Banco Popular: el informe de Deloitte, clave para que los afectados sean indemnizados

Tal y como publicamos en Diario16, los afectados del Popular tienen el derecho a recibir una compensación económica por el valor de sus acciones y bonos en base a la doctrina del Supremo y del Constitucional. Éste tribunal indicó que «el titular de un interés patrimonial legítimo debe ser indemnizado por la Administración al haber sido expropiado […] (pues) la expropiación forzosa constituye una garantía constitucional reconocida en el artículo 33.3 de la Norma Fundamental, que alcanza tanto a la medidas ablatorias del derecho de propiedad privada en sentido estricto, como a la privación de toda clase de bienes y derechos individuales e incluso de intereses legítimos de contenido patrimonial».

Según el Tribunal Constitucional, la indemnización por la expropiación debe corresponderse con el valor económico del bien objeto de expropiación, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un equilibrio proporcional con el daño expropiado y su reparación. Existe ya una doctrina consolidada del justiprecio como valor de sustitución que puede incluso ser superior al precio de mercado y que tiene en cuenta el impacto subjetivo de la privación del bien para el sujeto expropiado.

El Tribunal Supremo, por su parte, tiene declarado que el valor real del bien indemnizable no es sin más el valor de mercado, sino más bien el valor objetivo del bien o derecho, establecido en términos de equidad y mediante el empleo de criterios estimativos o excluyentes, es decir el valor que permita mantener el patrimonio del expropiado, tanto sin menoscabo injusto como sin enriquecimiento injusto.

Para estas reclamaciones hay un documento que, sorprendentemente, se convierte en la clave que justificaría el pago de esas indemnizaciones: el informe definitivo de Deloitte. La auditora presentó un documento a la JUR que sirvió de base para la resolución y la ruina de 1,2 millones de personas y, ahora, el informe definitivo es el que puede abrir la puerta para el cobro de las correspondientes indemnizaciones.

El documento comienza con los problemas que ha tenido para realizarlo que podrían haber sido sustanciales para poder acreditar si los resultados son extraídos de datos objetivos o conclusiones metodológicas sin apoyo en la realidad. A continuación, Deloitte trata de justificar que la valoración que realiza es de una empresa en liquidación y no de empresa en funcionamiento y las hipótesis que lanza son las propias de alguien que pretende excusarse sin entrar en el meollo del asunto:

• Insolvencia bancaria, sabiendo que no ha habido cesamiento en el pago de obligaciones, cosa que la legislación española exige para poder iniciar un procedimiento de insolvencia. La acreditación de dicho principio, insolvencia bancaria, se demuestra cuando el acreedor no ha podido hacerse cargo del pago de sus deudas. Y en este caso, no ha existido dicha posibilidad porque el Popular era solvente, hecho que ya no está en duda, ni siquiera en la Audiencia Nacional.
• Declaración FOLTF del BCE, del mismo organismo que lo aboca a la resolución por no concederle la liquidez necesaria y solicitada al ser condenado por el Banco de España al corte excesivo en las garantías y colaterales presentados. El BCE se mantuvo impasible ante el celo del Banco de España al no otorgarle la liquidez que el mismo BCE ya había aprobado, sólo que el supervisor español fue el que tuvo que tomar las decisiones, no sabemos si por cuenta propia o por exigencias de instancias superiores.

Justificada la valoración que realiza por liquidación y sus motivos, Deloitte tiene que justificar también la venta al Banco Santander tal como lo realizaron el FROB y la JUR. Es aquí donde hace la cuadratura del círculo. En la página 8 del informe se justifica la venta al Santander indicando «una menor depreciación del valor dado que implica una transferencia de un negocio en funcionamiento», es decir, una clara contradicción in terminis. No puede, primeramente, justificar el informe de valoración por liquidación afirmando que no era un negocio en funcionamiento y, a posteriori, confirmar que la venta se realiza al Santander como negocio en funcionamiento.

Más adelante, Deloitte indica lo siguiente: «En el contexto del dispositivo de resolución de la JUR, la Junta decidió que, de los cuatro instrumentos alternativos de resolución disponibles en la DRRB, el instrumento de venta del negocio era el más adecuado para cumplir los objetivos de la resolución». ¿Por qué es el más adecuado y quién tomó la decisión sobre qué instrumento aplicar y por qué?

En la página 18 del informe es donde Deloitte relata el escenario de insolvencia. Sin embargo, la JUR reconoció que la causa de la resolución fue de un problema de liquidez. La misma auditora reconoce que el Banco Popular disponía de 9.398 millones de patrimonio neto. Por tanto, la entidad tenía solvencia positiva y por tanto le correspondería a cada afectado una valoración de 2,24 euros por acción en base a ese patrimonio neto.

Uno de los ámbitos que señala Deloitte para la liquidación son las expectativas macroeconómicas. En el año 2017 el mercado inmobiliario se encontraba en plena expansión, con ascensos de un 7,2 % de los precios de la vivienda y con perspectivas de crecimiento para 2018; unas ratios de morosidad cayendo, con una recuperación del crédito, tanto del consumo como hipotecario; aumento de los ingresos por comisiones y otros muchos factores que desde el año 2017 estaban empezando a despegar.

Cuando se parte de unas premisas falsas, el resultado y conclusiones que se obtienen son falsos. Eso ha sido el trabajo que ha realizado Deloitte en el informe definitivo de valoración. Se desconoce si se realizó bajo el supuesto de cerrar el círculo que dictaminó la JUR y no el que viene regulado y determinado en el Reglamento 806/2014 en su artículo 20, párrafo 11, donde se exige a la mayor brevedad posible el informe de valoración 2 que aún no ha sido publicado porque la JUR argumenta que no es necesario. La experiencia con el Caso Banco Popular nos ha hecho ver que aquello que a la JUR no le interesa para defender sus intereses, no existe o no lo saca a la luz pública.

Todo este actuar de un organismo público hace temer que estamos volviendo a viejos tiempos en donde las instituciones públicas pierden el sentido de su existencia, que no es otro que la defensa del interés de los ciudadanos, para hacer políticas centrípetas de supervivencias de ellas mismas frente a los pueblos y cualquier entidad. De ahí a que los organismos públicos no solo se defiendan a ellos mismos frente a los demás, sino que para defenderse tengan que poner enfrentados a los demás, falta muy poco y están casi a punto de conseguirlo.