El Caso Banco Popular se ha convertido en una «cuestión de Estado» y los organismos económicos dependientes de Nadia Calviño así lo están demostrando. Tanto el FROB, como el Banco de España y la CNMV ya llevan gastados más de 10 millones de euros en la contratación de abogados y expertos para ir en contra de los intereses de todos los afectados del Popular, en concreto, para su defensa en el arbitraje interpuesto contra España por el accionista mexicano Antonio del Valle en el que se reclama la nulidad de la operación.

Ante este envite, el Estado se ha pertrechado con la contratación de lujosos bufetes de abogados que están cargando a las cuentas públicas, las de todo el pueblo, cientos de miles de euros para, precisamente, litigar contra el propio pueblo.

El FROB, uno de los ejecutores de la resolución, publicó un concurso público valorado en 6 millones de euros para la contratación de un bufete de abogados que les asesorase en el arbitraje de Del Valle. Por otro lado, la CNMV hizo pública la contratación de la compañía NERA Economic Consulting, perteneciente al Grupo Marsh & McLennan por una cifra que oscila entre los 400.000 y los 480.000 euros. Es decir, casi 6,5 millones de euros ya destinados a ir en contra de que los afectados del Popular obtengan justicia.

Por su parte, el Banco de España contrató al despacho de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como asesor jurídico por un valor de 2,2 millones de euros. Por otro lado, también contrató a la firma británica Versant Partners por 450.000 euros en calidad de perito especialista y, finalmente, pagará 180.000 euros por los informes periciales realizados por la especialista en regulación bancaria Rosa María de Lastra

Según ha publicado La Información, el Banco de España ha incrementado el volumen de gasto de dinero público con la contratación un perito económico y otro legal que van a emitir informes de cara al procedimiento arbitral que se dirimirá en La Haya (Países Bajos). Cada uno de ellos cobrará 106.500 euros, respectivamente.

Este incremento del gasto público demuestra que los organismos dependientes de Nadia Calviño han declarado la guerra a los afectados del Banco Popular y que los intereses del Santander se han convertido en «cuestión de Estado», una vez más y la cuenta ya se pierde de las veces en las que España sale al rescate de la entidad cántabra.

El Estado se está personando y está gastando millones de euros en contratar a carísimos asesores externos, bufetes reputados internacionalmente, con el fin de paralizar cualquier tipo de victoria que puedan obtener en los tribunales los afectados del Banco Popular.

El Estado, desde las más altas instancias, sabe que el primer terreno donde los afectados pueden obtener una victoria es en los recursos contenciosos presentados ante la Justicia europea.

En este caso, el Gobierno de Mariano de Rajoy, el mismo del que era ministro de Economía Luis de Guindos, se puso en contra de los afectados del Banco Popular el 14 de noviembre de 2017. Diario16, a través de distintas fuentes cercanas a la Justicia Europea, tuvo acceso exclusivo a un documento del Ministerio de Exteriores inscrito en el Registro del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que el Reino de España solicitaba «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto afirmaba lo siguiente:

«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución».

A día de hoy, no se ha retirado esa personación que iba unida a la que presentó el Santander. Hay que recordar, además, que fue el banco presidido por Ana Patricia Botín quien reconoció en el escrito presentado ante el TGUE que la venta del Popular se había hecho fuera de plazo.

En un país democrático no es lógico que el Estado se esté gastando este dinero para defender una operación que arruinó a más de 1,2 millones de personas y que está plagada de causas de nulidad, empezando por el propio Banco de España que aprobó la venta por un euro al Santander cuando aún no se había ejecutado la resolución ni realizado la subasta, y siguiendo con el FROB, que permitió la venta fuera de plazo o la CNMV que no paralizó las operaciones a corto del Popular, al contrario de lo que hizo una semana después de la resolución con Liberbank o la medida adoptada en los primeros días de la pandemia con todo el mercado español.

Un Estado democrático no puede permitirse, por ética, gastarse más de 10 millones de euros para ir contra su propio pueblo con el objetivo de favorecer los intereses del Santander. ¿Cuándo llegará el momento en que un país como España deje de estar sometido a los intereses del sector financiero? Es la hora de que España proteja a su pueblo del capitalismo más cruel.

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11 Comentarios

  1. Ya pueden contratar buenos abogados que dará igual no pueden defender lo indefendible todos los pleitos se perderán tendrán que pagar todos empezando por Europa por el gobierno español la CNMV el Banco de España el FROB y el Santander, todos perderán si ganarán significaría simplemente que Europa es la jungla y aquí vale todo.

  2. Jejeje qué risa me da!!
    El titular del artículo debería ser:
    «Banco Popular: El Estado sigue gastando dinero público…. «EN DEFENSA DE SUS IMPLICADOS EN LA USURPACIÓN Y ROBO DEL BANCO BANCO»
    Los poderes públicos son los garantes del bienestar de sus ciudadanos… En este caso se demuestra día tras día que esto no es así!!
    El estado está gastando lo que está gastando y contratando lo que está contratando no por eso llega al estado sino por defender aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid de todos los implicados en la trama.
    de esta forma lo que se pretende es exculpar a toda la trama y a todos los que participaron en la
    por supuesto que (de momento) presunta estafa, robo, usurpación, apropiación,etc del Banco Popular. A ver si algún día a todos los implicados me reclaman estos dinerales que el estado es decir que todos los españoles han posado de su bolsillo.

  3. No tenemos en quien confiar nuestros ahorros por lo tanto para que queremos políticos de tres al cuarto dominados por el poder de don dinero.Salud para todas las personas de bien.

    • No tenemos en quien confiar …..

      Si, existe uno, o por lo menos se ve que se mueve, sabe Usted quien es, el CAPETO, alias vara de nardo.

  4. JUSTICIA
    Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
    «por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad»

  5. LO más importante sigue siendo la inconstitucionalidad por causa de la violación del principio de irretroactividad del artículo 9 punto 3 de la Constitución Española. Recordemos al respecto que lo único que se vende al Santander es el resultante de la conversión en acciones unas obligaciones subordinaras emitidas en el año 2011 que, según la legislación que había entonces, no eran convertibles y que se convierten con arreglo a la Ley 11/2015.

    Este es el «AS» que los grandes despachos de abogados se están guardando en la manga por si fracasa (que no parece probable) lo demás que ellos esperan.

  6. Art 33 CONSTITUCIONESPAÑOLA… PISOTEADO POR EL PP EN EL ROBO BANCO POPULAR.
    Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. … Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

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