Banco Popular: España confirma que la resolución no extinguió a la entidad

La Agencia Tributaria está desentrañando muchos aspectos defendidos por los organismos y las personas que fueron clave en la resolución del Banco Popular, lo que la está convirtiendo en una aliada inesperada para los 1,2 millones de personas afectadas. Hay que recordar que, por un lado, negó el cobro de los créditos fiscales al Santander en espera de ser estudiadas las solicitudes, un dinero que era propiedad de los accionistas de la sexta entidad financiera de España.

En otro orden, Hacienda también reclamó a los grandes accionistas del Popular que tributaban por la ley de sociedades (fondos y vehículos patrimoniales) que debían devolver las cantidades desgravadas por las pérdidas de su participación en la entidad resuelta.

Lo más importante de esta reclamación tributaria de que los argumentos de la JUR y, en consecuencia, los del Estado español, para defender la resolución no tienen ninguna consistencia. Hacienda considera que lo ocurrido el 7 de junio de 2017 fue una reestructuración del banco y no una extinción. Puede parecer una reflexión de Perogrullo, pero tanto la JUR, como Deloitte, como determinados organismos (incluido alguno judicial, como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) siguen defendiendo que tras la resolución se creó un «nuevo Banco Popular» que nada tendría que ver con el antiguo. El Santander defendió esta tesis en el recurso a su imputación que tuvo como consecuencia la creación de la «Doctrina Botín II» en la que la citada Sala llegó, incluso, a no aplicar un artículo del Código Penal para exonerar al Santander de indicios para su imputación.

Además, el argumento de la Agencia Tributaria es el que Diario16 lleva defendiendo desde hace 3 años, es decir, que el Popular no se extinguió con la resolución y, por tanto, no se podía hacer una liquidación como se realizó.

Estas contradicciones entre los organismos europeos y los españoles, hace más insostenible que el Estado español siga manteniendo en el TJUE su defensa de los intereses de la JUR, además de ponerlo contra las cuerdas, ya que la reclamación de Hacienda lo que está provocando es una contradicción in terminis.

No se puede defender una cosa y la contraria al mismo tiempo, es decir, no se puede afirmar en un sitio que hubo una extinción o liquidación y en el otro que fue una reestructuración, dado que el Banco Popular continuó funcionando hasta el mes de septiembre de 2018 con su personalidad jurídica a pesar de estar dentro del Grupo Santander. Una vez que Nadia Calviño aprobó la fusión por absorción, incluso, tampoco se produjo la liquidación, sino que la entidad fue absorbida por la matriz del banco cántabro.

Además, estas contradicciones entre los diferentes organismos públicos muestran la inseguridad jurídica a la que se están enfrentando los afectados del Popular. El artículo 9.3 de la Constitución afirma claramente que «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

El hecho de que se produzca una contradicción entre esos organismos públicos, en este caso entre Hacienda y la Abogacía del Estado, no es más que una demostración más de la indefensión que están viviendo 1,2 millones de personas que fueron arruinadas ese día 7 de junio de 2017 y que ven cada día cómo los organismos y administraciones que deberían defender sus intereses se ponen al servicio de las élites para no perjudicar la estabilidad del sector financiero.