia exigido por reglamentos y directivas europeas. El resto de potenciales compradores nacionales o extranjeros no tuvieron siquiera acceso a ese procedimiento competitivo, existiendo una nula transparencia en cuanto a sus reglas y desarrollo. Se limitó arbitrariamente la participación en el mismo tan solo a las entidades que habían intervenido en el procedimiento privado de venta iniciado, poco antes, por la propia entidad. De hecho, la ausencia de resultado satisfactorio de este previo proceso privado debió haber movido a la Junta Única de Resolución a abrir el proceso competitivo a nuevos posibles compradores, como forma de maximizar el precio de venta».

Además, según informe de la JUR sobre el proceso de subasta sólo se presentó una oferta, lo que indica que el BBVA retiró su candidatura una vez que no le dieron más tiempo para analizar los datos de la Virtual Data Room cuando, en realidad, sí que se lo pudieron dar teniendo en cuenta que, en base al informe presentado por el Banco de España a la Audiencia Nacional, el Popular disponía de liquidez para abrir sus oficinas el día 7 de junio. Además, no se puede olvidar que, según declaró en la Audiencia Nacional Ana Patricia Botín, hubo una «comunicación formal» de la JUR en la que se les ampliaba el plazo, hecho del que nadie era conocedor y por el que el juez Calama Teixeira ha reclamado información sobre dicho procedimiento.