Banco Popular: el documento que demuestra que el Santander se negó a redactar el acta definitiva de la inviabilidad

Es un hecho que una parte importante de la Justicia española está al servicio de los poderosos, de las grandes empresas, de los bancos y de las grandes fortunas. Es un hecho que la justicia en España es el coto privado de la minoría que gobierna desde la sombra a las mayorías. Es un hecho que uno de los modos que esas élites tienen de controlar a la ciudadanía y, sobre todo, a los gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo, es la impunidad que les otorgan los tribunales.

Las sentencias están ahí, las instrucciones que se desarrollan en determinados juzgados, sobre todo en la Audiencia Nacional, demuestran que la situación en España es esa. El pueblo está desamparado por la dictadura impuesta por los que tienen la capacidad para controlar la Justicia a través de sus despachos lobistas y de sus entramados relacionales.

El Caso Popular es uno de muchos en los que demuestra a la perfección que la Justicia sólo sirve a los intereses de los poderosos. Las últimas decisiones de la Audiencia Nacional son absolutamente desconcertantes y el instructor, de la mano de la Fiscalía, está dando una serie de bandazos que parecen, presuntamente, orientados a exculpar a los verdaderos culpables o a cerrar de manera precipitada la instrucción cuando aún queda mucho por investigar.

La última decisión fue la de negarse a investigar las irregularidades que se produjeron en la reunión del Consejo de Administración del Banco Popular del 6 de junio de 2017 y que fueron denunciadas por los exconsejeros del Popular, en algunos casos levantando actas notariales apenas dos meses después de la resolución.

La decisión del juez Calama, ratificada por la Sala de lo Penal, evitará investigar que Banco Santander no redactó el acta definitiva de la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio y que inició la resolución del Popular. Así consta en un correo remitido por el exsecretario Joaquín Hervada a un exconsejero y al que ha tenido acceso Diario16.

En concreto, tras las reiteradas quejas de que el acta parcial no recoge todo lo que ocurrió en esa reunión, Hervada respondió lo siguiente: «no puedo redactar el acta definitiva cuya aprobación corresponde a un Consejo con el que no tengo ninguna vinculación y tampoco puedo, ni sería correcto que intentara, “dejar sin efecto” el acta parcial». Ese nuevo Consejo al que se refiere el exsecretario era el presidido por Rodrigo Echenique. Por tanto, fue el Santander quien no redactó el acta definitiva ni la aprobó.

En esa acta definitiva, por ejemplo, tendrían que quedar recogidas todas las intervenciones de los exconsejeros que se opusieron a la declaración de inviabilidad porque el Popular tenía un problema de liquidez y no de solvencia. También deberían aparecer lo que los abogados del despacho de cabecera del Santander afirmaron sobre las responsabilidades penales que tendrían que asumir los exconsejeros si no se declaraba la inviabilidad. También deberían aparecer las menciones a la carta pre redactada y que fue enviada al BCE declarando que el banco no era viable. En consecuencia, deberían aparecer todas las irregularidades que se produjeron en aquella reunión y que, por tanto, no beneficiaban al Santander.

En esa reunión que provocó el inicio de la resolución Saracho y los abogados del bufete de cabecera del Santander engañaron a los consejeros a decirles que el envío de la carta pre redactada al BCE no iba a tener más consecuencia que una comunicación informativa e, incluso, los consejeros fueron convocados a una nueva reunión para el día siguiente a las 7 de la mañana. Así lo han denunciado varios de esos exconsejeros porque, cuando salieron del Edificio Beatriz, no sospechaban que cuando despertaran se iban a encontrar con el banco resuelto y vendido al Santander por un euro.

Sin embargo, ahí no acabaron las irregularidades, puesto que, en el acta parcial, de la que los consejeros no tuvieron noticia hasta dos semanas después, se incluyeron aspectos que no fueron debatidos ni tratados en la reunión. Así lo indica el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán.

Según el documento, el borrador del acta no fue mostrada ni leída ni entregada hasta el día 28 de junio de 2017, algo que es una irregularidad. A esto hay que unir un hecho que es clave y que es indicado por el acta notarial: «Los consejeros no precedieron, al final de la reunión del Consejo del Banco de 6 de junio de 2017, a aprobar ni el acta parcial […] ni ninguna otra acta. Únicamente se firmó, al comienzo de la sesión, una lista de asistentes que, en el caso de los consejeros que asistieron por teléfono, fue suscrita por el propio ex secretario del Consejo de Administración del banco».

A lo anterior hay que sumar que el acta parcial no cumple con lo indicado en el Reglamento del Registro Mercantil ya que no se hace referencia ni a las intervenciones de los consejeros ni al resultado de los acuerdos alcanzados. Algo que debería haber hecho el Santander, pero no hizo.

Además, fueron introducidos en el acta parcial elementos que no fueron debatidos ni tratados en la reunión. Lo cual es un claro falseamiento de lo ocurrido en el Edificio Beatriz en la tarde del 6 de junio de 2017 y que fue el inicio del proceso de resolución, de venta al Santander por un euro y de la ruina consiguiente de 1,2 millones de personas.