Banco Popular: Europa también culpa a Saracho

Diario16 lleva desde antes de la resolución del Banco Popular publicando miles de noticias en las que se muestran todos los movimientos, públicos y privados, que llevaron a la sexta entidad española a ser resuelta y, en consecuencia, la ruina de más de 1,2 millones de personas.

No sorprende la posición de los reguladores, tanto español como europeo, que en diferentes documentos a los que ha tenido acceso este medio, algunos publicados y otros en posesión de la Justicia, determinan acontecimientos que se iniciaron a partir del segundo trimestre de 2017 que fueron clave para la generación de un estado de pánico y, consecuentemente, incidieron en la liquidez y la valoración de la entidad. No es casual que en todos esos acontecimientos tuviera una participación directa Emilio Saracho.

Apenas un mes después de la resolución, en julio de 2017, Danielle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, remitió una carta a la eurodiputada Paloma López Bermejo (IU), en la que indicaba lo siguiente: «La crisis de liquidez experimentada por la entidad fue de carácter idiosincrásico y tuvo como desencadenantes una sucesión de acontecimientos durante los últimos meses, entre ellos, el anuncio por la propia entidad de que sus estados financieros de 2016 debían ser modificados y que era necesaria una nueva ampliación de capital o, en su defecto, un proceso de fusión o adquisición. Esto condujo a su vez a varias rebajas de calificación crediticia».

Es decir, se refiere al hecho relevante de la re expresión de las cuentas de 2016, que tuvo un efecto mínimo en los resultados de Banco Popular, y al discurso de Emilio Saracho en la Junta General de Accionistas de 2017, un discurso del que se siente orgulloso pero que desencadenó todo lo que ocurrió dos meses después.

Tal y como publicamos en Diario16, la declaración judicial de Carlos Balado, ex director general de Comunicación del Banco Popular, es clave ya que, en primer lugar, afirmó que Saracho, en los momentos previos a la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril, mantuvo cuatro encuentros con cuatro periodistas a los que dejó claro que los accionistas lo iban a perder todo: «fue taxativo, él decía que el banco no valía nada que la acción valía cero y que por lo tanto los accionistas del banco tenían que saber que eran las reglas del mercado, tenían que saber que lo perdían todo». Esta información, tal y como reconoce el propio Balado en su declaración, era absolutamente incoherente con lo que el propio banco presentó un mes después a la CNMV y que indicaba que el Popular tenía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros.

En segundo término, Balado reconoció que el hecho relevante de la reexpresión de las cuentas dejaba abierto muchos interrogantes y sobre todo no daba una cifra concreta, que permitiera arrojar claridad sobre el hecho que se estaba analizando y eso provocó que se especulara sobre las cantidades y el impacto que podrían tener sobre el banco y a partir de ahí es cuando se produce cierta inquietud en los mercados», declaró Carlos Balado en sede judicial, añadiendo que él mismo advirtió a Saracho de la confusión que se estaba generando: «mi recomendación era, que nosotros diéramos la cifra de la forma más homogénea posible y que, en el caso de que la cifra no fuera homogénea y no se pudiera concentrar en una sola cantidad, que aclaráramos el porqué de esa falta de homogeneidad y por qué no se podían dar esas cifras, como cifras que tuvieran un sentido agregadas». Es decir, que la intención de Saracho no era otra que hacer ver al mercado y a la opinión pública que se trataba de una reformulación de cuentas.

Por otro lado, el informe pericial del Banco de España corrobora lo indicado por Danielle Nouy en la carta a la eurodiputada. Los peritos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández fueron concluyentes en su informe: el Banco Popular no era inviable puesto que «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros». Añadían, además, que la entidad disponía de la posibilidad de «materializar plusvalías por ventas de negocios», algo que en diciembre de 2017 ya dijo Diario16 en referencia a las ofertas de activos no estratégicos recibidas del BCI chileno para TotalBank y de Värde para WiZink.

Los peritos son muy claros en lo referente a la liquidez: «la entidad tenía un grave problema de liquidez siendo en todo momento antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos». Además, inciden en el hecho de cuándo se produjeron esas fugas de liquidez: «La decisión de resolver la entidad se basó en el deterioro de la situación de liquidez por una salida de depósitos especialmente intensa desde abril de 2017, concentrándose en fechas concretas».

Además, los peritos también fueron muy claros en la única causa por la que 1,2 millones de personas fueron arruinadas: «Las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva».

En consecuencia, Saracho está acorralado ya que, ni siquiera el Santander, está defendiendo las tesis que expuso en la Audiencia Nacional.