El informe de Deloitte del Banco Popular tiene, entre otras cosas, errores manifiestos ya que, entre otras cosas, indica costes de liquidación de 1.000 millones de euros, lo cual es una valoración totalmente descabellada. En un recurso presentado contra la JUR en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se calcula que, a 18 meses, esos costes hubieran sido de 10 millones de euros e incluso menos es más que suficiente para pagar los honorarios del liquidador de acuerdo con la legislación española, aunque el coste es proporcional al tiempo.

«Por eso hemos valorado el coste en 15 millones a 3 años y 20 millones a 7 años. Los costes por terminación de contratos deben considerarse cero. Una entidad financiera puede vender o subrogar sus contratos a cualquier otra entidad financiera sin que ello implique ningún perjuicio para el cliente o la contraparte.

» No corresponde pues ningún tipo de indemnización, al contrario de lo que sucedería con una empresa del sector de la construcción o de obra pública. Respecto del coste relacionado con los empleados, consideramos que ese coste puede ser perfectamente cero, a la vista de las operaciones que han tenido lugar recientemente en el sector financiero español. Por ejemplo, Banca Mare Nostrum vendió sus oficinas de Catalunya, con los clientes, depósitos, locales y empleados a Banco Sabadell y no hubo ningún coste de despido de personal. Por lo tanto, en una buena gestión de la liquidación ese proceder ahorra costes de personal. Banco Popular también ha «vendido» por 1 euro todas sus oficinas a Banco Santander. Por lo tanto, los costes de liquidación los valoramos sólo en los honorarios del liquidador. Los activos intangibles también son recuperables con una adecuada gestión», se afirma en el recurso.

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