Banco Popular: El Estado sigue gastando dinero público contra los afectados

El Caso Banco Popular se ha convertido en una «cuestión de Estado» y los organismos económicos dependientes de Nadia Calviño así lo están demostrando. Tanto el FROB, como el Banco de España y la CNMV ya llevan gastados más de 10 millones de euros en la contratación de abogados y expertos para ir en contra de los intereses de todos los afectados del Popular, en concreto, para su defensa en el arbitraje interpuesto contra España por el accionista mexicano Antonio del Valle en el que se reclama la nulidad de la operación.

Ante este envite, el Estado se ha pertrechado con la contratación de lujosos bufetes de abogados que están cargando a las cuentas públicas, las de todo el pueblo, cientos de miles de euros para, precisamente, litigar contra el propio pueblo.

El FROB, uno de los ejecutores de la resolución, publicó un concurso público valorado en 6 millones de euros para la contratación de un bufete de abogados que les asesorase en el arbitraje de Del Valle. Por otro lado, la CNMV hizo pública la contratación de la compañía NERA Economic Consulting, perteneciente al Grupo Marsh & McLennan por una cifra que oscila entre los 400.000 y los 480.000 euros. Es decir, casi 6,5 millones de euros ya destinados a ir en contra de que los afectados del Popular obtengan justicia.

Por su parte, el Banco de España contrató al despacho de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como asesor jurídico por un valor de 2,2 millones de euros. Por otro lado, también contrató a la firma británica Versant Partners por 450.000 euros en calidad de perito especialista y, finalmente, pagará 180.000 euros por los informes periciales realizados por la especialista en regulación bancaria Rosa María de Lastra. 

Según ha publicado La Información, el Banco de España ha incrementado el volumen de gasto de dinero público con la contratación un perito económico y otro legal que van a emitir informes de cara al procedimiento arbitral que se dirimirá en La Haya (Países Bajos). Cada uno de ellos cobrará 106.500 euros, respectivamente.

Este incremento del gasto público demuestra que los organismos dependientes de Nadia Calviño han declarado la guerra a los afectados del Banco Popular y que los intereses del Santander se han convertido en «cuestión de Estado», una vez más y la cuenta ya se pierde de las veces en las que España sale al rescate de la entidad cántabra.

El Estado se está personando y está gastando millones de euros en contratar a carísimos asesores externos, bufetes reputados internacionalmente, con el fin de paralizar cualquier tipo de victoria que puedan obtener en los tribunales los afectados del Banco Popular.

El Estado, desde las más altas instancias, sabe que el primer terreno donde los afectados pueden obtener una victoria es en los recursos contenciosos presentados ante la Justicia europea.

En este caso, el Gobierno de Mariano de Rajoy, el mismo del que era ministro de Economía Luis de Guindos, se puso en contra de los afectados del Banco Popular el 14 de noviembre de 2017. Diario16, a través de distintas fuentes cercanas a la Justicia Europea, tuvo acceso exclusivo a un documento del Ministerio de Exteriores inscrito en el Registro del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que el Reino de España solicitaba «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto afirmaba lo siguiente:

«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución».

A día de hoy, no se ha retirado esa personación que iba unida a la que presentó el Santander. Hay que recordar, además, que fue el banco presidido por Ana Patricia Botín quien reconoció en el escrito presentado ante el TGUE que la venta del Popular se había hecho fuera de plazo.

En un país democrático no es lógico que el Estado se esté gastando este dinero para defender una operación que arruinó a más de 1,2 millones de personas y que está plagada de causas de nulidad, empezando por el propio Banco de España que aprobó la venta por un euro al Santander cuando aún no se había ejecutado la resolución ni realizado la subasta, y siguiendo con el FROB, que permitió la venta fuera de plazo o la CNMV que no paralizó las operaciones a corto del Popular, al contrario de lo que hizo una semana después de la resolución con Liberbank o la medida adoptada en los primeros días de la pandemia con todo el mercado español.

Un Estado democrático no puede permitirse, por ética, gastarse más de 10 millones de euros para ir contra su propio pueblo con el objetivo de favorecer los intereses del Santander. ¿Cuándo llegará el momento en que un país como España deje de estar sometido a los intereses del sector financiero? Es la hora de que España proteja a su pueblo del capitalismo más cruel.