Banco Popular: Europa y España priorizaron el rescate al Santander

Un recurso presentado ante el TJUE contra la JUR indica, tras analizar los datos de los informes de valoración de Deloitte y los balances del Popular, que «nunca hubo voluntad de proporcionar liquidez a Banco Popular a pesar de las garantías que presentó. Todo lo contrario».

A 31 de marzo de 2017, la entidad tenía 13.220 millones de euros de activos financieros disponibles para la venta que nunca se vendieron, pues se incrementaron a 16.171 millones, según figura en el balance de Banco Popular del informe de Banco Santander del cuarto trimestre de 2017.

Quien tenga experiencia en mercados de renta fija o renta variable sabe que para obtener un buen precio de un activo financiero se necesitan como mínimo quince días desde que se da la orden de venta hasta que se ejecuta. Si se le hubiera proporcionado liquidez, Banco Popular hubiera podido vender esos activos, pero nunca existió esa voluntad por parte del Banco Central Europeo.

El informe pericial del Banco de España sobre la situación financiera del Banco Popular presentado al magistrado José Luís Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional explica lo siguiente:

«La causa de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el que se origina el 31 de mayo de especial gravedad por lo elevado de su importe, por perder el único rating por encima del grado de inversión y por afectar a los depósitos minoristas. Dicho de otra forma, las pérdidas de los inversores no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del Banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos. La posibilidad de sufrir una fuga de depósitos es inherente a las entidades de depósito y se deriva de la naturaleza de su actividad y en especial por su principal producto:  la cuenta corriente. Esta singularidad de las entidades de depósito las hace especialmente dependientes de la confianza de sus depositantes, siendo difícil conocer las razones por las que se pierde».

Más adelante, el informe es claro cuando afirma que «lo anterior no implica que Banco Popular fuese inviable, así, a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 M€ y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros, además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios […] Por último, queremos resaltar que entre la documentación del BCE figura el documento «09.130317 ESPOP-B.Popular-Decision on red of ownfunds ECB-SSM-2017» otorgando autorización para amortizar 10 millones de euros de determinadas emisiones de títulos computables como ATl y T2 a efectos de solvencia. Aunque el importe no es significativo, es significativo que esta autorización se concede el 13 de marzo de 2017 por lo que consideramos que, a esa fecha, el BCE consideraba que el Banco Popular era solvente, puesto que no es posible autorizar esta amortización en caso contrario. […] Por tanto, concluimos que la resolución de la entidad se debió a un problema de pérdida de depósitos que parece concentrarse en tres momentos puntuales, siendo los gestores capaces de estabilizar la entidad en las dos primeras crisis, pero no en la tercera».

Ante una crisis de este tipo, ¿por qué no se concedió un ELA suficiente que evitara la resolución? Porque no había voluntad para ello. El Santander, como publicamos en Diario16, estaba ya negociando por los activos que le iban a permitir tapar los agujeros mil millonarios que tenía en su balance. El proceso no se podía parar y ahí estuvo el BCE para potenciar la crisis modificando las fechas de maduración de las líneas de liquidez de emergencia a unos plazos inasumibles para cualquier entidad financiera del mundo.