Banco Popular: La Haya confirmará si hubo (o no) rescate del Estado al Santander

F.A.G. es un funcionario jubilado y afectado del Banco Popular y, preguntado por Diario16, ha afirmado que «a mí me da igual quien me pague lo que quiero es que me devuelvan mi dinero». Esta es la posición unánime de más de una veintena de antiguos accionistas minoritarios del Popular consultados por este medio.

No se trata de especuladores ni de profesionales de los mercados. Son, en su mayoría, pensionistas, autónomos, pequeños empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Son personas que confiaron en su banco y que compraron acciones como un método de obtener una mayor rentabilidad a sus ahorros. Por eso, es humanamente comprensible que su único deseo sea el de recuperar el dinero, independientemente de quien lo haga.

Operación de Estado

Un punto muy importante a desentrañar en las diferentes vías judiciales es quién fue el verdadero responsable y, en consecuencia, el que debería pagar. En Diario16 llevamos años defendiendo que la operación del Banco Popular fue un rescate encubierto al Santander. La documentación que hemos publicado en los últimos días confirma que se trató de una operación de Estado. No obstante, las órdenes para retirar la liquidez vinieron «de arriba» y se ejecutaron una vez que la llegada de Emilio Saracho fue un hecho.

La realidad es que sí importa quién fue el responsable, sobre todo si dicha responsabilidad recae en el Estado español. Un país democrático no puede poner todos sus mecanismos para favorecer los intereses de una entidad financiera privada. Ya fue muy grave el rescate a la banca de 2012 que ha costado a la ciudadanía más de 70.000 millones de euros sin que el sector financiero tenga intención de devolver ese dinero.

En cambio, y sin querer justificar una decisión errónea adoptada por el Gobierno del PP, lo que se pretendió fue un rescate al sector financiero español, en general. Sin embargo, de demostrarse la implicación del Estado para salvar a una entidad concreta, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Estafa, prevaricación, malversación de fondos públicos, serían algunos de los presuntos delitos en los que habría incurrido España para salvar al Santander.

Un país democrático no puede poner todos sus mecanismos para favorecer los intereses de una entidad financiera privada

Todo esto se dirimirá en el arbitraje que se inició el pasado lunes en La Haya (Países Bajos). El exaccionista mexicano Antonio del Valle defiende que el Banco Popular siempre fue solvente y que la única causa de la resolución fue la crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017. Este hecho ya no tiene discusión, puesto que ha sido la conclusión a la que llegaron tanto los peritos del Banco de España como los diferentes organismos públicos y privados implicados.

Claves del arbitraje de Antonio del Valle

Del Valle acusa directamente a España y, por extensión, al gobierno del PP por la inacción y por la negación a la liquidez de emergencia. Además, en su demanda, señala que había suficientes alternativas a la resolución. Por otro lado, se denuncia que, mientras en otras ocasiones, el FROB rescató a otras entidades españolas, con el Popular actuó de manera contraria.

Por otro lado, la denuncia recalca el hecho de que la entidad informaba diariamente sobre las dificultades de liquidez a las que estaba haciendo frente, por lo que todos los organismos eran conscientes de que el Popular necesitaba ayuda, algo que no se dio.

Las órdenes para retirar la liquidez vinieron «de arriba» y se ejecutaron una vez que la llegada de Emilio Saracho fue un hecho.

Antonio del Valle tampoco olvida la estrategia de comunicación de Saracho, basada en la filtración de noticias negativas que provocaron que se socavara la posición tanto de la liquidez como del valor de la acción.

En La Haya se determinará la posición del Santander. El día 14 de mayo de 2017 afirmó que no haría ningún tipo de oferta formal. Apenas una semana después, aprobó el Proyecto Neptuno en el que se señalaba que la entidad cántabra sólo compraría al Popular en un escenario de resolución y por un valor de 0 a 200 millones de euros.

Caso Popular: una operación nula

El Estado español tiene varios puntos de responsabilidad en el Caso Popular. Además de la presunta utilización de información privilegiada, que afectó gravemente a la liquidez de la entidad, tenemos la nulidad de pleno derecho tanto de la resolución como de la venta al Santander.

El director general de Supervisión del Banco de España envió, en fecha 7 de junio de 2017 (el día escrito a mano) una carta al presidente de la Comisión Rectora del FROB manifestando la no oposición de la Comisión Ejecutiva del Banco de España a la adquisición del 100% del capital del Banco Popular por parte del Santander. Sin embargo, en el margen superior izquierdo del documento aparece en el cajetín del registro la fecha troquelada de 06/06/2017. ¿Cómo es posible que la decisión se tomase antes de comunicarse formalmente el nombre del adjudicatario?

Estafa, prevaricación, malversación de fondos públicos, son algunos de los presuntos delitos en los que habría incurrido España para salvar al Santander.

En segundo término, el hecho de que la subasta se realizara fuera del plazo estipulado por el FROB es un elemento claro de nulidad de pleno derecho. La operación de venta y adjudicación del Popular al Santander incurrió en graves y manifiestas infracciones legales. En todas ellas concurrieron los motivos de nulidad absoluta expuestos en artículo 47 de la Ley Procedimiento Administrativo Común.

La operación fue ejecutada prescindiendo de los procedimientos legales, puesto que el no cumplimiento de los plazos conlleva la nulidad de la venta al Santander y de la pérdida del valor de las acciones por parte de los afectados porque se vulneró el principio de legalidad que vincula positivamente a la Administración para que pueda realizar aquello que la Ley le autoriza por interés público y siempre con escrupuloso respecto al procedimiento legalmente establecido.

A pesar de todo lo anterior, el gobierno de Pedro Sánchez, a través de Nadia Calviño, aprobó la fusión por absorción del Popular por el Santander, lo que permitió al banco cántabro la eliminación de la personalidad jurídica y su desaparición absoluta.  

Otro banco «gratis» para el Santander

El Santander ya se ha acostumbrado a que el Estado español se pliegue a sus exigencias y necesidades por encima de quien y de lo que sea. ¿Por qué un país democrático se somete a una entidad financiera privada? Esta es la pregunta que mucha gente se hace pero que ningún representante político responde. Lo peor de todo es que el Santander se quedará con el Popular gratis, como ya ocurrió con Banesto, y el Estado «pagará la fiesta» con el dinero de todos y todas. ¿Por qué?

De confirmarse la condena a España en La Haya, del mismo modo que Antonio del Valle recuperará su inversión, el resto de afectados podrán reclamar al Estado su dinero. Estamos hablando de más de 25.000 millones de euros, un tercio de la totalidad del gasto sanitario.

Lo sorprendente de todo esto es que la inacción que denuncia Del Valle respecto a la operación del Popular se traslada a todas las actividades irregulares del Santander. Siempre hay alguno de los 3 poderes de la democracia que está dispuesto a sacrificar lo que sea para que el banco cántabro no sufra las consecuencias de su mala gestión.

El actual gobierno, para hacer honor a su autodefinición de progresista de izquierdas, pudo haber actuado sobre la operación para evitar, precisamente, que fuera el Estado quien se hiciera cargo de la factura del Santander. Al banco cántabro se le ha acostumbrado a la impunidad y a permitirle que no haga efectivas las facturas que debe pagar. De la operación del Popular fue responsable Rajoy, pero de no haber investigado más allá de la acción judicial, es directamente responsable Pedro Sánchez y, por extensión, Nadia Calviño.

Los afectados cobrarán con dinero público español y se salvará a la UE de hacer frente a sus responsabilidades. El Santander seguirá manteniendo al Popular como una de las líneas más rentables de cara a la operación internacional que está en marcha. ¡Ya está bien!