Cuando la ley obliga a una administración pública a recabar informes de un experto independiente a la hora de adoptar una decisión, se contrata a esa empresa a través de un proceso de licitación en el que deben presentarse los posibles conflictos de interés que pudiera tener dicho experto.

Sin embargo, en el proceso de resolución del Banco Popular, la Junta Única de Resolución (JUR) licitó la contratación en el mes de mayo de 2.017 y concedió el contrato a Deloitte, tal y como se puede comprobar en la documentación contractual a la que Diario16 ha tenido acceso.

El día 18 de mayo de 2017, cuando ni siquiera se había publicado el borrador de la AEB sobre las valoraciones de entidades financieras en un proceso de resolución, Deloitte envió a la JUR una declaración en la que afirmaba que no tenía ningún conflicto de interés respecto al Banco Popular.

Sin embargo, tal y como mostró la auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) de las cuentas del Banco Popular de 2017, se hacen públicos distintos trabajos de auditoría realizados por Deloitte para la entidad resuelta:

Por otro lado, el presidente de Deloitte España reconoció en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera que la auditora estaba realizando trabajos para el Banco Santander en otros países y a través de diferentes departamentos que nada tienen que ver con la auditoría.

La JUR estaba obligada a verificar si la declaración de Deloitte se correspondía con la realidad porque, al ser un organismo dependiente del Banco Central Europeo, tiene acceso a la información de quiénes son las empresas auditoras que trabajan con las entidades que están bajo la supervisión de la máxima autoridad financiera de la Eurozona. Por tanto, la JUR obvió la existencia de conflicto de interés a la hora de contratar a Deloitte para que realizara el informe de valoración sobre el que se asentó la decisión de intervenir al Banco Popular y de entregárselo al Santander por un euro utilizando el modelo de resolución más lesivo para los accionistas, sobre todo para los más pequeños.

Esta irregularidad que es otra causa de nulidad ya que elimina la validez del informe de Deloitte cuyas conclusiones fueron tomadas como referencia para resolver a Banco Popular.

La falta de validez del documento de la auditora, por tanto, provoca la nulidad de todo el proceso porque hay que tener en cuenta que el informe de Deloitte se entregó durante los primeros días del mes de junio y entonces ya existían esos conflictos de interés que inhabilitaban la validez del contrato firmado entre la auditora y la JUR.

Por lo tanto, el informe de Deloitte es nulo y, por ende, toda la operación posterior que se basó en sus conclusiones —aunque la propia auditora se intenta lavar las manos indicando que no tuvo suficiente información o que no le dieron el tiempo necesario para realizar el trabajo— debe ser anulada por la Justicia europea.

Ya son demasiadas las irregularidades de la JUR como para que un tribunal, español o europeo, dictamine la anulación de la operación y la devolución del dinero a las más de 1,2 millones de personas arruinadas. Esto deja al Santander en una situación en la que no le queda otra solución que llegar a un acuerdos extrajudiciales con todos los afectados, no sólo con los que cubren sus intereses comerciales, si no se quiere encontrar con una factura que, irremediablemente, será mucho más abultada si pretende agotar todas las vías judiciales, como suele hacer el banco presidido por Ana Patricia Botín buscando el agotamiento de los demandantes de justicia justa.

Apúntate a nuestra newsletter

7 Comentarios

  1. Gracias un día a todas las personas que componen Diario 16 an echo lo que an podido pero por mucho que publiquen sobre el mayor robo de un banco en el siglo XXI no hay nada que hacer los estafados no tenemos nada que hacer contra el banco Santander el estado español y Europeo ellos tienen legiones de abogados además que el mal ya esta echo no hay vuelta atrás
    ya que seria reconocer que la resolucion y expropiación del Banco Popular fue una estafa realizada desde las mas altas instancias del poder en contra de sus ciudadanos
    no esperemos una llamada de teléfono del Santander para llegar a ningún acuerdo la norma de un ladrón no es devolver el botín

  2. Después de años destapando y desentrañando esta estafa, y no veros cerrados, me lleva a pensar dos cosas: o mentís o no os leen. Por cierto, los años no llevan punto.

  3. Cada día publicas un artículo con un título pretencioso que no lleva a ninguna parte.
    Estás creando falsas expectativas a los accionistas.
    Ron y su equipo maquillaron las cuentas durante años y está clara su responsabilidad en este tema.
    Yo tenía 205.000 € en acciones y he demandado al Banco Popular (ahora Banco Santander) es la única vía factible, la vía civil.
    Qué este diario publique una chorrada al día y cree confusión a la pobre gente que Ron arruinó me parece escandaloso.
    Diario 16 en este tema lamentable.

  4. Que pasa, tembláis tanto que habéis introducido el virus en la página, sois unos hijos de puta y a parte de unos ladrones, sois cobardes, quien paga el meneo la puta de turno o el cornudo de turno.
    Quizá seáis vosotros accionistas, ladrones del Banco Popular, vivís gracias al robo de la propiedad de los Accionistas del Banco Popular Español, estáis quebrados, que tal llevais los derechos, sois unos pobres desgraciados que hos tiene sodomizazos vuestra ama -la estragada corrupta sanferminera y sanjuanera-, no sois dueños ni de vuestro propio banco sanladrón.
    LADRONES DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre