Foto: Flickr CAM

Un documento de Europol, al que Diario16 ha tenido acceso, analiza el impacto que sobre el crimen está teniendo la pandemia del Covid19. En uno de los puntos se analizan las consecuencias sobre el sistema financiero y la economía, debido a la situación volátil de ésta que puede incrementar los intentos de las organizaciones criminales organizadas (OCG, por sus siglas en inglés) de lavar dinero.

La organización policial europea indica que las medidas adoptadas tras la crisis de 2008 para evitar el blanqueo de capitales a través de la limitación de pagos en efectivo van a ser puestas a prueba porque las «OCG rentables siguen siendo altamente flexibles y aprovecharán las oportunidades para lavar ganancias siempre que sea posible. Esto también puede incluir OCG implantadas en la UE que trasladan sus operaciones de lavado de dinero a países no pertenecientes a la UE con marcos de lucha contra el blanqueo más débiles y menor resistencia a los intentos de introducir grandes cantidades de capital de fuentes dudosas en tiempos de precaria estabilidad económica donde aún no lo habían hecho», afirma el documento de Europol.

La recesión derivada de la pandemia puede llevar a la bajada de precios de algunos productos que son favorables para las OCG. Este desarrollo potencial del blanqueo puede ser «particularmente notable en el sector inmobiliario que se presta a la inversión de ganancias criminales». Esta advertencia de Europol contrasta con el anuncio que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la liberalización del suelo y la eliminación de la mayoría las licencias de obras para, según Díaz Ayuso, facilitar la recuperación económica a través de la construcción porque de esta forma se atraerían inversores extranjeros «acostumbrados a trabajar con plazos administrativos más cortos». Es decir, abrir la puerta definitivamente a lo que, precisamente, alerta Europol.

Durante la burbuja inmobiliaria la propia Europol ya desmanteló varias redes de lavado de dinero que operaban en el sector de la construcción y blanqueaban en el ladrillo las ganancias obtenidas en el tráfico de drogas. Por ejemplo, en el año 2007 fue desarticulada una red criminal en la Costa del Sol que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través del negocio inmobiliario. En esa operación fue detenido un importante constructor holandés afincado en Málaga que utilizaba su entramado societario para ocultar el origen ilícito de los fondos ingresando todo el dinero en una bolsa común de las sociedades para, posteriormente, transferirlo a sus dueños con apariencia de legalidad.

Es evidente que la situación ha cambiado y que la gran mayoría de los empresarios de la construcción no acceden a este tipo de operaciones, sobre todo después de las nuevas medidas de prevención del blanqueo. Sin embargo, el planteamiento de Díaz Ayuso para liberalizar el suelo y eliminar la concesión de las licencias urbanísticas para reducir los plazos burocráticos para, de este modo, atraer inversión extranjera, va en contra de lo indicado por Europol en su informe.

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