Banco Popular: la Audiencia Nacional dispone de documentos que demuestran una operación de Estado

Banco Popular fue una operación de Estado que tuvo como consecuencia la vulneración, entre otras muchas cosas, de los derechos fundamentales y constitucionales de los afectados.

Así lo confirma documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Diario16. Esto es algo que tiene implicaciones sociales, económicas y, por supuesto, políticas.

No cabe duda de que la responsabilidad directa fue del Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, la inacción por parte del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez también le confiere una responsabilidad por contagio y, sobre todo, por no haber hecho nada y colocarse del lado de las élites en vez de situarse donde debería haber estado un Gobierno que se autodefine como progresista y de izquierdas.

Estos documentos demuestran que, presuntamente, existieron órdenes desde los más altos centros de poder político para deteriorar la posición de liquidez del Banco Popular y, por ende, provocar una situación límite que llevara a la entidad a la inviabilidad.

2016: Fusión Popular-Santander

No se pudo atacar por la solvencia, puesto que el Popular cumplía con las ratios normativas incluso el mismo día de la resolución, tal y como ya ha quedado suficientemente demostrado. El único camino para ejecutar esta operación de Estado era la liquidez.

Tal y como hemos publicado en Diario16, ya en los meses anteriores a la ampliación de capital de 2016 existieron presiones para que se ejecutara una fusión del Popular con el Santander, algo a lo que se negó Ángel Ron con el apoyo del exgobernador del Banco de España, Luis María Linde. En concreto, éste confesó que era mejor realizar una operación de refuerzo de capital a «casarse con el Santander».

Por otro lado, en los últimos 5 años se han interpuesto diferentes querellas contra algunos de los responsables de los organismos públicos que retiraron masivamente sus depósitos a partir del día 5 de junio de 2017. Estas denuncias están fundamentadas en la presunta existencia de información privilegiada.

«La limitación viene de arriba»

¿Había algo más? Esta documentación de la que dispone la Audiencia Nacional señala que sí, que ya había órdenes superiores para la retirada de liquidez de los organismos públicos en el mes de noviembre de 2016, precisamente en los días previos a la llegada de Emilio Saracho a la Presidencia del Banco Popular.

Por ejemplo, en referencia a un organismo dependiente del Ministerio de Economía, los documentos señalan lo siguiente: «Han mantenido saldos estables relevantes (700-800m€) con nosotros hasta la ampliación de 2016 que redujeron el límite a 200m€ y ahora tienen 0m €. Argumentan que la limitación viene de “arriba”. No nos adjudican los saldos subastados a pesar de ofrecer mayor tipo».

Las nuevas revelaciones muestran, en primer lugar, que la caída del Banco Popular fue «trabajada» desde todos los órganos de poder político que actuaron como una especie de presunta «banda criminal». Se pusieron como objetivo salvar la difícil situación en la que se encontraba el Santander, a costa de lo que fuese.

En segundo término, ya no se trata sólo de la responsabilidad por la gestión irresponsable de Emilio Saracho, sino que esta documentación, con la que cuentan tanto el juez Calama como la Fiscalía, muestra una supuesta conexión directa con los órganos de poder político en la que presuntamente se cometieron múltiples delitos con el único fin de rescatar al Santander a costa del patrimonio de 1,2 millones de personas.

En tercer lugar, esa responsabilidad del gobierno del Partido Popular se transmite directamente al de Pedro Sánchez por la inacción que ha demostrado desde que alcanzó el poder tras la moción de censura. Se ha dejado al poder judicial con toda la responsabilidad sobre el Caso Popular cuando, en realidad, se trató de una cuestión de Estado que se resuelve a través de la elección de si se está con el pueblo o contra el pueblo.

En este caso, Pedro Sánchez ha elegido el camino de ser un gobernante que ha dado la espalda a su ciudadanía para favorecer los intereses de las élites.

Operación de Estado

La documentación de la que dispone el juez José Luis Calama es la muestra de que toda la operación del Banco Popular fue una presunta estafa organizada y, en consecuencia, tanto los tribunales como el propio gobierno tienen la obligación democrática de actuar sin que les tiemble el pulso ni se derritan por el calor de una llama blanca.

Ante la gravedad de los hechos reconocidos en dichos documentos que la Justicia, sea cual sea la instancia o el órgano judicial, está en la obligación de adoptar medidas cautelarísimas para paralizar todas las actividades del Santander relacionadas con productos o servicios heredados del negocio principal de Banco Popular, incluyendo, los procesos judiciales.

Desde el poder Ejecutivo, dado que el Legislativo ya demostró su ineficacia en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, están obligados a instar a los organismos europeos a que realicen una auditoría de la situación real de Banco Santander y de los movimientos de la operación. Todo ello, evidentemente, de manera independiente al Banco Central Europeo.

Alianza entre la política y las finanzas

Lo verdaderamente grave es que estos documentos demuestran la conexión entre el poder político y el financiero para cubrir los intereses de unas élites que pretenden convertir a los representantes de la soberanía popular en sus testaferros.

La responsabilidad de toda esta operación, de toda esta supuesta estafa producida por una trama organizada, recae en el Gobierno del PP. Sin embargo, Pedro Sánchez y los ministerios económicos también tienen su responsabilidad porque han permitido la consumación absoluta de una operación de Estado y han dejado indefensos a más de 1,2 millones de personas respetuosas del sistema democrático que han visto cómo quien está obligado a protegerles de los abusos de las élites se han convertido en los cómplices necesarios.

Ya no es alto secreto que la supervivencia del Santander es una cuestión de Estado. Sin embargo, las élites no responden a la lealtad y quienes desde el Gobierno, tanto del actual como de los pasados, piensen que estarán protegidos, se equivocan. No en vano, puede que en poco tiempo el presidente o presidenta de turno se encuentre con que la entidad a la que España tanto ha protegido se convierta en la referencia en el sur de Europa de un banco extranjero.