Banco Popular: De Guindos «desnudó» a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

La declaración de Luis de Guindos en la Audiencia Nacional dejó a un damnificado «oculto», no tanto por los hechos que culminaron con la ruina de 1,2 millones de personas el 7 de junio de 2017, sino por la anuencia y pasividad que se está dando desde el mes de junio de 2018: Pedro Sánchez y sus dos gobiernos, lo cual le coloca en un nivel de responsabilidad respecto al Caso Popular paralelo a la que tuvo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Cierto que Luis de Guindos no señaló en ningún momento al actual gobierno, pero sus manifestaciones respecto a algunos aspectos sí que han mostrado cómo, desde la irracionalidad que genera la incoherencia, un gabinete que nada tuvo que ver en un hecho se puede convertir en cómplice de las acciones de otro con un lapso temporal de por medio.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) puso mucho énfasis en criticar la opacidad de la Junta Única de Resolución (JUR) cuando fue preguntado por el juez Calama Teixeira. Este es el primer «torpedo» que impactó en la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez. A este respecto, Diario16 ha publicado múltiples resoluciones de la JUR a las reclamaciones de acceso a la documentación que fueron denegadas incumpliendo lo indicado en los reglamentos europeos escudándose en que si esa información se hiciera pública podría perjudicarse a los intereses comerciales del Santander. Estas reclamaciones y recursos se han venido presentando desde junio de 2017 hasta, prácticamente, el día de hoy.

Por tanto, conociendo por las publicaciones de este medio lo que estaba ocurriendo, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez no ha actuado? ¿Qué razón le ha impulsado a no hacer una petición formal de dicha documentación para entregarla al pueblo? Si al Santander le afecta que esa información se haga pública, lo sentimos señora Botín, por encima de sus intereses están los de la ciudadanía. Lo que señala a un buen gobernante es la priorización del interés general y no al contrario. Un gobierno progresista de coalición tiene la responsabilidad de mostrar que se puede ejercer el poder sin entregarse a satisfacer de manera prioritaria las necesidades de las élites, no puede caer en la tentación de hacer efectivo lo que afirmó Edmond Thiaudière: «La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular».

En segundo término, De Guindos también puso el foco en las irregularidades tanto de la JUR como del informe de Deloitte. Diario16 ha publicado durante años sobre el tema y buena parte de las noticias salieron a la luz cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno. A pesar de esto, el gabinete no ha hecho nada al respecto y, lo que es peor aún, no ha retirado a la Abogacía del Estado de la defensa de la JUR en contra de los intereses de la ciudadanía. Esto es un punto clave, puesto que no se trata sólo de defender los ahorros de 1,2 millones de españoles, sino de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que utilizan los servicios bancarios. Si el Estado pone los recursos pagados por el pueblo en contra de los intereses del pueblo, entonces la democracia ha perdido su sentido más absoluto y se encamina hacia comportamientos absolutamente dictatoriales. 

El problema que percibe la ciudadanía, afectados del Popular y de otras grandes estafas de la banca, es que el Estado está al servicio del sector financiero y no del pueblo. ¿Qué hace un abogado público defendiendo a entidades bancarias en los tribunales europeos como está ocurriendo en el Caso Popular o en el IRPH? ¿Quién tiene la soberanía nacional, el pueblo o la banca? La Constitución es clara: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». En ningún momento del artículo 1 dice que «la soberanía nacional reside en la banca».

El periodista Juan Gómez-Jurado dijo: «Dale a un hombre un arma y robará un banco, dale un banco y robará el mundo entero». El Caso Popular, señor Sánchez, no va de que la sexta entidad bancaria fuera resuelta por una crisis de liquidez provocada por un presidente cuyo único fin era el de vender el banco, como claramente dijo ante el BCE pocos días después de haber sido nombrado. El Caso Popular es un claro ejemplo de cómo los organismos públicos se convirtieron en cómplices necesarios para rescatar a una entidad bancaria privada que tiene una fachada y un logo muy moderno pero cuyo interior tiene más agujeros que un queso gruyere.

La realidad es que el gobierno Sánchez-Iglesias ha permitido demasiado al Santander en este asunto. El Ministerio de Asuntos Económicos, por ejemplo, aprobó la fusión por absorción del Banco Popular y el Santander, dejando a la sexta entidad financiera sin personalidad jurídica y entregando gratis un patrimonio neto de más de 11.000 millones al banco presidido por Ana Patricia Botín. Todo ello sin que la Justicia haya adoptado ninguna decisión y que, en caso de tener en cuenta las graves irregularidades e ilegalidades que se produjeron durante la resolución, podría tener unas consecuencias muy negativas para el Estado porque lo convierte en responsable directo. Los regalos a los Botín suelen tener sabor agridulce para el pueblo. No hay más que recordar Banesto. El Santander se hizo, gracias a la decisión de Nadia Calviño, con un botín de 37.710 millones de euros.

Esta cifra habría sido más alta si Hacienda no hubiera parado la ansiedad infinita del Santander por exprimir los recursos del Popular. Cuando el banco presidido por Ana Patricia Botín pretendió acceder a 1.000 millones de euros de dinero público, en concepto de créditos fiscales, Hacienda decidió investigar dicha petición y frenar el pago de ese dinero porque el Santander pretendía hacer ver que el Popular había incurrido en 12.000 millones en pérdidas cuando, según los informes del Banco de España, no era así. Mientras el gobierno de Rajoy aprobó el pago de 400 millones sin poner problemas, el departamento de María Jesús Montero inició una investigación. Ese hecho diferencial es el que debería haber permanecido. Sin embargo, se aprobó la fusión por absorción. ¿Es coherente esto? ¿El señor Iglesias, tan favorable en sus mítines a frenar los abusos de la banca, no tiene nada que decir desde su silla en el Consejo de Ministros?

La declaración de Luis de Guindos colocó al actual Ejecutivo en una situación de complicidad en el Caso Popular que sus hechos podrían corroborar. ¿Por qué no se ha iniciado una investigación de oficio por parte de la Fiscalía de todas las irregularidades cometidas? La excusa de que el asunto está judicializado no es válida puesto que en la Audiencia Nacional se está instruyendo sólo sobre una parte del caso, no sobre esas irregularidades.

¿No es obvio que todo estaba preparado cuando el FROB contrató a despachos de abogados externos dos semanas antes de que se ejecutara la resolución? ¿No es obvio que el Banco de España aprobó la venta al Santander un día antes de que se produjera siquiera la resolución? ¿No es obvio que al BBVA se le ocultaron datos para provocar su retirada de la puja? ¿No es obvio que Luis de Guindos se reunión con Ana Patricia Botín al mismo tiempo en que la JUR, el FROB y Emilio Saracho, con la presencia indiscutible de los abogados del despacho de cabecera del Santander, decidían que el Popular iba a ser resuelto cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos? ¿No es obvio, señor Sánchez y señor Iglesias, que el primer día laborable tras la comunicación a las 5 entidades bancarias españolas de que el Popular iba a ser resuelto los organismos y administraciones públicas se lanzaron masivamente a retirar sus depósitos?

Señor presidente y vicepresidente segundo, estamos hablando de la presunta comisión de delitos muy graves que tuvieron como consecuencia la ruina de 1,2 millones de personas que, señor Iglesias, no son especuladores, sino miembros de las clases medias y trabajadoras que usted dice defender de las élites. ¿Qué más necesita usted para ser coherente consigo mismo y con la imagen que ha transmitido a la ciudadanía? Su partido, al igual que el PSOE, dieron un espectáculo lamentable en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera en la que se trató también el Caso Popular. Uno de sus diputados, incluso, le rio las gracias a Emilio Saracho y se dejó embaucar por sus artes de trilero con corbata. No tiene más que leer las conclusiones de Podemos respecto al Banco Popular y entenderá lo que le digo. Abandonaron a 1,2 millones de ciudadanos comprando una versión del asunto que el propio Banco de España dejó inútiles con el informe de los peritos.

Lo mismo hizo el PSOE, señor Sánchez, que en esa Comisión quedaron muy retratados hacia dónde van las prioridades. Aprendan de Esquerra Republicana, que sus diputados aprendan de Joan Capdevila o de Esther Capella, y comprenderán lo que es ponerse del lado del pueblo porque la indiferencia en política, la misma que los gurús del asesoramiento ponen muchas veces en un alto valor (sobre todo cuando en realidad trabajan para otros), no es más que dejar abiertas las puertas a la permisividad de los abusos de las clases dominantes frente a las medias y trabajadoras que, por ética y coherencia, deberían ser su prioridad.

Defiendan al pueblo, defiendan a los ciudadanos, ordenen una investigación de la Fiscalía, y verán, como indica la investigación de Diario16, que el Caso Popular es, en realidad, la Operación Rescate del Santander. Entonces, actúen en consecuencia.