La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de geriátricos, tendrán que responder ante el Tribunal Supremo por la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de mayores.
El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo de la querella interpuesta por familiares de mayores en residencias contra la presidenta regional, el consejero de Sanidad y 10 directores de geriátricos por la gestión de la crisis sanitaria en las residencias al omitir “acciones tendentes a evitar la propagación del virus”.
Según el auto, la juez Belén Sánchez acuerda la inhibición al Alto Tribunal por la condición de aforada de Ayuso. Contra esta resolución, cabe interponer un recurso de reforma.
“Por la mala atención en las residencias de mayores”
Familiares de mayores presentaron una querella criminal contra Ayuso por su gestión de las residencias, el pasado 11 de mayo, coordinados por el colectivo Mareas de Residencias por “la mala atención en las residencias de mayores” y se amplío para que se investigara “el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos dependientes o con enfermedades mentales”.
Además de Ayuso y Escudero, los querellados son los directores de DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal.
Homicidio imprudente
La querella pedía que “la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias” citadas sean investigados “por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio”.
Responsabilidad penal de la presidenta
La querella afirmaba que la crisis provocada por el Covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, “aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores”, por eso exigían la responsabilidad penal de la presidenta regional.
“En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios privados, que a veces son fondos de inversión opacos”, añadía la querella.
18.000 muertos en residencias
Al menos 18.285 mayores usuarios de residencias, tanto públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. La Comunidad de Madrid es la región más afectada, con 6.007 víctimas mortales en residencias sociosanitarias. Por detrás está Cataluña, con 4.059 y Castilla y León, con 2.581.
La comunidad con menor número de muertes sigue siendo Canarias, con 19 fallecidos.
Bueno y ahora que todos estos que culpaba alos ultimos que llegaron que era el presidente y el vicepresidente que Queno sabían o no querían saber que quien lleban las residencias y la sanidad son las comunidades si eso lo saben asta en perbulitos creen que lagente somos ignorantes
La justicia es muy bananera en este país. Doy por hecho que no se la va ni a molestar, ni responder por sus actos de negación a personas mayores en residencias.
Me gustaría que comentases que la querella, la han presentado lxs familiares, pero apoyados por la Marea de Residencias. Cualquier información, estoy a tu disposición. Gracias