Banco Popular: las últimas revelaciones de Diario16 obligan a Sánchez, Iglesias y Calviño a intervenir

En el día de ayer, Diario16 publicó dos noticias de extrema relevancia que requerirían de una intervención urgente por parte de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y del propio presidente Pedro Sánchez, en referencia al Caso Banco Popular.

En primer lugar, este medio ha tenido acceso a un documento de la Junta Única de Resolución (JUR) en el que se demuestra, tal y como publicamos ayer, que Ana Patricia Botín no dijo la verdad en la Audiencia Nacional cuando se refirió a que Santander había presentado su oferta por el Popular fuera de plazo porque, en base a su declaración, recibieron una comunicación formal que alargaba la hora de presentación de ofertas. Sin embargo, la JUR reconoce en dicho documento que «tras haber examinado detenidamente su solicitud de acceso a los documentos enumerados en los puntos (1), (2) y (3) de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 y la Decisión sobre Acceso Público, lamento informarle de que la JUR no posee ningún documento que se corresponda con la descripción que figura en su solicitud».

Es un asunto muy grave que la presidenta de una entidad sistémica como el Santander haya mentido en sede judicial y que debe tener una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Asuntos Económicos.

Por otro lado, Diario16 publicó ayer cómo el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) obligó a la JUR a que provisionara el dinero suficiente para hacer frente al pago de posibles indemnizaciones a los afectados, decisión que abre una nueva esperanza para los afectados del Banco Popular puesto que, si se están reclamando que se provisionen esas cantidades, quiere decir que no es segura la victoria de la JUR y que, una vez más, la Justicia llegue de Europa mientras en España se alargan los plazos sin dar una solución a los afectados y sin buscar a los verdaderos presuntos culpables.

Inacción Sánchez y Calviño en el Caso Popular

Sin embargo, en España no se está haciendo nada y dos noticias publicadas en base al contenido de documentos oficiales tendrían que hacer reaccionar tanto a Sánchez como a Calviño, puesto que, desde que llegaron al poder tras la moción de censura de 2018 no han movido un dedo en el Caso Banco Popular. Más bien al contrario, han colocado al Estado español en una situación de grave riesgo reputacional y poniendo en peligro miles de millones de euros de dinero público.

La decisión de Nadia Calviño de aprobar la fusión por absorción del Popular y la posterior eliminación por parte del Santander de la naturaleza jurídica de la entidad puede tener unas consecuencias absolutamente desconocidas en la historia de España porque en una operación privada puede conllevar la responsabilidad directa del Estado a la hora de indemnizar a los afectados y, según ha tenido conocimiento Diario16, ya se estarían preparando reclamaciones judiciales.

Nadia Calviño se precipitó a la hora de aprobar la fusión, una acción que, tal vez, pudiera ser el último homenaje al pernicioso legado de Luis de Guindos. Mientras el Caso Banco Popular se está instruyendo tanto en Europa como en España, en litigios en los que se están dirimiendo desde las responsabilidades penales de consejeros y directivos, además de la anulación de la operación por la cantidad de irregularidades existentes, y un arbitraje internacional contra España interpuesto por el accionista mexicano Antonio del Valle, a la ministra de Economía no se le ocurrió otra cosa que aprobar la fusión por absorción, lo que provocó que el Popular se quedara sin personalidad jurídica.

¿Qué ocurrirá si la Justicia determina que la operación es nula? ¿Quién devolverá a los afectados su dinero? Y los trabajadores del Popular que fueron despedidos por el Santander, ¿qué ocurre con ellos? ¿Devolverá el banco presidido por Ana Patricia Botín todos los beneficios que ha obtenido del Popular en estos tres años y medio? ¿Y los créditos fiscales?

El hecho de que la subasta se hiciera fuera de plazo es causa de nulidad de toda la operación. Que la JUR haya negado la existencia de documentos que refrenden la ampliación del plazo al que se refirió Ana Patricia Botín en su declaración en la Audiencia Nacional es causa suficiente para anular la resolución y la posterior venta por un euro del Popular al Santander.

Una operación diabólica e «ilegal»

La operación fue ejecutada prescindiendo de los procedimientos legales, puesto que el no cumplimiento de los plazos conlleva la nulidad de la venta al Santander y de la pérdida del valor de las acciones por parte de los afectados porque se vulneró el principio de legalidad que vincula a la Administración para que pueda realizar aquello que la Ley le autoriza por interés público y siempre con escrupuloso respecto al procedimiento legalmente establecido.

Todas las administraciones públicas están sometidas al principio de legalidad que exige que todos sus actos estén ajustados al ordenamiento jurídico. Esto es un deber de la Administración del Estado que no se cumplió con la operación de venta del Popular al Santander, lo cual supone una falta del tipo más grave. Por esta razón, las causas de nulidad absoluta están sancionadas como infracción del tipo más grave y notorio que la Administración pueda cometer, y obligan a declarar necesariamente la nulidad del acto viciado, puesto que cuando un acto es nulo, lo es para todos los colectivos que puedan verse afectados sin necesidad de previa declaración de nulidad y desde la fecha en que el acto se dictó.

Además, conviene recordar que la nulidad absoluta o radical no puede ser sanada por convalidación posterior de la Administración, ni está sujeta a la prescripción de la acción por límite temporal alguno: es imprescriptible. El acto administrativo que nace nulo queda así durante todo el tiempo que produzca efectos, dado que el acto es siempre nulo.

En consecuencia, el documento de la JUR que niega la existencia documental que refrende la ampliación del plazo de la subasta es la prueba definitiva de, además del presunto falso testimonio de Ana Patricia Botín, la nulidad de toda la operación y, en consecuencia, la decisión adoptada por Nadia Calviño que no fue censurada por Pedro Sánchez coloca al Estado en una situación límite de la que ya veremos si puede salir indemne. 

Este escenario que se le abre al Ejecutivo viene siendo advertido por este medio desde hace años sin que ni Sánchez ni Calviño, ni Iglesias, que siempre se mostro contrario al intervencionismo del Banco Santander en la vida política, social, económica de este país, hayan hecho nada para evitarlo. Puede que aún estén a tiempo de remediarlo, sobre todo la vicepresidenta tercera porque, si no lo hicieran, si siguieran manteniendo su atonía frente al Caso Popular, los afectados buscarían responsables en el Estado y no en el Santander. Estamos hablando de varias decenas de miles de millones de euros que España tendrá que pagar por los errores, la inacción y la irresponsabilidad de Nadia Calviño y, por extensión, de Pedro Sánchez.