Diferentes fuentes financieras consultadas por Diario16 definieron lo ocurrido con el Banco Popular como «Un golpe de Estado financiero dado desde dentro» y ponían como ejemplo lo sucedido con el número de títulos en préstamo desde el inicio de la operación liderada por Antonio del Valle y Reyes Calderón, pasando por la presidencia de Emilio Saracho. En concreto, se pasó de tener 95,27 millones de títulos en julio de 2016 a 506 millones el 26 de mayo de 2017, última fecha pre-resolución de la que este medio tiene datos.
El inicio del incremento fue sólo por la responsabilidad exclusiva de Emilio Saracho, ya que fue el ejecutor de una operación que se inició con la rebelión de Antonio del Valle y Reyes Calderón que, entre otras cosas, consiguió la paralización del Plan de Negocio tras el cambio de presidente para, de este modo, intentar que el accionista mexicano se hiciese con el banco a través de una OPA, tal y como indicó Manuel Domínguez Moreno en su libro Banco Popular, una operación diabólica.
El incremento de títulos se produjo, principalmente, a partir de la reunión mantenida por Reyes Calderón con Ángel Ron en el mes de julio de 2016, un encuentro que, según los peritos del Banco de España, duró más de 3 horas. Hasta el mes de diciembre se pasó de 95,27 millones a 381,91 millones, es decir, que se incrementó en un 380% y, a partir de que Saracho tomara las riendas del Popular se llega a disparar hasta los 506,14 millones el día 26 de mayo. ¿Fue una casualidad que, tras la resolución, el número de títulos en préstamo bajara casi en 100 millones de euros, en concreto, 410,03?
Este incremento del 500% supuso que, teniendo en cuenta que el precio medio de cada título en ese periodo era de 1,023 euros, esto sólo se consigue con aportaciones de 500 millones de euros, lo que indica que pasaron a actuar como bajistas. Este hecho es algo que no pudieron haber pasado por alto los responsables de la supervisión ni, por supuesto, el FROB.
En consecuencia, tal y como hemos indicado en estas páginas, el Banco Popular fue víctima de un «golpe de Estado» con la presunta colaboración necesaria de las instituciones del sistema que tuvo como principal consecuencia la ruina de más de 1,2 millones de personas.
El hecho de que en el Caso Popular estén presuntamente implicados organismos públicos e, incluso, el propio ex ministro de Economía, Luis de Guindos, genera que, además, se haya provocado una verdadera crisis constitucional.
En el Caso Popular vulneró el artículo 9.3 que dice lo siguiente: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Es decir, que la Constitución garantiza a la ciudadanía que los poderes no pueden hacer lo que les dé la gana.
Sin embargo, en el Caso Popular fueron los poderes políticos y financieros los que permitieron que un banco solvente y viable, hecho que está reconocido en el informe pericial del Banco de España, fuera llevado a la resolución por la estrategia irresponsable implantada por un presidente que no estaba cualificado para ocupar el puesto porque no era un banquero comercial, sino de inversión, un banquero especialista en operaciones corporativas, no en gestionar una entidad.
Cuando Emilio Saracho se presentó en el mes de marzo de 2017 ante la inspección del Banco Central Europeo y les comunicó su estrategia, el BCE debió comunicar la misma y cesar de inmediato a una persona que sólo ocupaba la presidencia de la sexta entidad financiera para realizar una operación de venta o, como bien informó, llevar al banco a la resolución.
Sin embargo, no se hizo nada y Saracho continuó con su estrategia de comunicación negativa, controlada y supervisada, según indicó el ex Dircom del Popular ante la Justicia, por el despacho de cabecera del Santander, y su errática política de generar más dudas sobre el Popular.
Esto sólo pudo ocurrir con la connivencia de los poderes públicos. El Gobierno de Mariano Rajoy, permitió que el Ministerio de Economía impidiera la aplicación de la parte más efectiva del plan de negocio de 2016 o cómo sus instituciones, organismos y administraciones sacaban todos sus depósitos en los días previos a la resolución, salida de liquidez que fue la causa principal de la caída de la sexta entidad financiera de España, tal y como reconocieron los peritos del Banco de España.
Por otro lado, Luis de Guindos se reunió con los instigadores de la rebelión interna del Consejo de Administración que finalizó con la llegada de Emilio Saracho a la presidencia del Popular, con los resultados que ya todo el mundo conoce.
Ese mismo gobierno de Mariano Rajoy y de Luis de Guindos permitió que la CNMV no frenara la cotización del Popular cuando las posiciones bajistas ocupaban el 12% de su capital bursátil, que el FROB iniciara la resolución cuando el Popular disponía de liquidez suficiente para seguir funcionando, además de aprobar la venta al Santander fuera de plazo, que el Banco de España no pusiera objeciones a una operación ejecutada el 7 de junio de 2017 en un documento registrado el día 6 de junio.
En otro orden, la participación de los organismos europeos fue clave, no sólo en lo referido al momento de la resolución, sino en los meses previos. Hay que recordar cómo el BCE cambió los criterios para la concesión de la ELA el día 6 modificando en horas los plazos de madurez de esa línea de liquidez de emergencia. La JUR, por su parte, inició la resolución aplicando una serie de normativas sobre la valoración de entidades bancarias que, en el momento de la caída del Popular, sólo eran borradores y que no entraron en vigor hasta el año 2019.
En consecuencia, el Caso Popular es la consecuencia de una crisis constitucional inédita en la historia de España y de la Unión Europea. Cuando se vulnera la Constitución se deja desprotegidos a los ciudadanos y, en este caso, los 1,2 millones de personas afectadas pueden dar buena fe ello.
En esta foto a parte de Rajoy y Guindos falta el otro sinvergüenza y ladron Jaime Ponce,sin la actuación de estés 3 tipos el Banco Popular seguiría siendo uno de los mejores bancos .Pero les pudo más la codicia y los favores al SA ladrón,y por eso provocaron el Robo a más de 1200.000 españoles .
En cuanto se acaben, los interrogatorio, y se sepa la sentencia; y la pandemia, entrará en vigor, el ajuste de cuentas, e ir haciendo desaparecer el dígito marcado a cada uno.
A mi banco Santander me despidió después de estar 11 años en banco popular con 35 años y mi mujer embarazada de 3 meses, solo se salvaron los que tenían enchufes, luego aparece su presidenta diciendo que es feminista y despidiendo a todas las mujeres con reducción de jornada. Eso es banco de Santander, una empresa con el que no se pueden hacer negocios.
El PP fomento esta tropelía dejando caer a las empresas españolas, miren a Francia como las defienden.
yo siempre digo que el inicio del reseteo fue con el robo del banco popular ,por lo que paso con las criptomonedas a raiz del robo.
pero tambien fue una accion directa para intentar implementar medidas para el nuevo orden mundial(bilderberg) que se ha continuado durante estos años ,como muestra el coronavirus una escusa para implantar una dictadura mundial donde tambien se ha vulnerado la constitucion y derechos fundamentales,no solo de España sino de multitud de paises .
el nuevo orden mundial quiere una sola religion ,esclavizar a la poblacion y disminuirla en un 90% ,quieren que la economia y los bancos se concentren en pocas manos,concentracion bancaria (eliminan un banco independiente que molesta para salvar a un esbirro,el santander) quieren implantar un regimen donde nadie escape a su control ,un autentico 1984 de orwell (leanse el libro) ,creacion hasta de un nuevo vocabulario pasamos de la normalidad a una nueva normalidad que define una anormalidad que estamos viviendo.
muchisimas mas medidas ,por ejemplo la privatizacion de acuiferos para que pasen a manos de multinacionales,las plantas transgenica,pesticidas,chemtrails ,5g mortifero implementado por satelites.etc todo para destruirnos.destruir la soberania de los paises para crear una unica nacion mundial dictatorial con satelites
el robo del banco popular se salto todas las leyes españolas europeas,la constitucion y las leyes bursatiles en un ensayo para implementar lo que quieren hacer mas tarde ,tiranizar y destruir los derechos de la poblacion . no lo conseguiran .venceremos
nuevo orden mundial contra los patriotas del mundo
La inconstitucionalidad del artículo 9, punto 3 es únicamente por el hecho de haber convertido una obligaciones subordinadas no convertibles, emitidas como tales (no convertibles) en el año 2011 y convertidas al amparo de la Ley 11/2015.
Por lo tanto, se viola claramente el principio de irretroactividad.
Por el contrario, las demás cosas que menciona el periodista, jurídicamente no tienen mucha validez.