La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mintieron en sede parlamentaria al dan las explicaciones sobre los protocolos de derivación a hospitales desde las residencias de mayores.
Varios correos electrónicos publicados por EL PAÍS demuestran que “un alto cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid”.
El documento de siete páginas publicado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMYST, titulado: “PROTOCOLO DE COORDINACION PARA LA ATENCION A PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE EL PERIODO EPIDEMICO OCASIONADO POR EL COVID-19” y al que ha tenido acceso Diario16, firmado el digitalmente por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Socio-Sanitaria, el 25 de marzo a las 15,01, confirma que no fue un estudio, además los correos enviados en “al menos cuatro ocasiones a la Consejería de Políticas Sociales”, recordemos que está en manos de Alberto Reyero de Ciudadanos, pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo, así lo demuestran.
“la exclusión de “las personas con discapacidad de cualquier edad”
Este y otros cuatro documentos, todos firmados digitalmente, sirvieron de guía a hospitales y residencias para discriminar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19. Como explican los documentos, “evitando las graves consecuencias que el colapso tendría tanto para la población afectada por el Covid-19”.
Familiares de residentes y la Marea de Residencias interpuso una denuncia antes la fiscalía, que ha sido trasladada al Tribunal Supremo, ante la sala presidida por el Juez Marchena.
Según la cifras parciales conocidas de fallecimientos en residencias geriátricas, desde el 8 de marzo hasta el viernes habían muerto en residencias 5.909 enfermos con covid-19 o síntomas, según el conteo de la Consejería de Políticas Sociales. El 88% de ellas hasta el 17 de abril, durante el periodo en que los hospitales negaron las derivaciones desde las residencias.
Según El País, Mur de Víu envió estos correos electrónicos a la Consejería de Políticas Sociales, (recordamos que Ayuso le quitó las competencias de las residencias de mayores a esta consejería para trasladarla a la de Sanidad, según la ORDEN 1/2020, de 27 de marzo). El objetivo de estos mensajes, como explica en dos de ellos es: “Racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos”.
“En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPI (equipos de protección individual) en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales”, dice en un correo del 20 de marzo.
El protocolo que Mur de Víu firmó el día 20 de marzo contiene cinco criterios de exclusión para pacientes con infecciones respiratorias que vivan en cualquier residencia sociosanitaria de Madrid, incluidas las de personas con discapacidad.
El protocolo con fecha de 23 de marzo recomendaba dejar fuera a pacientes “con compromiso respiratorio” si tenían más de 80 años y “enfermedad en órgano terminal”, aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con “expectativa de vida inferior a un año”.
Quedaron excluidos los pacientes que se encontraran anteriormente en estado terminal y los dependientes de acuerdo con el índice de Barthel, una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100.
En las siguientes versiones de los protocolos de exclusión, la Consejería de Sanidad rectificó la exclusión de “las personas con discapacidad de cualquier edad”, que ya no aparece en las últimas dos versiones del protocolo y rebajan “el nivel de autonomía del paciente en el índice de Barthel, de 60 a 25”.
En ese correo del 20 y otro del 24 de marzo, Mur de Víu ruega a sus compañeros de la Consejería de Políticas Sociales que remitan los documentos a las residencias de Madrid, y advierte sobre la continua evolución de los criterios. “Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y de los recursos disponibles”.
En definitiva, no fue un estudio como nos han querido hacer creer en la Asamblea de Madrid. Tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ambos del Partido Popular, deberán dar explicaciones.
Vox pide al Defensor del Pueblo que investigue el “geratricidio”
Y por si faltaba alguien más en este Gobierno descabezado, aparece Rocío Monasterio, líder del partido de extrema derecha en Madrid, y una de las patas en la que se consolida el ejecutivo de coalición PP y CS.
Para que esté escándalo de las residencias no les salpique, la ultraderecha madrileña, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo en la que solicita que se abra una investigación sobre el «geriatricidio» cometido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid con el fin de evitar que vuelta a ocurrir ante un posible rebrote de la pandemia de coronavirus. Sin el apoyo de VOX, y ante una posible moción de censura del PSOE, la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid recae sobre las espaldas su vicepresidente Ignacio Aguado. ¿Moverá ficha?
¿Cómo una cínica aguirrista no va a mentir? La hipocresía está totalmente instalada en las filas de la derecha. Esta Sra, con perdón de las señoras, es como su nombre indica IDA.
Aplicando la» eutanasia» sin consentimiento del paciente.¿Como se llama esto?¿Se creen que los demas somos idiotas?