Como si de una maldición se tratara, el turbio asunto de la mina de Aznalcóllar retorna, una y otra vez, a las primeras páginas de los periódicos. Es como si algo o alguien se hubiera empeñado en decirnos que uno de los mayores desastres ecológicos de España −el ocurrido a raíz de un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional de Doñana el 25 de abril de 1998−, se cerró en falso mientras quedan muchas preguntas sin respuestas, muchas cuestiones aún por aclarar y probablemente algún que otro culpable por juzgar. O lo que es lo mismo: más de dos décadas después del desastre de Aznalcóllar, los responsables del vertido siguen sin asumir el coste ecológico del desastre.
Aquella dramática noche de abril, el muro de la balsa de residuos de la explotación minera reventó, dando paso a un torrente de lodos tóxicos y aguas ácidas. El agujero en la pared –de 50 metros– dio paso a un ciclo diabólico contaminante que dejó seriamente dañado el río Agrio, el Guadiamar, el Guadalquivir y el mismo parque de Doñana. Por esos 62 kilómetros de territorio circularon seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminadas con zinc, plomo y azufre. La catástrofe fue causada por la rotura de la Balsa Minera de los Frailes, explotada por la empresa sueca Boliden.
Entonces comenzó el kafkiano laberinto judicial que fue calificado por el Tribunal Supremo como “un indeseable peregrinaje” de expedientes penales y civiles por los juzgados y tribunales sin que se haya hecho justicia. En 2002, cuatro años después del desastre ecológico, se cerró en falso la vía penal y la Junta andaluza demandó a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza de residuos. El Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Sevilla se declaró incompetente.
Al año siguiente, en 2003, la Audiencia Provincial de Sevilla respaldó la inhibición del juez e instó a resolver el caso por la vía administrativa. Cuatro años más tarde, en 2007, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) dio la razón a Boliden y la Junta tuvo que recurrir al Tribunal Supremo. En 2012 el Alto Tribunal ordenó que el caso regresara al mismo juzgado sevillano de primera instancia que se inhibió una década antes. Y en 2013 dicho juzgado asumió la competencia e inició la vía legal para determinar el pagador de la limpieza de lodos. Además, inició las diligencias para concretar a quién correspondía pagar la limpieza de los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana. Sin embargo, a fecha de hoy aún no se ha resarcido el daño.
Pero la verdad siempre insiste en salir a la luz más tarde o más temprano y ayer se produjo una nueva réplica de aquel terremoto del pasado cuyo epicentro se situó en la mina de Aznalcóllar. Para sorpresa de todos, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en una comparecencia ante la prensa en Algeciras, aseguró que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, que lo cesará en el Consejo de Ministros de este viernes tras reabrir la Audiencia Provincial de Sevilla el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y volver a estar imputado por su anterior cargo como consejero de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.
Montero ha afirmado que habrá que dejar que la Justicia actúe, aunque ha recordado que se trata de un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones. No obstante, ha querido aclarar que se trata de una causa que forma parte de la actividad anterior de Fernández, antes de ser presidente de SEPI.
El anuncio de la ministra se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla haya ordenado este martes la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, en la que estará llamado a declarar el que fuera secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industria (SEPI).
En el auto, facilitado por el Tribunal de Superior Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la Sala ha aceptado estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources y ha ordenado reabrir esta causa, revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco.
De esta manera, el tribunal ordena prestar declaración al que fuera secretario de la Consejería de Innovación, el actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, así como a Isidro L.M. y Mario L.M.. Igualmente, solicita a la Junta de Andalucía que informe a través de la UCO de la Guardia Civil de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo.
Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las bases del concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso, siempre según Europa Press.
Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., a los que todavía no se ha tomado declaración, en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, “considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente, serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no”.
Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la Justicia respecto de determinados escritos. De modo que hoy, más de dos décadas después del desastre medioambiental, las aguas de Aznalcóllar siguen bajando muy sucias. No solo en lo ecológico, también en lo político.
EL UNIVERSO QUE HAY SIGUE ESTANDO AHÍ Y SIGUE SIENDO EL MISMO. EL SOL QUE HAY ESTÁ AHÍ Y SIGUE SIENDO EL MISMO. CLARO, ¡LA VERDAD SIGUE SIENDO LA MISMA!, LO QUE PASA ES QUE TODOS INTENTARÁN DECIRLA A SU MANERA INTERESADA, POR LO QUE SE DESVIRTÚA ASÍ LA VERDAD Y YA ES OTRA COSA MANUFACTURADA POR INTERESES RETORCIDOS O DE PILLEZ HUMANA.
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No hay cosa máS cruel o destructiva por parte de todos que el consentir aún una desprotección al que demuestra razón-bien(que el el ÚNICO ANTÍDOTO para todas las mentiras en la sociedad, ¡para todas!).