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Banco Popular: La Haya confirmará si hubo (o no) rescate del Estado al Santander

El arbitraje que se está dirimiendo en la capital neerlandesa determinará si es España quien tendrá que indemnizar a los afectados o no, lo que indicará claramente si la operación del Banco Popular fue un rescate encubierto al Santander

Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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análisis

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F.A.G. es un funcionario jubilado y afectado del Banco Popular y, preguntado por Diario16, ha afirmado que «a mí me da igual quien me pague lo que quiero es que me devuelvan mi dinero». Esta es la posición unánime de más de una veintena de antiguos accionistas minoritarios del Popular consultados por este medio.

No se trata de especuladores ni de profesionales de los mercados. Son, en su mayoría, pensionistas, autónomos, pequeños empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Son personas que confiaron en su banco y que compraron acciones como un método de obtener una mayor rentabilidad a sus ahorros. Por eso, es humanamente comprensible que su único deseo sea el de recuperar el dinero, independientemente de quien lo haga.

Operación de Estado

Un punto muy importante a desentrañar en las diferentes vías judiciales es quién fue el verdadero responsable y, en consecuencia, el que debería pagar. En Diario16 llevamos años defendiendo que la operación del Banco Popular fue un rescate encubierto al Santander. La documentación que hemos publicado en los últimos días confirma que se trató de una operación de Estado. No obstante, las órdenes para retirar la liquidez vinieron «de arriba» y se ejecutaron una vez que la llegada de Emilio Saracho fue un hecho.

La realidad es que sí importa quién fue el responsable, sobre todo si dicha responsabilidad recae en el Estado español. Un país democrático no puede poner todos sus mecanismos para favorecer los intereses de una entidad financiera privada. Ya fue muy grave el rescate a la banca de 2012 que ha costado a la ciudadanía más de 70.000 millones de euros sin que el sector financiero tenga intención de devolver ese dinero.

En cambio, y sin querer justificar una decisión errónea adoptada por el Gobierno del PP, lo que se pretendió fue un rescate al sector financiero español, en general. Sin embargo, de demostrarse la implicación del Estado para salvar a una entidad concreta, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Estafa, prevaricación, malversación de fondos públicos, serían algunos de los presuntos delitos en los que habría incurrido España para salvar al Santander.

Un país democrático no puede poner todos sus mecanismos para favorecer los intereses de una entidad financiera privada

Todo esto se dirimirá en el arbitraje que se inició el pasado lunes en La Haya (Países Bajos). El exaccionista mexicano Antonio del Valle defiende que el Banco Popular siempre fue solvente y que la única causa de la resolución fue la crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017. Este hecho ya no tiene discusión, puesto que ha sido la conclusión a la que llegaron tanto los peritos del Banco de España como los diferentes organismos públicos y privados implicados.

Claves del arbitraje de Antonio del Valle

Del Valle acusa directamente a España y, por extensión, al gobierno del PP por la inacción y por la negación a la liquidez de emergencia. Además, en su demanda, señala que había suficientes alternativas a la resolución. Por otro lado, se denuncia que, mientras en otras ocasiones, el FROB rescató a otras entidades españolas, con el Popular actuó de manera contraria.

Por otro lado, la denuncia recalca el hecho de que la entidad informaba diariamente sobre las dificultades de liquidez a las que estaba haciendo frente, por lo que todos los organismos eran conscientes de que el Popular necesitaba ayuda, algo que no se dio.

Las órdenes para retirar la liquidez vinieron «de arriba» y se ejecutaron una vez que la llegada de Emilio Saracho fue un hecho.

Antonio del Valle tampoco olvida la estrategia de comunicación de Saracho, basada en la filtración de noticias negativas que provocaron que se socavara la posición tanto de la liquidez como del valor de la acción.

En La Haya se determinará la posición del Santander. El día 14 de mayo de 2017 afirmó que no haría ningún tipo de oferta formal. Apenas una semana después, aprobó el Proyecto Neptuno en el que se señalaba que la entidad cántabra sólo compraría al Popular en un escenario de resolución y por un valor de 0 a 200 millones de euros.

Caso Popular: una operación nula

El Estado español tiene varios puntos de responsabilidad en el Caso Popular. Además de la presunta utilización de información privilegiada, que afectó gravemente a la liquidez de la entidad, tenemos la nulidad de pleno derecho tanto de la resolución como de la venta al Santander.

El director general de Supervisión del Banco de España envió, en fecha 7 de junio de 2017 (el día escrito a mano) una carta al presidente de la Comisión Rectora del FROB manifestando la no oposición de la Comisión Ejecutiva del Banco de España a la adquisición del 100% del capital del Banco Popular por parte del Santander. Sin embargo, en el margen superior izquierdo del documento aparece en el cajetín del registro la fecha troquelada de 06/06/2017. ¿Cómo es posible que la decisión se tomase antes de comunicarse formalmente el nombre del adjudicatario?

Estafa, prevaricación, malversación de fondos públicos, son algunos de los presuntos delitos en los que habría incurrido España para salvar al Santander.

En segundo término, el hecho de que la subasta se realizara fuera del plazo estipulado por el FROB es un elemento claro de nulidad de pleno derecho. La operación de venta y adjudicación del Popular al Santander incurrió en graves y manifiestas infracciones legales. En todas ellas concurrieron los motivos de nulidad absoluta expuestos en artículo 47 de la Ley Procedimiento Administrativo Común.

La operación fue ejecutada prescindiendo de los procedimientos legales, puesto que el no cumplimiento de los plazos conlleva la nulidad de la venta al Santander y de la pérdida del valor de las acciones por parte de los afectados porque se vulneró el principio de legalidad que vincula positivamente a la Administración para que pueda realizar aquello que la Ley le autoriza por interés público y siempre con escrupuloso respecto al procedimiento legalmente establecido.

A pesar de todo lo anterior, el gobierno de Pedro Sánchez, a través de Nadia Calviño, aprobó la fusión por absorción del Popular por el Santander, lo que permitió al banco cántabro la eliminación de la personalidad jurídica y su desaparición absoluta.  

Otro banco «gratis» para el Santander

El Santander ya se ha acostumbrado a que el Estado español se pliegue a sus exigencias y necesidades por encima de quien y de lo que sea. ¿Por qué un país democrático se somete a una entidad financiera privada? Esta es la pregunta que mucha gente se hace pero que ningún representante político responde. Lo peor de todo es que el Santander se quedará con el Popular gratis, como ya ocurrió con Banesto, y el Estado «pagará la fiesta» con el dinero de todos y todas. ¿Por qué?

De confirmarse la condena a España en La Haya, del mismo modo que Antonio del Valle recuperará su inversión, el resto de afectados podrán reclamar al Estado su dinero. Estamos hablando de más de 25.000 millones de euros, un tercio de la totalidad del gasto sanitario.

Lo sorprendente de todo esto es que la inacción que denuncia Del Valle respecto a la operación del Popular se traslada a todas las actividades irregulares del Santander. Siempre hay alguno de los 3 poderes de la democracia que está dispuesto a sacrificar lo que sea para que el banco cántabro no sufra las consecuencias de su mala gestión.

El actual gobierno, para hacer honor a su autodefinición de progresista de izquierdas, pudo haber actuado sobre la operación para evitar, precisamente, que fuera el Estado quien se hiciera cargo de la factura del Santander. Al banco cántabro se le ha acostumbrado a la impunidad y a permitirle que no haga efectivas las facturas que debe pagar. De la operación del Popular fue responsable Rajoy, pero de no haber investigado más allá de la acción judicial, es directamente responsable Pedro Sánchez y, por extensión, Nadia Calviño.

Los afectados cobrarán con dinero público español y se salvará a la UE de hacer frente a sus responsabilidades. El Santander seguirá manteniendo al Popular como una de las líneas más rentables de cara a la operación internacional que está en marcha. ¡Ya está bien!

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4 Comentarios

  1. El caso Banco Popular es el mayor ejemplo de ESTAFA FINANCIERA DE LA HISTORIA.
    El PP ejecutó el pla premeditadamente y con la cobertura de las instituciones públicas.
    Los doberman del PP ya no hablan del de la coleta ??? ahora ya no existe Venezuela ???
    EL PP ES EL MAYOR ENEMIGO DEL PUEBLO Y SU ÚNICO OBJETIVO ES ESTAFARLO.
    ART 33 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA PISOTEADO POR EL PP PARTIDO BOLIBARIANO
    Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

  2. Objetivamente el que llevo al banco popular al desastre fue el gobierno del pp retirando la liquidez del banco popular y Europa sabia perfectamente lo que pasaba al minuto y no hizo absolutamente nada y
    utilizo a la JUR para tapar la estafa.
    El inductor del crimen es el banco santander.
    por ultimo hay un monton de complices necesarios utilizados por el gobierno y el santander para precipitar el plan
    saracho y compañia ,uria y menedez, organismos del estado(cnmv,sarebetc).
    por ultimo timadores que pasaban por alli y que fueron tambien utilizados para la estafa(del valle).
    De guindos nos ha hecho perder a españa 100.000 millones de euros de corrupcion que fueron ala basura sin que haya pasado nada,el mayor delincuente de la historia

    • De guindos deberia tener la nariz mas larga del mundo
      mentiras historicas descomunales
      los bancos devolveran todo el dinero que se les ha prestado
      el banco popular sera lo que quieran sus accionistas.
      y este miserable es el vicepresidente del BCE
      apaga y vamonos

    • Quizá algunos de estos influyeron lo suyo para que mas de 305.000 Familias fueran robadas en fecha 7 de junio de 2.017 con nocturnidad, es decir mas de 1.200.000 Propietarios del Banco popular Español.

      A saber.-

      Mariano Rajoy Brey, ex presidente del Gobierno de España

      María-Soraya Saenz de Santamaría Antón, ex vicepresidente del Gobierno de España

      Ana-Patricia Botín Sanz de Sautuola O´Shea, Presidenta del Banco Santander

      Luis de Guindos Jurado, Vicepresidente del BCE

      Sebastián Albella Amigo, ex presidente de la CNMV

      María Reyes Calderón Cuadrado, que maniobró para desbancar a Ángel Ron Güimil de la presidencia del Banco Popular

      José Ramón Estévez

      Antonio del Valle Ruiz

      Joaquín Hervada Yáñez, Consejero de Administración del Banco Popular

      Luis María Linde de Castro, ex Gobernador del Banco de España

      Javier Alonso Ruiz-Ojeda ex Subgobernador del Banco de España

      Jaime Ponce Huerta, ex Presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria – FROB. Dicho Presidente, contrató a Jefferies International Limited y a Baker & Mc Kenzie Madrid. Técnico en el Fondo Monetario Internacional (FMI)
      En Washington senior advisor en el Departamento Financiero

      Emma Navarro Aguilera, ex Secretaria General del Tesoro y Política Financiera,
      ex Presidenta del Instituto de Crédito, ex Jefa de Gabinete de Luis de Guindos Jurado

      Fernando Restoy Lozano, ex Vicepresidente de la CNMV, ex Presidente de la Comisión Rectora del FROB, ex Subgobernador del Banco de España

      José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), quien fue Jefe Global de Asuntos Regulatorios para el Grupo Santander

      Javier Torres Riesco, Director de Resolución y Estrategia, Banco Santander-Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria – FROB, desde enero de 2.017,ex Directivo del Banco Santander

      Lucía Calvo Vergel, Directora Relaciones Jurídicas entidades participadas del FROB

      Eduardo J. Pomares, Director de la División de Instituciones Religiosas de Banco Popular-Banco Santander

      Elke König, Presidenta de la JUR

      Danielle Nouy, Presidenta del Consejo Superior del Banco Central Europeo

      Ramón-José Quintana Aguirre, Director General del Mecanismo Único de Supervisión (MUS)

      Emilio Saracho Rodríguez de Torres, ex presidente del Banco Popular

      José Heraclio Peña, Director Asesoría Jurídica Mayorista, Recuperaciones y General en
      Banco Santander España

      Ignacio Sánchez Asiain Sanz, Consejero Delegado del Banco Popular

      Deloitte Belgium

      Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea

      Mario Roberto Draghi, ex Presidente del Banco Central Europeo

      Antonio Carrascosa Morales, Director General del FROB

      Francisco Javier Garcia-Carranza Benjumea, Subdirector General del B. S.

      Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo, Vicepresidente Santander España y
      Director General Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios en Banco Santander

      José Antonio Álvarez Álvarez, Consejero Delegado de Banco Santander

      Carlos Balado García, Director General de Comunicación del Banco Popular

      Jaime Pérez Renovales, Secretario General del Consejo del B.S. ex nº 3 de La Moncloa

      Francisco Javier Illescas era socio de Uría y Menéndez y se integró en la asesoría jurídica del Banco Santander

      Manuel Echenique Sanjurjo, – hijo de Rodrigo Echenique Gordillo – socio de Uría y Menéndez despacho de abogados afines a B. S.

      Uría y Menéndez, Despacho de abogados de cabecera afines a B. S. que llevó todas las negociaciones y acuerdos para llegar a la resolución del Banco Popular

      Arcano y Jefferies, -asesor financiero Arcano y banco de inversión global Jefferies, colaboradores para potenciar proyectos de banca de inversión y mercados de capitales- y asesor externo del FROB

      Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid, Jaime Ponce supone que se contrataron los servicios de un bufete de asesoramiento jurídico que es cliente del abogado de
      Emilio Saracho, Carlos Gómez-Jara Diez.

      Despacho Linklaters

      Bufete Baker & McKenzie, entre sus letrados se encuentra el abogado que acompañó a
      Emilio Saracho Rodríguez de Torres en la Audiencia Nacional, el decano del Colegio de Abogados, José María Alonso Puig y que es cliente del otro abogado de Emilio Saracho Rodríguez de Torres, Carlos Gómez-Jara Díez.

      Juan Rodríguez Inciarte, Alto directivo del Banco Santander

      Miguel Escrig Melia, Director General financiero del Popular Arcano y Jeffries

      Daniel Navia Simón, perteneciente al BBVA y a la Oficina Económica de Mariano Rajoy Brey

      Carlos Berastain Gonzalez

      Antonio San José Pérez

      KPMG, Auditoría, Abogados, Negocios

      Juan Miguel Goenechea, socio del bufete Uría y Menéndez

      Victor Matarranz, responsable de la división Wealth Management de Banco Santander

      Ángel Carlos Ron Güimil, Presidente del Banco Popular

      Antonio Rodríguez Pina, Presidente y Consejero delegado de Deutsche Bank

      María Ríos Estrada, – mujer de Javier Botín- cuñada de la Presidenta de Banco Santander, está entre los abogados encargados de prestar los servicios al Banco Popular

      Agustín Marco, periodista de El Confidencial

      Eduardo Segovia, periodista de El Confidencial

      Carlos Balado García, responsable del área de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas del Banco Popular

      Francisco Aparicio Valls, Consejero ejecutivo del Banco Popular

      José García Cantera, Director financiero de Banco Santander

      José Luis de Mora, Director de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Banco Santander

      Ricardo Gómez Barredo, miembro del Comité de Dirección y director de Accounting & Supervisores del Grupo

      Carlos Gómez Jara, y Baker Mackenzie, han asumido la defensa del ex Presidente del Banco Popular Emilio Saracho Rodríguez de Torres

      Enrique Piñel López, Jefe del Sector Financiero (Financial Institutions Group, FIG, como se le conoce en la terminología financiera) de JP Morgan para la Península Ibérica

      Fernando Andreu Merelles, Juez anterior

      Ester Miralles, Responsable de la Unidad de Colaboración con los Órgano Jurisdiccionales de España del Banco de España

      María-José García Valdecasas-Dorrego, Responsable en la JUR, abogada del Estado

      Santiago Jiménez García, Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, en apoyo de la Junta Única de Resolución, por parte del P.P.

      Jaime Castellanos Borrego, colaborador del Banco Santander, Concuñado de Emilio Botín

      Aseguradora Chup, colaboradora del Banco Santander

      Jesús Saurina, miembro de la Junta Única de Resolución

      Jaime Alonso Gallo, abogado de Uría y Menéndez, en contra del señor juez José Luis Calama Teixeira

      Yolanda García Cagiao, Directora del Departamento de Auditoría Interna del B.P.

      …….

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