A Mariano Rajoy no le tembló el pulso a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución para restablecer el orden en Cataluña. Hoy Madrid vive otro caos, no tanto político como sanitario, su presidenta ha perdido completamente los papeles y la pandemia amenaza con contagiar a millones de personas, un escenario casi bélico que puede terminar con miles de muertos y enfermos, de manera que la intervención del Estado por razones de emergencia nacional está más que justificada. La situación en la capital de España y municipios adyacentes es gravísima. El sistema de salud pública se encuentra al borde del colapso y si no se frena cuanto antes la expansión del coronavirus la imagen de gente muriendo en los pasillos de los hospitales y hasta en la calle, sin poder ser atendida como en los países tercermundistas, podría volver a repetirse.
Madrid se ha convertido en una gran bomba vírica que puede estallar en cualquier momento, irradiando el covid-19 al resto del país. El futuro inmediato de los madrileños es cada vez más negro e incierto, no solo porque las medidas excepcionales adoptadas este fin de semana por Isabel Díaz Ayuso servirán de bien poco −tal como advierten los médicos y epidemiólogos−, sino porque el equipo de Gobierno regional ha dado sobradas muestras de incapacidad y falta de respuesta. Cuando a la presidenta le ha tocado tomar la decisión trascendental, optar entre proteger la salud de los madrileños (de todos los madrileños sin excepción) o salvar la economía, ha apostado por lo segundo, dando rienda suelta a su enfermiza obsesión ultraliberal. Es evidente que el confinamiento por áreas de salud es una medida clasista que machaca a los barrios de obreros e inmigrantes, a los que ahora se trata de estigmatizar como culpables de la incontenible propagación del coronavirus. Ayer domingo, sin ir más lejos, cientos de personas salían a la calle para protestar contra las políticas de Ayuso que discriminan entre ricos y pobres.
A esta hora Madrid contiene la respiración mientras a IDA solo se le ocurre encerrar en el gueto a las clases más humildes, reabrir Ifema (recordemos que el recinto es un centro de convenciones, no un hospital propiamente dicho) y pedir al Gobierno central la intervención del Ejército para controlar que la población cumpla con las ordenanzas autonómicas. Medidas represoras en lugar de sanitarias; coerción en vez de prevención. Cualquier experto en Sanidad sabe que un despliegue militar no resolverá el problema porque Madrid no necesita soldados sino médicos, enfermeras y rastreadores, que es lo que IDA no está dispuesta a contratar porque eso supondría tener que subir los impuestos y esa palabra produce urticaria a la primera discípula del “trumpismo” neoliberal más salvaje.
Así las cosas, de la reunión de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso de esta mañana nada cabe esperar, más que una foto de unidad que no existe y unas bonitas palabras sobre el espíritu de colaboración para hacer frente a la pandemia. Las relaciones entre Moncloa y Puerta del Sol están rotas tras meses de enfrentamiento y desplantes. De modo que vista la gravedad de la situación, comprobada la inutilidad del Gobierno autonómico y constatado por los hechos el desaguisado generado por la inexperta muchachita de Pablo Casado, al presidente socialista no le va a quedar otra que hacerse con las riendas del poder y aplicar de nuevo medidas severas, duras, excepcionales. Gobernar es tomar decisiones y no esconderse detrás de retóricas vacías, juegos dialécticos, tacticismos y propaganda barata, como hace IDA a todas horas. La lideresa madrileña no va a pedir el Estado de Alarma porque es una medida impopular, de manera que le tocará al presidente del Gobierno aplicarlo, como ya hizo en el mes de marzo, cuando decretó el confinamiento total de todo el país con buenos resultados epidemiológicos. IDA ya se ha mostrado abiertamente en contra del confinamiento general y podría rebelarse contra el Gobierno (¿sería rebelión o sedición?) convirtiéndose así en una potencial inhabilitada, como en el caso de los independentistas catalanes. En el supuesto de que la inefable presidenta se negara a acatar la orden, apelando al perjuicio económico que ocasionaría la medida, Sánchez podría poner en marcha el mecanismo del 155 de la Constitución, de infausto recuerdo pero que, hoy por hoy, podría convertirse en la única solución para restablecer el orden en Madrid. Recuérdese que ese famoso artículo de la Carta Magna establece que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Es evidente que en este caso lo que está en juego es el interés general, ya que no hay un bien jurídico protegido más importante que el derecho a la salud y a la propia vida.
De modo que si Sánchez decide que la única solución para contener la pandemia es confinar a toda la Comunidad de Madrid, estrictamente y al completo −tal como ya reclama la comunidad científica nacional e internacional como única solución a la epidemia−, a Díaz Ayuso no le quedaría otra que acatar la orden del Estado de Alarma. Es cierto que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta en el Senado para aprobar esa drástica medida pero sí podría sumar los 133 escaños necesarios (de los 265) con el apoyo de los senadores de Esquerra, Grupo Vasco y la Izquierda Confederal. Entonces Ayuso podría jugar al victimismo fácil (“el Gobierno va contra Madrid”) como ya hicieran en su día Carles Puigdemont y Quim Torra cuando Rajoy les instaba, por carta, a cumplir con la Constitución bajo amenaza del 155. No parece que la lideresa esté dispuesta a llegar tan lejos en su insumisión sanitaria y en su intento de defender la economía y las esencias del neoliberalismo castizo, ni tampoco a huir de la Justicia para exiliarse en Waterloo, tal como hizo en su día Puigdemont. Pero el escenario de una autonomía como Madrid plenamente intervenida por el Estado para garantizar la vuelta a la normalidad y la defensa de la Sanidad pública −esa que Ayuso se niega a reforzar con más médicos, rastreadores y enfermeras para no tener que subir los impuestos y para no entorpecer el imparable proceso privatizador iniciado por el PP− es más factible que nunca.
No hay punto de comparación entre la República Catalana y sus dirigentes, amenazados, exiliados y presos por intentar dar el mejor futuro a sus ciudadanos. IDA es todo el contrario. Debería y, esperemos que sea así, estar sentada en el banquillo, frente a jueces decentes, no franquistas. Los piolines con su 155 ja deberían estar actuando.