El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha requerido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que permita que las mutuas de trabajo se sumen a los dispositivos asistenciales para realizar pruebas rápidas de antígenos para detectar la COVID-19 a los trabajadores, con su personal y en sus instalaciones, y con pruebas rápidas facilitadas por la Consejería de Sanidad.

Las pruebas rápidas de diagnóstico precoz de COVID-19 se orientan en esta estrategia de testeo masivo a personas sin síntomas de enfermedad, y se realizarían con todas las garantías de seguridad, trazabilidad y confidencialidad de resultados.

Ayuso ya pretendió “requisar” personal de las Mutuas en una muestra más de su incapacidad para gestionar la crisis sanitaria, durante el mes de agosto del año pasado.

Los sindicatos CCOO y UGT de Madrid denunciaron que más de dos meses después de comprometerse a incrementar su número el número de rastreadores, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió requerir la puesta a disposición del personal de las Mutuas para que realizaran está función.

Afortunadamente nunca se llevó a cabo. Ahora vuelve otra vez a la carga y hace otra petición absurda.

Este requerimiento es una muestra más de la incapacidad de gestión que está demostrando la Comunidad de Madrid.

¿No hay medios materiales y humanos suficientes?

La Comunidad de Madrid ha eludido durante estos meses su compromiso de contratar a los rastreadores necesarios. Por el contrario, el Gobierno regional ha ido parcheando las recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha decido derrochar más de 125 millones de euros en el Hospital de Pandemias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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