Banco Popular: La Audiencia Nacional se niega definitivamente a investigar las irregularidades de la declaración de inviabilidad

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez José Luis Calama de no practicar una serie de diligencias pedidas por el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, en relación con la declaración de inviabilidad acordada por el Consejo de Administración el 6 de junio de 2017 previa a la resolución de la entidad, una declaración que, según la documentación presentada en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Diario16, muestra la existencia de irregularidades, además de supuestas coacciones, presiones y engaños respecto a las consecuencias que tendría dicha decisión.

Según la petición de Ron, la práctica de esas diligencias resultaría relevante para determinar la imputación del daño sufrido por los afectados ya que los consejeros pudieron haber adoptado la decisión sin que previamente hubieran sido advertidos de las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, la Sala, en línea con el instructor y la Fiscalía, según el auto al que ha tenido acceso este medio, rechaza que se investiguen todas esas irregularidades y concluye la decisión adoptada fue tomada de manera libre y consciente por los integrantes del Consejo de Administración de una entidad bancaria “con una sólida e indiscutible formación financiera y empresarial que adoptaron un acuerdo esencial para viabilidad de la entidad y, además, debidamente asesorados por uno de los despachos más especializados en materia mercantil y bancaria de este país”.

El auto de la Sala de lo Penal señala que, si los consejeros hubieran albergado alguna duda acerca de la calidad del asesoramiento jurídico-financiero, debieron haberlo expresado así en el momento de la aprobación del mismo, “no pudiendo venir años después, como consecuencia de los pleitos y denuncias formuladas a esta cuestión, poner en duda su aprobación, acuerdo respecto del que, por otro lado, no consta voto alguno en contra, ni menos aún que el mismo hubiere sido combatido por medio de los recursos y remedios adecuados a tal efecto”.

En definitiva, los magistrados de la Sección Cuarta (Ángela Murillo, Juan Francisco Martel y Fermin Javier Echarri) concluyen que las diligencias de investigación propuestas no son ni útiles ni necesarias para el esclarecimiento de los hechos, sino que además “son netamente impertinentes, en el sentido de que carecen de toda relación con el objeto del proceso y supondrían un obstáculo para el normal desarrollo de la causa por las dilaciones que ocasionaría su práctica y ampliación del objeto de investigación, ya de por sí, vasto y complejo”.

La reclamación de Ángel Ron

El escrito de Ángel Ron, al que Diario16 tuvo acceso, solicitaba al juez Calama la práctica de una serie de diligencias.

En primer lugar, la defensa de Ron reclama que se requieran a la notaría de Luis Pérez–Escolar «las actas de manifestaciones de aquellos consejeros que según hemos podido saber las habrían otorgado, expresando su parecer sobre el Consejo de Administración de 6 de junio de 2017 en el mismo sentido que D. Jaime Ruiz Sacristán, esto es, manifestando haber acordado la inviabilidad de la entidad sin que previamente fueran advertidos de las consecuencias de sus actos», afirma el escrito.

Tal y como hemos publicado en Diario16, el contenido del acta notarial del exconsejero Jaime Ruiz Sacristán es trascendente, puesto que, de demostrarse que la declaración de inviabilidad se adoptó en base a una información sesgada y, según señala el acta, a través de presuntas amenazas y coacciones, el proceso de resolución sería nulo de pleno derecho.

En segundo término, la defensa de Ángel Ron ha solicitado que el despacho de cabecera del Santander, Uría y Menéndez, identifique a todos los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo que asesoró al Banco Popular en el periodo desde el 17 de febrero de 2017 hasta el 7 de junio del mismo año. Hay que recordar que, tal y como adelantó Diario16, Emilio Saracho realizó la contratación del despacho de abogados que defiende al Santander tanto en esta causa como en las que afectan de manera directa al banco cántabro (las últimas, el Caso Orcel y la demanda por presunta manipulación de las juntas de accionistas) en una fecha en la que aún no tenía poderes para hacerlo.

En tercer lugar, se reclama al juez Calama que «se aporten todas las comunicaciones internas habidas entre el despacho Uría Menéndez y gestores o directivos de Banco Popular durante el periodo de asesoramiento, y en particular las que tuvieron lugar desde el Consejo del 18 de mayo de 2017 y todas las que se mantuvieron para preparar el Consejo de Administración de 6 de junio de 2017, aportando a la causa cuantos documentos, en borrador o definitivos, se elaboraron por los asesores hasta la declaración de inviabilidad del Banco, y más la propuesta concreta de actuación, los documentos de trabajo y las comunicaciones, a que se refieren los correos electrónicos mencionados más arriba».

¿Estas reclamaciones son impertinentes, como afirma el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? Si se produjeron las irregularidades que denuncia Ángel Ron, la declaración de inviabilidad sería nula y, en consecuencia, todo el proceso de resolución. Sin embargo, tanto la Sala de lo Penal como la Fiscalía parece que han decidido tomar el camino de la búsqueda de la impunidad para los culpables de la ruina de 305.000 familias. Esta es la justicia de España que es de todo menos justicia.