Banco Popular: Albella, desde el despacho Linklaters, cooperador necesario en la Operación Diabólica

Los afectados del Banco Popular llevan casi desde el mismo día de la resolución exigiendo a Europa información clave para poder afrontar sus recursos, demandas y querellas en situación de igualdad respecto a quienes tomaron la decisión de resolver a la sexta entidad financiera de España. La resolución, tal y como hemos publicado en Diario16, incumplió tanto con las leyes como con la jurisprudencia europea, además de que se desarrollaron diferentes tipos de irregularidades que no pueden ser detectadas por los afectados y por sus representaciones legales por la opacidad tanto de los organismos europeos como de los españoles.

Esa falta de transparencia se ha convertido en una cuestión de Estado, es decir, que las instituciones de la Eurozona y los diferentes gobiernos de España se han colocado en la trinchera contraria a la razón, la ética y la verdad.

Es un hecho muy grave que se denieguen documentos clave sobre los que se cimentó la decisión de resolver a un banco sistémico y de arruinar a 1,2 millones de personas, sobre todo cuando lo que se pretende es dar una apariencia de legalidad sobre actos que son presuntamente ilegales, tal y como hemos demostrado en estas páginas.

De esta estrategia opaca, ¿quién o quiénes son los responsables? En primer lugar, resulta paradójico el hecho de que el muñidor de la estrategia fuera Linklaters, el despacho de abogados que fue presidido por Sebastián Albella, presidente de la CNMV. Tal y como publicó en exclusiva Diario16 en enero de 2018, apenas 6 meses después de la resolución, el prestigioso bufete remitió un argumentario completo de cómo actuar ante las reclamaciones de información remitidas por los afectados de la resolución del Banco Popular. En un documento fechado el 28 de junio de 2017, sólo tres semanas después de la resolución, Linklaters preparó un argumentario con apariencia de legalidad en el que se ha basado toda la estrategia de la Junta Única de Resolución (JUR) para negar el acceso a documentos que son clave.

Dicho argumentario señala un aspecto absolutamente sorprendente:

«Aún no existe una práctica establecida respecto del acceso a los documentos que esté basada en las correspondientes disposiciones de RMUR junto con el Reglamento sobre Transparencia y la Decisión de acceso del Público». Es decir, la JUR, el BCE y los organismos económicos españoles se apoyan en un documento basado en opiniones y en prácticas que no están establecidas. Esto es muy grave desde todos los puntos de vista. Aún así, lo indicado en el documento del despacho que presidió Sebastián Albella ha sido la base para que la JUR, principalmente, y el FROB, por no querer compartir esos documentos a los afectados que se lo han reclamado, hayan creado un sistema opaco que deja en estado de indefensión a los afectados del Banco Popular y, en consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales.

En segundo término, los gobiernos del PP y el actual de coalición progresista no han dudado en colocarse en contra de 1,2 millones de personas por varios motivos. El primero, colocando a la Abogacía del Estado a defender los intereses de la JUR, un organismo que está vulnerando derechos fundamentales. El segundo, no retirando dicha defensa cuando se produjo el cambio de Ejecutivo tras la moción de censura y la solicitud por parte de Esquerra Republicana de Catalunya. El tercero, dejando más indefensos aún a los afectados aprobando la fusión por absorción que dejó sin personalidad jurídica al Banco Popular cuando aún no se han resuelto todos los frentes judiciales abiertos.

Es verdaderamente estremecedor comprobar cómo los poderes democráticos (ejecutivo, legislativo y judicial) no hayan hecho nada desde enero de 2018 cuando Diario16 publicó que fue el despacho presidido por Sebastián Albella antes de acceder a la Presidencia de la CNMV el encargado de crear un documento que pretende dar apariencia de legalidad a un hecho que vulnera las leyes europeas y que, repetimos, vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Cómo en una democracia como la española se puede permitir que un despacho asesore sobre opacidad cuando ni siquiera había abiertas diligencias en los juzgados? Es sencillo. Conocían la ilegalidad de la decisión de resolver al Popular y había que ocultarlo fuera como fuera.

Del Gobierno del PP no se podía esperar otra cosa, manteniéndose aún Luis de Guindos al frente de Economía. Sin embargo, tras el cambio de Ejecutivo, nadie se puso del lado de los afectados a pesar de la evidencia de las pruebas. Por encima de todo ello, en Moncloa, Iván Redondo, la todopoderosa mano asesora de Pedro Sánchez, apoya, a petición del Santander, la medida de mantener a Albella al frente de la CNMV, un cargo que le concedió, vía el Ministerio de Economía de Luis de Guindos, el Gobierno de la Gürtel, la Púnica, la Kitchen o Lezo.

Es verdaderamente sonrojante que un gobierno de coalición de izquierda progresista, fundamentalmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, permitan esto y mucho más, como están haciendo con el Caso Popular. No sirve escudarse en que el asunto está en los tribunales porque ese ponerse de lado deja una pregunta aún más inquietante: ¿qué podrían estar recibiendo a cambio y de quién? A buen seguro que Redondo y su equipo lo sabrán. Diario16 llegará a saberlo también, incluso «matando al mensajero».