Banco Popular: la declaración de inviabilidad es nula de pleno derecho

La declaración de inviabilidad o del estado FOLTF (fail or likely to fail) es, según se señala la ley española, nula de pleno derecho, tal y como se puede comprobar por los hechos analizados y publicados en exclusiva por Diario16. En base a las revelaciones del acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán y a las declaraciones en la Audiencia Nacional, esa declaración que fue la antesala de la resolución queda muy en el aire y se suma a la larga lista de irregularidades cometidas en este caso y que son causa de nulidad de todo el proceso.

Sorprende sobremanera la actitud del Banco Central Europeo (BCE) ya que estaba monitorizando los datos del Popular dos veces al día, ya que conocía la gravedad de la crisis de liquidez porque, en un primer momento, concedió una ELA de emergencia que, posteriormente, no fue ampliada porque en un cambio radical producido en pocas horas modificó el periodo de caducidad de dichas líneas a un plazo que hubiera sido imposible incluso para una entidad sin los problemas de liquidez del Popular.

Teniendo en cuenta esta situación y la información con la que contaba de primera mano, ¿cómo pudo declarar al banco en estado FOLTF? Es incomprensible.

El BCE declaró la inviabilidad en base a la carta en inglés que se leyó en el consejo y que fue redactada por los abogados de Uría y Menéndez, el mismo despacho que unas horas más tarde estaba en una notaría de Madrid comprobando las actas notariales de la venta del Popular por un euro.

Sorprende, además, que se autorizara a la JUR a que iniciase la resolución de la entidad cuando el Popular no reunía las condiciones que exigen la normativa europea, especialmente el Reglamento 806/2014.

El único documento que se remitió al BCE fue la carta (la que llevaba la firma de Saracho que está pendiente de un peritaje caligráfico para verificar si es verdadera o falsa). Sin embargo, esa carta debe estar aprobada por el Consejo y, según indica el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, sólo se aprobó el envío ya que, en base a lo indicado por Saracho y por los abogados del despacho de cabecera del Santander, no iba a tener consecuencias más allá que una simple comunicación de la crisis de liquidez.

La documentación, además, confirma que el acta de la reunión no fue firmada por los consejeros. Por tanto, la declaración FOLTF del BCE, realizada tras recibir la carta de Saracho, era el pistoletazo de salida de una resolución que estaba acordada desde el día 3 de junio de 2017.

En consecuencia, todo el proceso se inició viciado y plagado de irregularidades que, legalmente, deberían anular todo lo que ocurrió después.