Diario16 ha tenido acceso a un documento del Banco Santander, firmado por el Director de Asesoría Jurídica Procesal Corporativa de la entidad que deja en una difícil situación legal al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según ese documento, la colaboración entre Linklaters, el bufete presidido por Sebastián Albella, con el Popular se centró en el asesoramiento jurídico únicamente en lo referente a las leyes españolas y «en relación con la preparación de la documentación de la operación (la parte del folleto relativa a la operación, los acuerdos sociales y contratos necesarios) y su ejecución», indica el documento del Santander. Es decir, el despacho de Albella manejó puntos fundamentales para la ampliación de capital de 2016 que está siendo utilizada por múltiples despachos de abogados como argumento de captación de afectados del Popular con la promesa de recuperación rápida de su dinero cuando, en realidad, la resolución no fue causada ni por esa ampliación de capital ni por el estado de las cuentas.

Sin embargo, y a pesar de las evidencias, el actual presidente de la CNMV no tuvo ningún problema en afirmar en el Congreso de los Diputados que, en relación con su participación en la reunión del Consejo de Administración del Popular que «mi intervención —créanme— fue esencialmente teórica. Estuve explicando en particular la llamada regla de protección de la discrecionalidad empresarial, una regla que está en la Ley de Sociedades de Capital y que básicamente supone que los administradores de una empresa, en la medida en que actúen de buena fe, sin conflictos personales, con arreglo a un procedimiento y con un nivel de información razonable, aunque se equivoquen, no son responsables. Les estuve explicando eso durante quince o veinte minutos y no tuve ningún contacto más en ningún momento con el proceso de ampliación de capital. Fue una especie de invitación que me hizo el secretario y en aquel momento me pareció́ muy razonable».

El artículo 502.3 del Código Penal es claro: «El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses». Y Albella no dijo la verdad en esa comisión de investigación…, como alguno más.

El documento del Santander, además, indica que las conclusiones del despacho presidido por Sebastián Albella fue requerido por entidades colocadoras y aseguradoras de la ampliación de capital «para tener confirmación escrita de cuestiones jurídicas específicas». Es decir, que las sociedades que se iban a responsabilizar de la venta de las acciones se iban a lanzar a una operación corporativa de refuerzo de capital con un trabajo al que Albella le dio tan poca importancia.

Por otro lado, Linklaters accedió a documentación contable, financiera y mercantil sobre la ampliación de capital, varios profesionales del bufete elaboraron una due diligence de toda la documentación emitir una opinión legal concreta, exhaustiva y determinante para que el Consejo de Administración pudiera aprobar dicha operación de refuerzo de capital.

Sobre la participación de Sebastián Albella en la reunión del Consejo de Administración del Popular, celebrada el 25 de mayo de 2016, el documento del Santander hace referencia al alcance indicado en el acta.

En esa reunión, Sebastián Albella indicó que «plantearse la posible responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración por adoptar un acuerdo en que pretende reforzar la solvencia de un Banco parece algo contradictorio.  A continuación, explica que la reciente modificación de la Ley de sociedades de Capital española, que ha recogido de modo expreso en el ordenamiento societario español la llamada regla del juicio empresarial o “Business judgement rule”, facilita el análisis de la cuestión. Bajo el título de protección de la discrecionalidad empresarial, se establece que en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio se considerará que los consejeros actúan con la diligencia exigible si toman decisiones de buena fe; debidamente informados; conforme a un procedimiento adecuado para tomar la decisión; y sin estar afectados por intereses personales en el asunto objeto de la decisión. Dándose esas circunstancias, los consejeros están protegidos en términos de responsabilidad. En su opinión, que tiene también en cuenta las características de la operación y la información de la que ha dispuesto Linklaters con ocasión de su intervención en ella, todo indica que estamos ante un ejemplo de acuerdo que se toma en al marco de la citada “Business judgement rule”. En su exposición menciona de modo especial la asistencia del Banco de inversión UBS a esta sesión, a fin de compartir su valoración de la conveniencia y momento desde una perspectiva financiera, que considera muy oportuna y que también indica que el Consejo está actuando de modo informado y diligente», señalaba el acta del Banco Popular de ese día 25 de mayo a la que Diario16 ha tenido acceso.

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2 Comentarios

  1. veamos las declaraciones de Un exdirectivo del Popular Francisco Aparicio Valls, en la Audiencia Nacional ante el magistrado José Luis Calama

    valls lo dejo muy claro
    «el actual presidente de la CNMV, Santiago Albella, respaldó la ampliación de capital de 2016 desde el Despacho de Abogados Linklaters pese a que luego el propio regulador que él preside abrió expediente sancionador por infracción muy grave a los exaltos cargos del banco por irregularidades en las cuentas de ese año. »

    segun esta declaracion ,albella se esta autoinculpando a si mismo
    ,la cnmv abre un expediente sancionador sobre irregularidades en las cuentas y el mismo Albella intervino dando por buena la situacion del banco.
    es de risa ,auto multese señor albella y hechese usted mismo de la cnmv deje de medrar ,despues de dar sus bendiciones al banco popular un autentico beso de judas ,hundio al popular y ademas ignoro los cortos delictivos en contra del banco.
    usted es un responsable directo de lo que paso.

    » Aparicio Valls ha asegurado que la operativa contó con las bendiciones del auditor interno y también con el asesoramiento del despacho que Albella tenía con su socio Jorge Alegre, los cuáles respaldaron esta operación, tal y como se recoge igualmente en la pericial elaborada por el Banco de España. «

  2. Buenos días a todas las personas de bien y digo bien ya que todos los culpables de este atraco maquiavélico no solo les deseo lo mismo que ellos an hecho con nosotros también les deseo el castigo divino si la justicia de este país o de donde tenga que venir no les castiga por el daño causado a tantas personas de ese bien. Gracias a todos los que nos defendéis y nos apoyais con vuestra palabra.

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